Juan Pablo Menucci era parte del engranaje de la Uocra Rosario conducido por Carlos Vergara. Pero algunas desavenencias con la conducción del grupo terminó con su desplazamiento. Denunció aprietes por parte del secretario general del gremio local e incluso se refirió a un hostigamiento que dijo haber vivido con el célebre Andrés “Pillín” Bracamonte cuando estuvo en un almuerzo de trabajo, donde se encontraba el mandamás de la barra brava de Rosario Central, quien lo amedrentó para que se alineara, aseguró. Ahora fue imputado por pertenecer a la asociación ilícita que antes había denunciado. Quedó en prisión preventiva, tras un acuerdo de partes, hasta el 21 de diciembre.
Menucci, de 38 años, estaba a cargo de la filial San Lorenzo donde ocurrió la extorsión que se le achaca en esta imputación; luego fue desplazado a Villa Constitución y posteriormente “expulsado de la asociación ilícita”, bajo la misma mecánica de apriete utilizada por la organización, explicó la fiscalía.
Para el fiscal Mariano Ríos Artacho este hombre era parte de la banda delictiva dedicada a planificar y cometer delitos en forma organizada, valiéndose principalmente de la estructura sindical, dentro de la cual se consolidó un poder de hecho que es compartido con la barrabrava de un club de fútbol, dijo el funcionario, en relación a Andrés “Pillín” Bracamonte.
Este grupo delictivo comenzó a operar en febrero de este año con permanencia y estabilidad en el tiempo, cometiendo hechos como extorsiones, amenazas, lesiones, entre otros delitos, siempre según la acusación, con el objetivo de obtener ganancias y beneficios ilícitos.
Para la Fiscalía, el grupo tenía distintas modalidades extorsivas. Una de ellas estaba anclada a la entrega por parte del gremio del “libre deuda sindical” a las empresas para que puedan entrar a los predios y llevar adelante las obras por las que fueron contratadas.
La declaración de un testigo de identidad reservada explicó: “Esta última es una nota que extiende la secretaría del sindicato que dice que cumpliste con los requisitos exigidos, vence todos los meses y tenés que ir al sindicato a cargar la documentación; si no está cargada, no entrás a las obras. Para que te den este documento, tenés que pagar en efectivo a las personas del gremio. La suma varía según el tipo de obra; como mínimo son 300 mil pesos”, refirió.
“Cuando iniciás una obra tenés que poner un obrador con baño para que los operarios coman; apenas entrás a la planta el delegado te dice a qué empresas contratar, no hay libertad en eso. Los costos son mucho más altos y si no contratas los baños y las viandas en las empresas que te dicen no podés trabajar”, añadió.
El fiscal dijo que, además de exigirle a las empresas una colaboración, le reclamaban la contratación de determinados servicios de viandas y baños químicos para otorgar el certificado; una de las empresas que ofrecían era una sociedad de Andrés Bracamonte, explicó el fiscal, y de inmediato añadió que este documento que extendían nada tiene que ver con el libre deuda sindical que expide la Uocra a nivel nacional, que es el único legalmente exigible.
Otra de las metodologías usada por la banda fue el “rentamiento”, que consiste en exigirle, mediante amenazas, a una empresa vinculada con el rubro de la construcción la contratación de determinadas personas relacionadas directa o indirectamente con los investigados y que dichas personas cobren un salario sin trabajar efectivamente, dijo el funcionario, que de inmediato definió: “Es la versión extorsiva del delegado sindical”.
La tercera manera tiene que ver con la incorporación de inmuebles a partir de simulación de adhesiones a fideicomisos o de compraventas, con empresas constructoras, acusó. La simulación consiste en que el precio que consta en los contratos nunca se abonó, añadió.
En el caso de Juan Pablo Menucci, para la Fiscalía junto a otro de los integrantes del grupo era el encargado de acordar la contratación de servicios de viandas y baños químicos en San Lorenzo. Ambos eran quienes atendían a los contratistas en la sede del sindicato, imputó.
Tras la acusación formal, la jueza Silvana Lamas resolvió tener por formalizada la audiencia y dispuso, tras un acuerdo entre el fiscal y el defensor Germán Mahieu, un encierro preventivo hasta el 21 de diciembre.
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