La Cámara en lo Penal de San Luis ordenó que imputen a cuatro policías por la muerte de Florencia Magalí Morales ocurrida el 5 de abril de 2020 en plena pandemia. Se trata de la joven que fue arrestada por circular en contramano por el pueblo de Santa Rosa de Conlara y a las pocas horas apareció muerta por “suicidio” en la comisaría, según habían justificado los agentes.
La familia de Magalí nunca creyó la versión oficial: “Nadie se suicida en una comisaría” repitieron durante estos años y ahora un fallo de los camaristas ordena al juez de primera instancia, a quien le reprochan la pésima investigación, que indague a los policías por tortura seguida de muerte y no sólo por abuso de autoridad o privación ilegítima de la libertad como lo venía haciendo.
Ellos son los policías Reynaldo Clavero, Marcos Ontiveros, Victoria Paola Torres y María Arguello. El subcomisario Clavero es quien se cruzó en la esquina de la comisaría a Magalí aquel día, tuvo una discusión y cuando se volvieron a topar en el interior de la dependencia policial dispuso su detención. A las pocas horas y luego de negar información ante los llamados de su familia, le avisan a la hermana de Magalí que se había suicidado en la celda, que se había ahorcado.
La querella a cargo del abogado Santiago Calderón Salomón, pidió que el caso sea encuadrado como femicidio. Además de las irregularidades en el estudio pericial forense, donde incluso dos músculos del cuello no se encontraron, señalaron que la víctima tenía marcas típicas de un estrangulamiento y no ahorcamiento.
“Se trata de la muerte de una mujer que merecía tutela y protección” y “su detención no contaba con la autorización del magistrado”, dijeron los camaristas Hernán Ferrera, Virna Eguinoa y Sandra Ehrlich.
Por eso dicen los jueces que la “investigación debe continuar sobre los funcionarios para saber si incidieron en la muerte de Florencia Magalí Morales”.
También desplegaron críticas sobre el juez Jorge Pinto, muy criticado por la familia. “El magistrado sólo hizo foco en figuras delictivas relacionadas a la afectación de la libertad ambulatoria prescindiendo del estudio de la muerte” y “se omitieron diligencias necesarias”.
Además, remarcaron que los estudios forenses “sólo se limitaron a observaciones físicas básicas” y es “preocupante” la pérdida de pruebas como ser esos dos músculos del cuello.
Por último, la Cámara abona las sospechas sobre el homicidio de Magalí Morales: lesiones que presentaba, el cordón no era propio de las ropas que ella llevaba puesta, extravío del bolso con ropa que ella tenía en la celda, doble surco en cuello de la joven de 39 años, y la declaración de la familia que dijo que nunca se hubiese matado.
En cuanto a pedido de querella para investigar a los policías por homicidio calificado y femicidio, es rechazado pero sí ordenan investigar por tortura seguida de muerte.
