La auditora general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, pidió dos meses de suspensión para la fiscal de Homicidios de Santa Fe, Cristina Ferraro, por las irregularidades detectadas en el marco de la investigación del asesinato del empresario Hugo Oldani, ocurrido en la tarde del 11 de febrero de 2020 en una galería del centro de la capital provincial.
Ferraro fue la primera fiscal a cargo de la investigación del homicidio de Oldani. Tuvo a su cargo el caso entre febrero y agosto del año pasado, hasta que el fiscal regional de Santa Fe Carlos Arietti resolvió apartarla de la investigación y designó en su lugar al fiscal Gonzalo Iglesias.
La principal irregularidad por la cual se buscará sancionar a Ferraro está vinculada a la decisión de la fiscal de autorizar a familiares de Oldani a retirar una importante suma de dinero de las oficinas del empresario la misma noche del asesinato. Según fuentes judiciales, la hija y el yerno de Oldani retiraron esa noche un millón de dólares y tres millones de pesos de la oficina que había sido clausurada con precintos pocas horas antes.
El pedido de Vranicich –suspensión por dos meses de la fiscal Ferrero de su cargo– ahora tiene que ser evaluado por A partir del pedido de Vradicich, deberá conformarse un Tribunal de Disciplina integrado por el senador del PJ Armando Traferri, la diputada socialista Lionella Cattalini, un representante del Colegio de Abogados, el fiscal regional Arietti y el fiscal general Jorge Baclini.
En paralelo, en la Cámara de Diputados se está estudiando la posibilidad de que la Comisión de Asuntos Constitucionales cite a declarar al fiscal regional Arietti y a la fiscal de Delitos Complejos, Mariela Jiménez, por las irregularidades en la investigación del Caso Oldani. Jiménez elaboró el año pasado un informe en el que se describen esas irregularidades, de las cuales la más importante es la “desaparición” del dinero hallado en las oficinas de Oldani el día de su asesinato.
También el fiscal federal de Santa Fe Walter Rodríguez está investigando el accionar de Ferraro, a quien considera sospechosa del delito de encubrimiento de un supuesto negocio de intermediaciones financieras ilegales que se habría realizado en la oficina del empresario asesinado, dedicado al rubro turismo.
La participación de Ferraro en el caso terminó en agosto del año pasado cuando el fiscal regional Arietti la apartó de la causa y designó en su lugar al fiscal Gonzalo Iglesias. Por el caso hay seis personas imputadas, de las cuales cinco están detenidas.
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