En el juicio oral donde se ventila el asesinato de Roberto Pimpi Caminos, las defensas de los tres imputados brindaron en la tarde de ayer sus alegatos y solicitaron la absolución de sus defendidos. Con una fuerte ofensiva hacia la prueba reunida en el juicio oral, los abogados apuntaron su estrategia a echar por tierra la teoría de la fiscalía y sostuvieron que no se probó el móvil, ni la autoría del crimen de Caminos. A su vez, sostuvieron que la fiscalía tergiversó e inventó pruebas y apuntaron hacia el juez que llevó adelante la instrucción, a cargo de Javier Beltramone. Puntualmente, el abogado de Emanuel Suárez pidió la nulidad del allanamiento a la casa de su cliente, donde se secuestró un teléfono, del acta de secuestro del aparato y también de todas las medidas posteriores que se realizaron a partir de ese celular, lo que fue rechazado por la fiscalía y la querella. Asimismo, el abogado pidió la nulidad de los informes de entrecruzamientos de llamadas. Ahora será el turno del tribunal que deberá dirimir todas estas cuestiones y dictar sentencia, lo que tendrá lugar mañana a partir de las 15.
El primero en alegar fue el abogado de René Ungaro, quien planteó la existencia de otros móviles que no fueron tenidos en cuenta por el juez de instrucción Beltramone y la fiscalía, a cargo de Nora Marull.
El abogado Mario Ducler refirió que un llamado anónimo desvió la investigación hacia su cliente y que Ungaro quedó involucrado por un episodio que tuvo su hermano Lelio con la víctima. “En realidad es el mundo del revés porque el que tenía que vengarse era Caminos”, refirió Ducler.
El defensor de Ungaro afirmó que la fiscal Marull juzgó la imputación en los cruces telefónicos que no fueron probados y enumeró una serie de contraindicios a este elemento. Sostuvo que las únicas testigos directas del hecho afirmaron que el que disparó fue un negrito o morochito y acá “no estamos en presencia de ningún negrito. Él (por Ungaro) sería blanco leche, diría mi madre”, expresó el abogado. Y agregó: “Es notable el uso y abuso de los indicios que hizo la fiscalía”.
Según refirió el letrado, otro de los disparates es “la ciencia de la adivinación que practica la fiscal, ella (por Marull) no tiene el contenido de las comunicaciones pero las ilustra, tendría que ver a la fiscal con un bonete y una bola de cristal”.
También habló del testimonio de Jorgelina J., a quien Ducler la catalogó como testigo sospechosa. “Hay un odio porque el padre formó pareja con Gladys (la madre del imputado)” y contrapuso sus dichos con el de su ex pareja y el amigo de éste, quienes afirmaron que no escucharon amenaza alguna por parte de Ungaro. “Basar la imputación en una cuestión de conventillo carece de asidero”, refirió.
El letrado explicó que no se tomaron en cuenta los dichos de la víctima a su familia (relacionada a un temor que tenía porque lo seguiría gente de drogas) y se dirigió la investigación a los tres acusados. “Hay infinidad de declaraciones que dicen que el autor estaba dentro del bar, que luego de una discusión que tuvo con algún personaje se fue del bar y el Toro lo fue a buscar”, agregó el abogado.
Sin razones
A su turno, Fausto Yrure, defensor de Betito Godoy, mediante un extenso alegato, refutó la imputación a su cliente y sostuvo que la fiscalía inventó y tergiversó los dichos de los testigos.
“Inventó diálogos, relatos, situaciones, dándolos por cierto. La fiscal actuó como testigo de la causa” refirió. El letrado explicó que su cliente no tenía ninguna razón para matar a Caminos y aclaró que Godoy no estuvo antes, durante ni después del hecho en el bar Ezeiza, que no tuvo ninguna participación en el crimen y que no festejó ni se jactó del homicidio.
“Se probó que Caminos fue al bar porque quiso y no hay nadie que haya dicho que vio un Fiat Uno blanco o a Godoy en el bar. Ni el móvil, ni el plan, ni el autor se encuentran probados”, sostuvo el abogado.
Yrure refirió que si el móvil fue una disputa por el poder de la hinchada del club del Parque Independencia no se probó cuál era el poder que tenía Godoy en la hinchada ni que Caminos tuviera intención de volver. “No tiene seriedad que el móvil del crimen esté graficado en Internet (en relación a una página web)”, sostuvo.
Después explicó que su cliente estuvo en el bailable Bonita, y que luego se fue hasta la comisaría 6ª junto a Ungaro, para interiorizarse de la detención de dos de sus amigos y que se retiraron cerca de las seis. Asimismo, cuestionó el entrecruce de llamadas y sus respectivos informes. Negó que su cliente haya tenido un aparato Nextel terminado en 112 y sostuvo que la antena que lo toma está a tres cuadras de la comisaría.
El abogado concluyó su exposición diciendo que la información fue manipulada y brindada al tribunal al menos de manera confusa. Además, durante varios tramos de la exposición cuestionó algunas de las decisiones del juez de instrucción Beltramone. Sostuvo que la investigación se hizo aplicadamente sólo en relación a una parte y pidió la absolución de Godoy.
Golpes bajos y reproches
En última instancia alegó Marcelo Piercecchi, abogado de Emanuel Suárez, quien explicó que las pruebas producidas demuestran que los responsables no estaban en la sala. “Aún me dura el estupor del pedido de prisión preventiva sin ninguna prueba que sustente la acusación”, apuntó.
El abogado sostuvo que durante el alegato fiscal se plantearon conjeturas, inexactitudes, se hicieron todo tipo de valoraciones que más que un alegato parecía una novela de ficción.
“También escuché golpes bajos y reproches a los defensores, no había que recurrir a esos recursos para sostener la acusación. Me sentí tocado porque los defensores que estamos en esta mesa no nos merecíamos esto”, sostuvo Piercecchi.
El letrado enumeró las inexactitudes a las que hacía referencia, planteó la coartada de su cliente, que adujo estar en una casa con amigos jugando a la play (station) hasta las 6 y agregó que Suárez no participó en el hecho, que no se probó el móvil, ni el autor del crimen.
A su vez, atacó los informes del cruce de llamados telefónicos, al sostener que son meros informes que carecen de valor y que debieron ser peritados o cautelados correctamente. Sostuvo que “afuera existen comentarios que dicen que a Caminos lo matóla Policía”, y criticó la calificación legal y el llamado anónimo que vinculó a su cliente. “El anónimo es un viejo argumento policial cuando no se tiene prueba”.
Asimismo, pidió la nulidad de la orden de allanamiento a la casa de Suárez por carecer de fundamento suficiente ya que se basó en una llamada anónima, también del acta de secuestro y de los actos que se efectuaron a partir del secuestro del teléfono.
Piercecchi concluyó explicando que en las dos últimas declaraciones de su cliente (donde denunció apremios) “dio explicaciones creíbles” y que Suárez estaba hostigado porla Tropade Operaciones Especiales (TOE). “Sabemos que muchas veces sucede eso” y que lo declaró cuando la causa estuvo en sentencia “porque recién ahí se sintió con garantías judiciales suficientes”. Tras esto, el abogado pidió la absolución de Suárez.
El juicio pasó a un cuarto intermedio hasta mañana a las 15, cuando el Tribunal compuesto por el juez Gustavo Salvador (presidente) y sus pares José Luis Mascalli y Julio Kesuani, dictarán sentencia.
Roberto Pimpi Camino fue asesinado cerca de las 5 del viernes 19 de marzo de 2010, cuando salió a la puerta del bar Ezeiza, donde había estado desde la noche y recibió cinco balazos y murió mientras era llevado al hospital Carrasco.
Durante la investigación, varias personas se vieron relacionadas con la causa. Entre ellos los dueños del bar donde ocurrió el crimen, y hasta un ex policía que lo acompañaba esa noche. Por el hecho fueron detenidas varias personas, aunque finalmente sólo se encontraron elementos para procesar a tres de ellas por el crimen.
En junio de 2010 recibieron falta de mérito Lelio U., alias Chapita; Jonathan C., apodado Cachorra y Ricardo U. En tanto, Raúl B.; Orlando G., alias Toro; Alejandro U., conocido como Angelito Negro; Carolina O.; Víctor A., alias Gordo Plin; Diego T., apodado Lalo; Florencia R. y Natalia A., semanas después obtuvieron falta de mérito por el delito de encubrimiento agravado.
Quienes están siendo juzgados por “homicidio calificado por el concurso real de dos o más personas, premeditación y uso de arma de fuego” son René Ungaro, de 25 años; Carlos Godoy, alias Betito, de 26; y Emanuel Suárez, de 24.
