Recién el martes 29 de este mes, cuando la lleven a audiencia imputativa junto con otros ex funcionarios del Ministerio de Seguridad, la abogada Nadia Schujman sabrá específicamente de qué delito se la acusa. Desde noviembre del año pasado, cuando allanaron las oficinas del ministerio y le arrebataron literalmente el celular de las manos, los nombres del ex ministro Marcelo Sain y sus colaboradores recorrieron la gran mayoría de medios de la provincia, especialmente la prensa concentrada, y circularon bajo sospecha de espionaje ilegal.
El nombre de Schujman tampoco fue la excepción. “Es tan burdo todo que no se puede creer. Al ver otros casos de lawfare, es la mecánica que se utiliza con total impunidad, cuando se tienen todos los resortes de poder a disposición. Cuando tenés una pata en los poderes judicial, mediático y político suceden estas cosas. A muchos militantes de América latina les ha ocurrido”, lamentó la abogada de Hijos Rosario, ex directora de la Agencia de Control Policial durante la gestión de Sain, y también en parte de la gestión Lagna, en el Ministerio de Seguridad provincial.
Schujman ratificó que “de ninguna manera hubo espionaje ilegal, aunque igualmente lo hayan sostenido durante un año y pico en la prensa. Las cuestiones políticas son evidentes. Quienes son los querellantes de la causa hablan por sí mismos: ahora se están presentando un policía tras otro. Es muy grave lo que han hecho”.
Causa Sain: enérgica oposición al envío de celulares para desbloquear en Brasil
Además de denunciar una persecución política y judicial en su contra, Schujman consideró que “irregularidad es una palabra que quedaría muy chica en esta causa; es un eufemismo. Para la cantidad de violación de garantías constitucionales que hubieron, para la violación de la ley y para un montón de otras cuestiones tan alevosas que ocultaron y que no les dieron difusión en la prensa”.
Y enumeró: “Un allanamiento sin orden del juez ni testigos, escandalosas pericias, violaciones en las cadenas de custodia, desaparición del disco rígido de mi computadora y hasta que mi teléfono haya sido llevado a una empresa privada de Brasil, pagando miles de dólares que todavía no sabemos de dónde salieron, porque el MPA supuestamente se quedó sin presupuesto en octubre”.
Los celulares peritados en la empresa Cellebrite Solucoes Tecnologicas de la ciudad de San Pablo fueron aquellos secuestrados a ex funcionarios durante el allanamiento del 26 de noviembre del año pasado en oficinas del Ministerio de Seguridad de Santa Fe. “Esa tecnología no estaba en la Argentina. Pero ahora sí está. La Gendarmería y la PSA la tienen. Agregaron pasos en la cadena de custodia de los elementos secuestrados. Hicimos una denuncia penal que no prosperó, porque para mí no hay derechos”, cuestionó Schujman.
Espionaje ilegal: una causa con «intereses políticos comunes y particulares»
Entiende Schujman que detrás de la causa, que lleva adelante el fiscal de la Fiscalía Regional Santa Fe Ezequiel Hernández (Mariela Jiménez se jubiló) aparecen quienes se presentaron como querellantes. “Están (el diputado provincial y ex ministro de Seguridad Maximiliano) Pullaro y el dueño del principal multimedios de la provincia, abogados del levantamiento policial y policías. El senador (Armando) Traferri aún no se presentó, pero seguramente lo va a hacer. Es un armado muy obsceno. Lo denuncia un radical, director del Organismo (de Investigaciones del MPA, en el que con anterioridad el titular fue Sain). Llevan a declarar a policías del Organismo, todos contratados por Pullaro. La mayoría de militancia (en la Unión Cívica) radical pública. Después ellos mismos hacen el allanamiento y ellos mismos hacen la pifia», lamentó la abogada, militante de Derechos Humanos.
“Han blanqueado investigaciones que son parte de las facciones más peligrosas de la Policía de la provincia. Estoy temiendo por mi vida porque ahora saben que los estábamos investigando», dijo sobre su función en la dirección de la Agencia de Control Policial, la ex Asuntos Internos. “Podría hablar horas sobre las irregularidades de la causa. La violación al artículo 16 de la Constitución Nacional. Te la debo en la igualdad ante la ley. Yo sé cómo trabajan estos fiscales en otras causas», señaló en relación con Hernández y la ya jubilada Jiménez. «Sé a quiénes protegen y lo que están haciendo con nosotros”, fustigó.
“Los medios hegemónicos instalan culpabilidades, sospechas, calumnias. Y las muestras de acompañamiento son constantes, de tantas compañeras y compañeros, cosechando lo que sembré durante tantos años. Pero también me parece que hay algunos sectores que no deberían mirar para otro lado. Y que por miedo al disciplinamiento y aleccionamiento deciden quedarse callados», manifestó la abogada de Hijos Rosario.
Operativos en el Ministerio de Seguridad aceleraron la partida del equipo de Sain
Junto con Sain y Schujman fueron citados a imputativa el ex secretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro; el ex subsecretario de Investigación Criminal, Pablo Álvarez; el ex subsecretario de Control, Diego Rodríguez, la ex jefa de Inteligencia Criminal de la Zona Sur del Organismo de Investigaciones, Débora Cotichini. Lo mismo que Milagros Bernard y Agustina Moulins. “Esta causa no se trata de mí. Ni siquiera de Marcelo Sain o de la provincia. Es gravísimo y hay límites que traspasan a varias personas. Con cualquiera que pueda tener una voz disonante o querer investigar algo”.
Schujman citó una frase pronunciada por Daniel Erbetta, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe: «Quedarse callados no es una opción». «La gravedad institucional de lo que sucede en la provincia no permite que nos quedemos callados. Hay cuestiones que trascienden lo estrictamente partidario. Fueron mucho más allá y son límites infranqueables que están cruzando», aseguró.
“Si hay algo que me enseñaron en los movimientos de Derechos Humanos, es que las luchas son largas. Y que, tarde o temprano, el tiempo pone las cosas en su lugar y la verdad sale a la luz. Pero, en el mientras tanto, el daño que están haciendo, a mí y a los otros ex funcionarios que serán imputados, es irreparable. Desde la difamación hasta nuestra seguridad personal”, concluyó Schujman.
