El fiscal de Gualeguay Ignacio Telenta pidió en el juicio oral que se condene a prisión perpetua a Sebastián Wagner, y a su jefe, Néstor Pavón, por ser coautores del abuso y femicidio de Micaela García, ocurridos en esa ciudad entrerriana en abril pasado, y solicitó la absolución de Gabriel Otero, hijastro del primero, informaron fuentes judiciales.
Durante la jornada de alegatos, Telenta mantuvo la acusación original contra Wagner (30) y Pavón (35) y reclamó que se los condene a la pena máxima por «abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causae y femicidio».
Por su parte, el fiscal pidió la absolución de Otero (21) por el «beneficio de la duda», al entender que no hay pruebas concluyentes sobre él.
Posteriormente, alegó el abogado de la familia García, Jorge Impini, quien coincidió en todo con la fiscalía y pidió las mismas penas y también la absolución de Otero.
Finalmente, el abogado de Wagner, Andrés Carvajal, pidió que se lo condene por la violación de Micaela (21), pero no por su femicidio, mientras que el defensor de Pavón, Horacio Barreto, planteó la absolución porque a su entender no hay pruebas contundentes contra su asistido.
Tras los alegatos, los jueces María Angélica Pivas, Roberto Cadenas y Darío Crespo pasaron a un cuarto intermedio hasta el martes 17 de octubre a las 8, cuando se dará a conocer el veredicto.
La jornada comenzó a las 9 en los tribunales de Gualeguay, frente a los cuales aparecieron numerosos carteles con pedidos de justicia por Micaela y con frases como «fue la Justicia, el Estado, tu machismo y el patriarcado» en la plaza Constitución.
El juicio, que se realiza a puertas cerradas y sin acceso para la prensa por pedido de la familia, ingresó en la etapa final luego de escucharse los testimonios de medio centenar de testigos durante el proceso que comenzó el 21 de septiembre.
En la primera jornada del debate, Wagner reconoció la autoría de la violación, pero negó haber matado a la joven e hizo responsable al dueño de la gomería donde trabajaba, Pavón, que centró su estrategia de defensa en demostrar las inconsistencias de su ex empleado y en que la noche del crimen estuvo en su casa.
Por su parte, Otero, hijo de la pareja de Wagner, se declaró inocente del crimen y también dijo que esa noche estuvo en su casa y cuando se levantó al día siguiente lo vio llegar a Wagner y luego limpiar el auto embarrado junto a su madre.
El otro imputado en la causa era la pareja de la madre de Wagner, Fabián Ehcosor (53), quien acordó un día antes del inicio del proceso un juicio abreviado en el que se lo condenó a una pena de dos años y seis meses de prisión efectiva por «encubrimiento agravado».
La fiscalía consideró que ayudó al principal sospechoso a ocultarse en la localidad bonaerense de Moreno cuando se mantuvo prófugo luego de cometer el femicidio.
Micaela fue vista con vida por última vez la madrugada del 1 de abril último, cuando regresaba a su casa en Gualeguay luego de haber concurrido del boliche King de esa ciudad.
De acuerdo con la acusación fiscal, la víctima fue interceptada por Wagner y su hijastro, quienes iban a bordo de un Renault 18 Break, cuyo paso quedó registrado por distintas cámaras de seguridad.
Tras la desaparición de Micaela, se inició un amplia búsqueda que tuvo repercusión nacional y durante la cual su familia y amigos realizaron varias marchas para reclamar por el esclarecimiento del caso.
El 7 de abril, Wagner fue detenido en la localidad bonaerense de Moreno junto a su padrastro luego de haber sido vinculado con el crimen a través de distintas pruebas.
Un día después, el cadáver de la joven fue encontrado semienterrado entre pastizales cerca de la ruta nacional 12, en Gualeguay, a unos tres kilómetros de donde se había encontrado una sandalia, un pantalón y un manojo de llaves que le pertenecían.
Los médicos forenses determinaron luego que la víctima había sido violada y estrangulada el mismo día en que había desaparecido.
El femicidio de Micaela generó una gran conmoción ya que Wagner había sido condenado a nueve años de prisión por dos violaciones, pero se encontraba en libertad condicional por orden del juez de Ejecución Penal de Gualeguaychú, Carlos Rossi, quien le concedió el beneficio a pesar de que el Servicio Penitenciario provincial desaconsejó hacerlo.
A raíz de esta polémica resolución, el magistrado afronta ocho pedidos de enjuiciamiento, pero hasta ahora ninguno de ellos ha sido tratado por la comisión legislativa, que ha ido cambiando su integración por las sucesivas recusaciones que impone la defensa de Rossi, ejercida por el abogado Miguel Cullen.
