El juez Marcelo Bailaque, titular del Juzgado Federal Nº 4, notificó anteayer su decisión de excusarse de realizar la investigación por la desaparición y muerte de Gerardo “Pichón” Escobar y dispuso remitirla al Juzgado Federal Nº 3, a cargo de Carlos Vera Barros. Esta decisión surgió luego de que los camaristas de la sala B resolvieran anular, en noviembre pasado, el sobreseimiento dictado por Bailaque para los cinco acusados por el caso Pichón y definiera la falta de mérito que permite continuar con la pesquisa, ahora delegada en el fiscal Federico Reynares Solari.
La notificación se conoció ayer en un escrito presentado por la querella que representa a Luciana, la hermana de Pichón. “La resolución que sobreseyó a los cinco imputados es verdaderamente escandalosa, arbitraria y roza el mal desempeño del juez. Hubo afirmaciones puramente dogmáticas sin remitirse a los elementos de prueba y omite otros que son relevantes y de cargo. Esa es la cuestión por la que Bailaque no podría continuar interviniendo en la causa”, indicó el comunicado para agregar que en la última audiencia, que se llevó a cabo ante la Cámara Federal de Apelaciones, tanto el fiscal Reynares Solari como la querella habían solicitado su apartamiento, pero no encontraron respuesta favorable.
En cuanto a la investigación, el abogado querellante Salvador Vera indicó que, esta semana, la causa se reactivó luego de que estuviera todo este año detenida. “El fiscal Reynares Solari solicitó algunas medidas y otras pruebas fueron incorporadas en la investigación”, indicó.
Las medidas solicitadas tanto por la Fiscalía como por los abogados de la familia fueron el pedido de declaraciones testimoniales a personas que ya las brindaron y a otras que nunca habían sido citadas. También se pidieron pericias sobre los celulares de los sospechosos, pericias técnicas para aportar como prueba en la causa sobre la página de internet que rastrea las señales de los teléfonos celulares y ubica geográficamente la antena –mientras Pichón estuvo desaparecido sus amigos rastrearon el aparato en la zona de la casa del principal sospechoso–. En esta cuestión Vera aclaró que la medida es porque en un primer momento los fiscales provinciales sostuvieron que el celular de Gerardo no contaba con el sistema para que se pudiera hacer el seguimiento satelital.
Otra incorporación que tuvo la causa fue la del informe emitido por el departamento de seguridad del FBI. “Estamos esperando una cuestión técnica para leer todo el informe, porque se necesita herramienta tecnológica del laboratorio forense específica”, aclaró el letrado.
Por su parte, el abogado adelantó que finalmente se pidieron las pericias craneales y genitales. “Lamentamos que los sospechosos hayan quedado en libertad y también que la investigación comenzó a avanzar hace dos días. Se perdió tiempo valioso porque los materiales biológicos sufren un deterioro con el tiempo. Este análisis lo habíamos pedido a principios de año”, explicó.
El caso
El boliche after La Tienda fue el último lugar donde fue visto con vida Pichón. Desde un primer momento los patovicas y los policías que trabajaban en el local nocturno estuvieron en la mira para la familia, no así para los investigadores. Pichón tenía 23 años y trabajaba en la Dirección de Parques y Paseos de la Municipalidad. El jueves 13 de agosto del año pasado salió con amigos, estuvo en el cantobar Bogart, de Santa Fe y Presidente Roca, y de ahí partió con otro joven hacia La Tienda, en Tucumán 1119. Su compañero lo perdió de vista y, cuando salió, el patovica Cristian Vivas le dijo que Gerardo ya se había ido. Una semana después, su cuerpo apareció en las aguas del río Paraná. En ese lapso, el mencionado empleado de seguridad fue demorado porque de su casa salió la última señal de GPS del celular de Pichón. Pasaron más de diez días y este empleado de seguridad, de 36 años, fue imputado como autor del crimen de Gerardo. Sus compañeros de trabajo en el after José Luis Carlino, de 34 años e integrante de la barra de Newell’s, y César Ampuero, de 30, además de los empleados policiales Maximiliano Amiseli y Luis Alberto Noya, ambos de 32, fueron acusados de encubrimiento.
El vaivén
Desde el hallazgo del cuerpo, los abogados Vera y Guillermo Campana pidieron que la causa pasara a la Justicia federal, debido a que se trataba de un caso de desaparición forzada de persona, que involucraba a fuerzas policiales. En el mismo sentido se había pronunciado el defensor provincial Gabriel Ganón, pero esto fue rechazado por el juez Luis María Caterina, en sintonía con la postura de los fiscales Marisol Fabbro y Rafael Coria. En las audiencias posteriores las pruebas apuntaron fuertemente a la participación de las fuerzas policiales de la seccional 3ª en el caso, por lo que la Fiscalía se sumó al pedido de la querella y solicitó que pasara al fuero federal.
Para diciembre del año pasado, el juez Caterina declaró la incompetencia de los Tribunales provinciales. A pesar de la negativa de la defensa, que cuestionó incluso la existencia de una muerte violenta, el magistrado hizo lugar al reclamo al entender que existe la posibilidad de una participación de personal policial en el hecho. El juez refirió que “esa noche, en ese lugar, el Estado era la comisaría 3ª y la Policía de Santa Fe”, y destacó la probabilidad de que los involucrados hayan contado con apoyo policial, lo que interpretó suficiente para dictar la incompetencia.
En marzo, la camarista provincial Georgina Depetris confirmó lo dispuesto por Caterina. En primera instancia la Justicia federal rechazó la desaparición forzada –pese a la postura de la Fiscalía federal–, lo que fue revocado por la Cámara de ese fuero.
En julio, los cinco acusados fueron indagados por Bailaque y el 17 de agosto pasado resolvió su sobreseimiento. La decisión fue apelada por la querella y el 18 de noviembre pasado los magistrados de la sala B de la Cámara Federal dejaron sin efecto el sobreseimiento de los cinco imputados, y dictó la falta de mérito. Esta decisión permitió comenzar con las medidas para profundizar la investigación. A su vez, en la apelación también se solicitó la recusación del magistrado; a este requerimiento los camaristas no hicieron lugar. Fue tras este fallo del tribunal de alzada que Bailaque delegó la pesquisa en Reynares Solari.
