Desde aquella madrugada de noviembre de 2014 cuando una patota policial acribilló a tiros a Iván Mafud en la ruta A012, a la altura de la ciudad de Roldán, en un emblemático caso de gatillo fácil, la realidad no da tregua para Leila Rodríguez, su viuda y madre de cuatro hijos. A más de cuatro años del asesinato la mujer vive una situación económica y habitacional crítica: no puede pagar el alquiler, y estaba a punto de ser desalojada. Y a eso se sumó una grave intimidación con arma de fuego que sufrió el jueves pasado, en un contexto de hostigamientos por parte de –sostiene– allegados a un uniformado que estuvo en el banquillo por la muerte de su esposo, causa que tuvo como acusados a 15 efectivos del Comando, aunque sólo uno recibió condena por el homicidio.
El pasado jueves por la noche desconocidos tirotearon el auto que usa, que estaba estacionado frente a su casa, en barrio Tiro Suizo. Ella se dio cuenta el viernes, cuando notó que en el tablero, del lado del acompañante, había un agujero. Al principio no lo relacionó con una bala. “Hasta que en un momento me di cuenta que tenía un agujero en el capó y ahí me cerró todo”, contó a El Ciudadano. El proyectil atravesó el asiento y terminó alojado en el baúl.
De inmediato, Leila se comunicó con su abogado y con el fiscal de Miguel Moreno, quien llevó adelante la investigación por el crimen de Mafud. Por la noche, hizo la denuncia.
Ahora Leila y sus cuatro hijos –un nene y tres nenas– tienen custodia en la puerta de su casa de pasillo.
La amenaza se dio en el marco del hostigamiento que sufre la mujer después del juicio por la muerte de su marido, que tuvo acusados a 15 policías, uno de ellos condenado y los demás absueltos. El día en que su auto recibió el disparo, un policía la siguió varias cuadras, hasta que Leila logró perderlo. Y la mujer de ese uniformado no pierde oportunidad de esperarla a la salida del supermercado y mirarla con actitud amenazante.
Esta situación de peligro inminente se suma al contexto crítico habitacional y laboral que vive Leila. Desde que mataron a Iván, el emprendimiento laboral que tenía la pareja naufragó y la mujer tuvo que vivir el día a día con ayuda de sus suegros. Los intentos de retomar la actividad se frustraron y nunca logró una estabilidad económica.
En 2018 el padre de Mafud falleció y la situación se agravó. En un marco de crisis económica, Leila necesita un trabajo, pero al mismo tiempo necesita de quien cuide de sus hijos, que tienen 11, 5, 6 y 7 años, para poder afrontar la jornada laboral.
«Aquel momento nos cambió la vida para siempre (por el asesinato de Iván). Antes teníamos un trabajo que daba el suficiente ingreso para afrontar los gastos de nuestros hijos. Vendíamos mucho en la vía pública y teníamos una cartera de clientes, que se fue desvaneciendo con el tiempo a raíz de mi depresión por el fallecimiento de Iván», relató Leila en una carta que le mandó al gobierno de Santa Fe, al cual le reconoce la ayuda, pero que de todas maneras resulta insuficiente. A esa tragedia se sumó que a Jazmín, la nena más chica, un perro le destrozó la cara cuando tenía tres años y debió pasar largo tiempo internada para recuperarse. Y al año siguiente la casa que alquilaban se incendió por un accidente doméstico y perdieron todo.
Remarca, en todo momento, que no exige un subsidio de dinero sino que el Estado le allane el camino para conseguir un trabajo digno y estable que le permita solventar gastos de alquiler y la crianza de sus hijos. La situación es terminal, tiene que irse de su casa, de la que debe el alquiler desde noviembre y no tiene plata para remontar la deuda.
En noviembre del año pasado, en una entrevista con El Ciudadano, Leila contó cómo sobrevivía día a día. Ya le costaba demasiado, pero ahora cuatro meses después, todo está peor.
“La situación es clara: no tengo trabajo, mi familia me ayuda para mantener a los nenes, y yo, con los cuatro, no puedo trabajar. Lo que ganaría sería para pagar a alguien que los cuide. Le pedí al Estado que me ayude con el alquiler, me es imposible afrontar todos los gastos. Hace cuatro meses puse de mi plata para invertir en un carrito de comidas. Lo compré y me hacían falta 15 mil pesos para arreglos, además en ese momento se me vencía el alquiler y me tenía que mudar. El Centro Único de Atención a la Víctima me dio 30 mil pesos para que pague el ingreso a la propiedad, para el carrito, para que compré mercadería y que lo ponga en funcionamiento. Ese dinero no me alcanzó. Tuve que vender el carrito y perdí 4 mil pesos”.
«Lo que pido es armar algo laboral para que pueda sustentarme. No quiero que me arreglen con dos mil pesos porque es algo ilógico. Yo no necesito colaboración, necesito una reparación. Esto no es un juego, son criaturas. Esto queda marcado en ellos», demandó una vez más al Estado.
Iván Mafud tenía 26 años cuando la madrugada del 8 de septiembre de 2014 protagonizó una persecución policial por casi media hora. Primero lo siguió un móvil del Comando Radioeléctrico, después se sumaron cinco patrullas y recorrieron 50 kilómetros desde la zona sur de Rosario hasta el kilómetro 47 de la ruta A012, a la altura de la localidad de Roldán. El auto terminó en una zanja acribillado a tiros. Mafud recibió cinco disparos, uno directo a la cabeza. En el hecho intervinieron 15 policías y seis patrulleros. La investigación a cargo de los fiscales Adrián Spelta y Miguel Moreno llevó 17 meses. En febrero de 2016, los uniformados fueron imputados y el 20 de abril pasado empezó el juicio oral ante el tribunal integrado por los jueces Eleonora Verón (en la presidencia), Mariano Aliau y Juan Carlos Curto. El debate oral llegó a su final el 12 de junio con la lectura de la sentencia: un solo policía, Matías Maidana, fue condenado a 4 años de prisión por homicidio en exceso del cumplimiento del deber y otros tres recibieron una pena de un año y seis meses de prisión por falsificar el acta del procedimiento. Los 11 restantes fueron absueltos de acusaciones por delitos que abarcaban el homicidio de Mafud, la falsificación del acta, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.
