Quince policías, una sala colmada de público, funcionarios judiciales y abogados que alcanzaron la docena dieron marco a la audiencia de apelación cuyo eje es la prisión preventiva dictada a ocho personas procesadas en la causa que tiene como víctima a Paula Perassi. En este primer día, las defensas de los imputados refutaron los argumentos que el juez Juan José Tutau utilizó para dictar la prisión preventiva de los acusados. Aunque sus requerimientos fueron más allá: plantearon la nulidad de la resolución que dicto el procesamiento y la medida cautelar que afecta a los imputados.
Hoy será el turno de la fiscalía y la querella.
Esta primera fase de la audiencia –que empezó media hora después del horario pautado– fue presidida por el camarista Adolfo Prunotto Laborde. La defensa de los 8 procesados cuestionó la decisión del juez Tutau que mantiene al grupo tras las rejas. Hablaron de un relato fantasioso que cimentó la resolución del juez sanlorencino y afirmaron que no hay sustento fáctico en la decisión que cuenta con la misma plataforma probatoria con la que se dictó un falta de mérito. Hubo una fuerte crítica al fiscal de la causa, aunque no dejaron afuera al juez Tutau. En base a ello, concluyeron con un pedido de nulidad del procesamiento y prisión preventiva de los sospechosos y subsidiariamente requirieron la libertad del grupo.
Los acusados
Gabriel María S. es un empresario sanlorencino señalado como el hombre que mantuvo una relación extramatrimonial con Paula Perassi y de quien la joven quedó embarazada.
La causa gira en torno a la hipótesis de que la víctima se negó a hacerse un aborto, el mismo se realizó compulsivamente y la llevó a la muerte. Hasta hoy el cuerpo de Paula no aparece. Roxana M. es la esposa de Gabriel S. Fue procesada porque según la investigación estuvo al tanto del aborto no consentido. Su abogado, Fernando Sirio, cuestionó la detención del matrimonio, sostuvo que en la causa hay sólo indicios, que nunca se investigó al concubino de Perassi, quien habló de una sospecha de engaño e hizo hincapié en su testimonio cuando afirmó que Paula se llevó 15 mil pesos de su casa y al día siguiente de la desaparición extrajo 500 pesos de un cajero.
El letrado refirió que hay un testimonio que sostiene que el 18 de septiembre de 2011–fecha en la que desapareció– Paula estuvo en un bar de Timbúes aunque no refiere con quién estaba y apeló a los informes telefónicos, cuya antena ubica a Paula, entre las 15 y las 18 de ese día, en la zona de su domicilio, por lo que el letrado concluyó que no pudo estar en Timbúes. Otro de los puntos que detalló fue que, según el concubino de la víctima, Paula recibió un llamado a las 20.46 y cerca de las 21.30 salió de su casa. A lo que agregó que entre las 21.53 y las 23, el empresario fue captado por antenas de su domicilio por lo que no pudo llevar a Paula hasta Timbúes y volver a cenar con su esposa y amigos.
Aborto
A su turno, Aldo Bilbao Benítez, defensor de Mirtha R., sindicada como la mujer que practicó el aborto, refirió que el único testimonio que la vincula al hecho es el de su ex yerno. Un testimonio de oídas, que además involucró al intendente de Puerto General San Martín y su hijo, aunque esta línea no fue investigada, sostuvo. Supuestamente, un hombre le contó que otro le dijo que su ex suegra le hizo un aborto a Paula y detalló que las otras dos personas no corroboraron sus dichos. El letrado sostuvo que ese testimonio dio lugar a un allanamiento donde se encontraron, por indicación del declarante, unas pastillas abortivas y concluyó que no pudieron tener acceso a esa prueba y que el único fin fue dañar a la mujer con la que mantenía problemas familiares.
Los policías
En la causa hay 5 uniformados procesados por encubrimiento. El comisario inspector Daniel P. –por entonces jefe de la Agrupación Cuerpos–, según su defensor, Víctor Corvalán, se encuentra involucrado simplemente por ser un jefe policial. El letrado sostuvo que su cliente no investigó el caso y que tenía una relación previa con el empresario. Se le atribuye no hacer una denuncia estando obligado a hacerla, circunstancia que no fue imputada y tampoco se conoce qué debía denunciar, explicó el defensor. Además, refirió que no puede ocultar algo de una persona cuando no hay indicios ciertos de que murió. Posteriormente, cuestionó que no tuvo acceso a las declaraciones de una abogada que, según expresó el letrado “le dijo al padre de la víctima que secuestre al hijo de su defendido para que le dé información”. Dijo Corvalán: “Ésta mujer indicó posibles lugares donde podría estar el cuerpo de Perassi”, refirió el abogado, quien afirmó además que el juez instructor le dio trascendencia a un testimonio muy particular. Se trata de una persona que sostuvo que conocía la causa por contacto con los espíritus y que los restos de Paula estaban en un pozo, lo que tildó de poco serio.
Otro de los policías involucrados es el sargento Gabriel María G. Según su defensor, Paul Krupnik estuvo a cargo de la investigación 10 días y en ese plazo descubrió el embarazo de la víctima y que tenía una relación con Gabriel S. a quien le pidió la detención, sostuvo.
El letrado refirió que su cliente fue acusado de realizar actos propios de su labor de policía en forma irregular. “Si se le achacó desidia investigativa al personal policial, si este es el argumento, debería estar preso el fiscal (Román) Moscota”, funcionario al que le dedicó la frase “se rascó por 4 años”, lo que derivó en una intervención de la Fiscalía y una llamada de atención del magistrado.
Por último, el abogado Jorge Bedouret cuestionó la decisión que afecta a sus pupilos Jorge K. a cargo de la pesquisa, María José G. y Aldo G., quienes intervinieron en la investigación. Tildó la hipótesis investigativa como atroz, sostuvo que el delito que se les imputa a sus clientes es encubrimiento por lo que cabría, en caso de un fallo adverso, una condena condicional. Sostuvo que la presión comunitaria, el encadenamiento de Alberto Perassi –padre de Paula– sumado al año electoral llevó a que el fiscal, sin prueba, solicite la indagatoria de los tres policías. Afirmó que sólo una línea investigativa se siguió en la causa y cuando ésta se agotó le echaron la culpa a los policías a lo que agregó que se los procesó por hechos que no le fueron imputados.
Hoy será el turno de la Fiscalía y la querella, quienes fundamentaran su postura con el fin de confirmar la prisión preventiva.
“Por algo me encadené”
Alberto Perassi llegó a la sala de audiencia custodiado y con chaleco antibalas. En la primera fila, se sentó a escuchar la audiencia donde los acusados de la desaparición y muerte de su hija discuten su detención. Lo hizo acompañado de un importante grupo de personas y escuchó estoicamente los argumentos defensivos que en algunos casos lo citaron incluso cuestionaron algunos de sus actos en busca de Justicia. Al finalizar la primera etapa de esta audiencia, se retiró con la sensación de que “hay cosas que se dicen y no son así”, detalló. Perassi sostuvo que vivió el caso durante más de tres años y medio “hasta me intentan cuestionar porque yo me encadené, tendrían que haber medido por lo menos eso, porque por algo me encadené”, refirió el padre de la víctima.
