En el Concejo Municipal de Rosario, un nuevo proyecto de ordenanza busca evitar que el crimen organizado pueda lavar dinero a través del servicio público de taxis. Para eso, el edil Roy López Molina propone impedir el trámite de nuevas chapas y la suspensión o caducidad de las vigentes para quienes tengan antecedentes o causas justamente por delitos como lavado de activos, tráfico de drogas o la pertenencia a una asociación ilícita.
El vicepresidente primero del cuerpo y titular del bloque Cambiemos planteó por eso verificar los antecedentes sobre los titulares y mandatarios de licencias de taxis y remises. Este año, desde el Palacio Vasallo requirió informes por seis chapas adjudicadas después por la Justicia provincial a Andrés «Pillín» Bracamonte.
La nueva iniciativa surgió luego de la propia imputación que formuló el fiscal provincial Miguel Moreno por lavado a Bracamonte, reconocido como jefe de la barra de Central, en la que incluyó licencias administradas por su entorno –actividad que referenció públicamente su abogado defensor–, y al recordar que ya en 2013 otra causa penal detectó que allegados a quienes después fueron condenados como cabecillas de Los Monos administraban servicios a través de terceros.
«Hoy en día la reglamentación vigente exige sólo la presentación de un certificado de conducta por quien pretende acceder a una licencia, pero nada dispone en el caso de que existan antecedentes penales, quedando en una discreción de la autoridad de aplicación otorgar o no la licencia solicitada», explicó el edil.
«No podemos dar un paso atrás frente al avance de la economía delictiva que sostiene a las bandas criminales que actúan en nuestra ciudad. Debemos brindar transparencia y herramientas suficientes para el control, pero también garantizar al usuario que utiliza el servicio la tranquilidad de tener una fiscalización real sobre quienes son los titulares de las licencias y su idoneidad», argumentó López Molina.
Nuevas reglas
El proyecto establece que «se encuentran impedidos de tramitar licencias de taxis o de remises por sí o por medio de apoderados aquellas personas humanas que hayan sido condenadas por delitos dolosos, por un lapso igual al de la condena».
Pretende, además, la caducidad definitiva de la licencia para casos de delitos dolosos en general, frente a la existencia de una imputación por alguno de los delitos que se definen por los operadores judiciales como «complejos», como ser lavado de activos, tráfico o comercialización ilícita de estupefacientes, contrabando de armas y asociación ilícita.
En el caso de una imputación, «se determina la suspensión y caución de la licencia hasta que se encuentre finalizado el proceso judicial con sentencia firme o con suscripción de procedimiento abreviado, donde a partir de allí se procederá a declarar la caducidad de la misma», explicó López Molina.
La evolución de las organizaciones criminales
El concejal de Cambiemos recordó también que en 2014 se incorporó el Sistema de Control Económico Financiero de Inversiones en el ámbito de la Municipalidad de Rosario tras la instalación del boliche Esperanto.
«Con el paso del tiempo las bandas han perfeccionado métodos y estrategias a los fines de tomar el dinero generado a partir de actividades ilícitas, pasarlo por el filtro de actividades lícitas, y así lograr una circulación de manera tal de conformar pantallas que permitan presumir ingresos lícitos a los fines de los controles que deben ejercer organismos encargados de investigar lavado de activos y operaciones sospechosas», expresó López Molina.
Ahora, indicó que «a raíz de la situación actual, resulta necesario avanzar con firmeza en el control de los Servicios Públicos de taxis y remises, donde presuntamente existen numerosas situaciones que involucran a sus titulares y/o mandatarios con miembros de determinadas organizaciones delictivas que operan en nuestra ciudad».
El proyecto contempla convenios del Departamento Ejecutivo Municipal con la Justicia provincial y federal «a los fines de intercambiar información y actualizar de manera permanente la base de datos de los titulares de las licencias otorgadas» y establece un plazo de ciento veinte 120 días para solicitar documentación complementaria a todos los titulares actuales.
Cumplidos esos términos, «se procederá a resolver la caducidad definitiva de aquellas licencias cuyos titulares se encuentren comprendidos dentro de las restricciones previamente establecidas».
