A fines de noviembre las sedes del Ministerio de Seguridad provincial ubicadas en Rosario y la capital fueron objeto de un procedimiento por personal del Organismo de Investigaciones (OI) en el marco de dos causas donde se investiga al ex ministro de Seguridad y ex director esa misma policía judicial, Marcelo Sain, y parte de su equipo por espionaje ilegal e irregularidades en una licitación. Este lunes se llevó adelante la apertura del material secuestrado y hay dos posturas claramente mercadas en esta causa judicial embebida políticamente. La Fiscalía contó a través de un comunicado que “se corroboró la existencia de gran cantidad de evidencia de utilidad para las dos investigaciones”. Mientras que uno de los defensores de los investigados, el ex ministro de Justicia del frenteprogresismo Juan Lewis, aseguró que estuvo presente en la apertura de la documentación y no observó evidencia comprometedora.
La saga Sain viene dejando tela para cortar desde que asumió el cargo de Ministro de Seguridad de la era Omar Perotti, para lo cual pidió licencia como titular del OI. Los quince meses que estuvo al frente del ministerio fueron pirotécnicos: terminó fuera del gobierno luego de que la Legislatura iniciara un proceso de remoción y, asimismo, fue destituido de la dirección de OI, también por diputados y senadores. A ello le siguió la renuncia de los funcionarios encolumnados a Sain que habían quedado en el ministerio (según quien lo cuente las dimisiones de presentaron antes o después del sonado operativo) y procedimientos a las sedes del Ministerio en la ciudad y en Santa Fe, donde secuestraron dispositivos tecnológicos y documentación.
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Los fiscales Matías Hernández y Mariela Jiménez, de la Unidad de Delitos Complejos de Santa Fe circunscripción a cargo del fiscal regional Carlos Arietti (públicamente enemistado con Sain), llevan adelante dos investigaciones: una por irregularidades en una licitación vinculada con la compra de armamento y otra por espionaje ilegal. Según trascendió, pretenden imputar a siete ex funcionarios por asociación ilícita, abuso de poder y malversación de fondos, además del referido espionaje ilegal.
El jefe de los fiscales provinciales Jorge Baclini explicó que los Hernández Jiménez recibieron la información sobre la destrucción de documentos y se constituyeron en el Ministerio de Seguridad a los fines de cautelar la evidencia que podría ser importante para las investigaciones. “Nuestra idea es que no existan privilegios, que cualquier tipo de investigación maneje nuestro aval y los fiscales cumplieron con lo que la ley y la Constitución establece. En eso nosotros le damos todo nuestro respaldo”, subrayó.
Los funcionarios solicitaron la revisión de las computadoras del secretario de Seguridad pública, Germán Montenegro, del secretario de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Maximiliano Novas, y del subsecretario de Investigación Criminal, Pablo Álvarez, que están en las oficinas del primer piso del edificio por calle Santa Fe al 1900, contó en ese momento un vocero del caso. Estos funcionarios son parte del grupo que presentó su renuncia al cargo.
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Pero hubo un nuevo operativo; esa vez el procedimiento fue en la oficina de Maximiliano Novas, contó una fuente que aseguró que era una continuación del procedimiento anterior. Otra de las funcionarias investigadas por Fiscalía es la abogada Nadia Schujman quien la semana pasada recibió un fuerte respaldo en la plaza 25 de Mayo donde los manifestantes de distintas organizaciones expresaron que se trata de una persecución judicial.
Tras la medida el fiscal Hernández dijo: “Vamos a evaluar toda la documental secuestrada y solicitar el acceso a los dispositivos y a partir de ahí evaluar los pasos a seguir. No fue allanamiento porque es una oficina pública”.
Luego de la pesquisa en las sedes ministeriales, el gobernador Omar Perotti instruyó al fiscal de Estado, Rubén Weder, el inicio de un sumario mientras que Sain presentó un habeas corpus y entre las medidas solicitadas pidió el apartamiento de los fiscales que lo investigan y que el caso pase a la Justicia Federal.
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Apertura
Este lunes se llevó adelante la apertura de la documentación secuestrada y su digitalización . A través de un comunicado la Fiscalía informó que la tarea se extendió desde las 9.30 hata las 18.30 en la sede de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos en Santa Fe, en presencia de los abogados defensores de las personas investigadas.
“Se corroboró la existencia de gran cantidad de evidencia de utilidad para las dos investigaciones, entre la que se incluyen documentos e información referidas a personas físicas obtenida de distintas fuentes o bases de datos; siete bolsas de consorcio con documentos destruidos; otros acondicionados para ser destruidos y datos referidos a procesos licitatorios del ministerio de Seguridad de la provincia”, asegura el parte.
Juan Lewis, defensor de Schujman y de otros funcionarios investigados en el caso dijo en declaraciones a LT8 que tras la larga jornada donde se abrieron sobres con documental secuestrada “no encontramos absolutamente nada, pero nada que pudiera comprometer, desde ningún punto de vista, desde ninguna hipótesis delictiva”.
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El letrado dijo que puede haber información que no le hayan brindado, pero después de los allanamientos Schujman y otras cuatro personas que representa se presentaron en Fiscalía y se pusieron a disposición de la Fiscalía. Incluso uno de ellos que no estuvo en el allanamiento puso a disposición sus celulares y pidieron saber cuales eran los elementos en su contra. Los fiscales no mostraron absolutamente nada, refirió.
Lewis conceptualizó como «extraño» que los convocaran a la instancia de apertura de sobres del material secuestrado porque pidieron el apartamiento de los fiscales y explicaron por qué no había objetividad en ellos, en referencia a Hernández, Jiménez y su jefe regional Arrieti. Y contó que hasta el momento el planteo no fue resuelto por el fiscal general Baclini.
A lo que sumó que en una pesquisa se investiga una hipótesis, un hecho concreto. “Acá lo que le dijeron es: estamos investigando una infracción a determinados artículos de la ley de inteligencia pero nada más…”. Explicó que no les informaron en qué consiste la acción, que #están imputando#, por lo cual es un poco difícil participar en estas medidas porque no se sabe que están buscando. «Más allá de ello, todo lo que encontramos es perfectamente regular», aseguró.
El letrado habló de una excursión de pesca. Dijo que en el derecho procesal se da cuando un fiscal sale a investigar a una persona y no sabe bien por qué y para qué. «Le intervienen los teléfonos, le hacen allanamientos, lo investigan de todas las maneras posibles pero sin una hipótesis concreta, total algo van a encontrar”, explicó, para añadir de inmediato: «Es absurdo, es un hostigamiento ilegal, las investigaciones de pesca estan prohibidas; quien debe controlar es un juez y estos fiscales están eludiendo la intervención de un juez que controlen lo que están haciendo».
Lewis dijo que lo hacen por la misma razón por la cual el 26 de noviembre, cuando se hicieron los allanamientos, no pidieron autorización judicial, ni se sometieron a los controles, como por ejemplo la citación de dos testigos de actuación objetivos.
