El juez subrogante a cargo del Juzgado Federal N°2 de Santa Fe, Carlos Villafuerte Ruzo, dictó este martes el procesamiento de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación provincial Cristina Ferraro como presunta autora de los delitos de encubrimiento por favorecimiento real, agravado por la condición de funcionaria pública y abuso de autoridad, al considerar que existen suficientes elementos en esta etapa preliminar de la investigación para tener por acreditado que facilitó la desaparición de elementos probatorios, entre ellos 3.050.000 pesos y 1,1 millón de dólares, de la escena del crimen de Hugo Ernesto César Oldani.
En la noche del 11 de febrero de 2020, Oldani recibió un disparo en la oficina de la empresa «Turismo Oldani SRL», de la que era titular, ubicada en la Galería Rivadavia del centro de la capital provincial, hecho que fue investigado en el fuero provincial. Más tarde, la víctima falleció cuando era atendida en un centro asistencial.
Durante las primeras tareas en el lugar donde ocurrió el hecho, los peritos filmaron la presencia del dinero, que estaba detrás de una puerta, en el fondo del local, sobre una improvisada estantería de madera. Sin embargo, en el procedimiento no se dejó constancia del dinero y, de acuerdo a los testimonios de la hija del empresario muerto y del esposo de esta, esa misma noche retiraron con autorización de la fiscal Ferraro «todo el dinero y elementos de valor» en una mochila, dos portafolios y una caja azul, que pudieron verse en sus manos en los registros de algunas de las cámaras de seguridad de la galería.
La cifra en pesos y dólares desaparecida de la escena del crimen fue calculada por la Dirección Scopometría de la Policía Federal.
«Es dable resaltar que siendo Cristina Ferraro una fiscal del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, resulta poco racional el hecho de no haber dispuesto el secuestro de tal cantidad de dinero hallado en el lugar o por lo menos su contabilización, toda vez que el mismo podría resultar el móvil del homicidio que se hallaba investigando o como en el caso que nos ocupa podría encontrarse relacionado con la comisión de otro delito», indicó el juez Villafuerte Ruzo en el procesamiento.
En efecto, en el fuero federal el fiscal Walter Rodríguez impulsó a partir de ello -y de otros elementos- y pidió la elevación a juicio oral en febrero pasado de una causa que tiene imputada a Virginia Oldani -hija de la víctima- y a otras personas por el delito de intermediación financiera no autorizada. Remarcó que aquél dinero desaparecido debía ser tomado en cuenta como evidencia de actividades tendientes a procurar y hacerse de recursos financieros de terceros para luego prestarlos al público de forma clandestina y sin el control, autorización y supervisión del Banco Central.
La resolución judicial que dispuso ayer el procesamiento de Ferraro fue emitida en línea con el requerimiento del fiscal federal Rodríguez, quien en febrero pasado había solicitado la convocatoria a prestar declaración indagatoria de la funcionaria del MPA y de otras personas que habrían intervenido en la maniobra, luego de investigar y obtener elementos que comprometen a la fiscal, a funcionarios policiales y a aquellas personas del entorno del empresario fallecido.
El juez también dictó el procesamiento de un abogado -el esposo de la hija de Oldani-, de una abogada y de un hombre vinculado a la víctima de homicidio como presuntos autores de encubrimiento por favorecimiento real, agravado por el ánimo de lucro. Esas personas fueron sindicadas por el fiscal Rodríguez como las responsables de haberse llevado el dinero y otros elementos de la escena del crimen.
El procesamiento también alcanza a los jefes policiales Walter Sebastián Barco -jefe del Departamento Operativo de Investigación Región 1- y Hernán Ceferino Galán -jefe de la División Homicidios-, como presuntos autores del delito de inutilización de objetos destinados a servir como prueba ante la autoridad competente, pues el juez federal consideró -en línea con la hipótesis del fiscal Rodríguez- que existen suficientes elementos para tener por cierto que ambos desconectaron dos cámaras de seguridad del edificio para evitar que sea registrada la salida del dinero.
El juez además dispuso el embargo de las y los imputados, hasta cubrir cada uno la cifra de 500 mil pesos en el caso de la fiscal y las tres personas individualizadas como quienes se llevaron el dinero, y de 200 mil pesos en el caso de los funcionarios policiales.
La investigación y los hechos
En la investigación sobre la desaparición del dinero, el fiscal federal Walter Rodríguez obtuvo diferentes elementos de prueba, entre ellos los mensajes de texto y audio de la hija de Oldani y de otros y otras colaboradoras inmediatamente posteriores al crimen de Oldani, en los que refieren la necesidad de concurrir a la escena para resguardar elementos de la presencia de la policía. Una de las maniobras mencionadas en los mensajes consistía en realizar la ocultación dentro de una caja fuerte. Algunos de esos mensajes también tienen relación con la búsqueda del teléfono de la fiscal Ferraro mediante terceras personas, a fin de contactarla para que facilite las tareas que se había propuesto el entorno de Oldani.
En el pedido de indagatoria presentado en febrero pasado, el fiscal Rodríguez reconstruyó esas conversaciones telefónicas y la secuencia de la extracción del dinero del local, con la presencia de la fiscal Ferraro, mediante imágenes tomadas por cámaras de video.
«Antes de la finalización del procedimiento que culminó con la colocación de una faja de seguridad en la puerta del local, siendo las 00:57 del 12 de febrero, ingresaron al mismo Virginia Oldani, J.L.R, M.J.C. [acusada en la causa por intermediación financiera no autorizada], D.M. y una abogada que se desempeñaba -por aquel entonces- en ámbito del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, identificada recientemente como V.A.V.», puntualizó Rodríguez, y luego remarcó: «Las imágenes demuestran que a las 01:04, las personas referidas egresaron del local hacia el hall -en presencia de la fiscal Ferraro-, portando bolsos, una mochila y una caja azul, e inmediatamente, el personal policial colocó la faja de seguridad, mientras que a partir de las 01:10 se registró el inicio de la salida mancomunada de la Galería».
Por otro lado, el fiscal Rodríguez impulsó la imputación por el delito de abuso de autoridad -que el juez federal validó en su procesamiento- contra la fiscal Ferraro en función de cuatro conductas de la magistrada, a quien acusó de haber dispuesto actos «en defensa propia», valiéndose de su condición de representante del MPA, con el propósito de desviar cualquier averiguación relacionada con el dinero. Precisó que dos días después del procedimiento, libró un oficio a la policía para asegurar documentación y dinero que pudiera hallarse en la escena; impulsó una causa penal para investigar la difusión de imágenes en un medio de comunicación sobre el dinero encontrado en el lugar y sobre el que no había constancia; realizó una respuesta omisiva e inexacta al pedido que le hizo el fiscal Rodríguez sobre la sustracción de valores, dinero en efectivo y filmaciones al respecto; e intentó ocultar a su colega Mariela Giménez, quien llevaba a cabo una investigación por el delito de lavado de dinero, el material fílmico y las declaraciones testimoniales de Virginia Oldani y su esposo, quienes dieron cuenta de la autorización que habían recibido de la ahora procesada al final del procedimiento para retirar el dinero.
