El Ministerio de Seguridad presentó este lunes una denuncia contra Pablo Nocetti, el ex jefe de Gabinete de Patricia Bullrich, por supuestos «abuso de autoridad y violación de deberes» como funcionario público durante el operativo de Gendarmería que en 2017 derivó en la muerte de Santiago Maldonado.
A tres años del hecho, la denuncia es por los delitos de «perturbaciones al ejercicio de la función pública, usurpación de autoridad, abuso de autoridad y violación de deberes» y quedó en manos del juez federal Sebastián Casanello.
La acusación se extiende, además, al ex director de Gendarmería Gerardo Otero y al ex subdirector nacional de la fuerza comandante general Ernesto Oscar Robino, por ser «autores, coautores o partícipes por la presunta comisión de delitos».
Según precisó la cartera a cargo de Sabina Frederic, la presentación contra los ex funcionarios se basa en un informe interno que analiza detalladamente «las diferentes responsabilidades en la represión desatada sobre la Ruta Nacional 40 y constituye el punto de llegada de un trabajo de 7 meses de investigación que hizo la Gendarmería Nacional acerca de lo ocurrido aquel 1° de agosto de 2017».
En ese documento se aludió a «un conjunto de responsabilidades dentro de la Gendarmería Nacional que alcanza al comandante mayor Diego Conrado Héctor Balardi –jefe del operativo de despeje de la ruta nacional 40–, quien se retiró de la zona dejando la responsabilidad del operativo en oficiales jefes de menor jerarquía, demostrando falta de mando, compromiso y de responsabilidad con la misión encomendada».
Con dicha investigación se busca la «verdad», según precisó el ministerio de Seguridad y «no sólo en defensa de la vida y la propiedad de los habitantes, sino también en defensa del bienestar, la integridad y la carrera de los miembros de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, poniéndolos a salvo de conductas que los puedan comprometer disciplinaria y legalmente».
«Es solo aprendiendo críticamente de las inconductas del pasado que éstas pueden evitarse», destacó la ministra Frederic.
A la vez, explicó que esta revisión interna de las actuaciones, que nada tiene que ver con las acciones que lleve a cabo el Poder Judicial, tiene «finalidades formativas y doctrinarias que destaquen protocolos y procedimientos pertinentes y subrayen errores, negligencias e imprudencias que deben evitarse, no sólo en defensa de la vida y la propiedad de los habitantes, sino también en defensa del bienestar, la integridad y la carrera de los miembros de las Fuerzas de Seguridad, poniéndolos a salvo de conductas que los puedan comprometer disciplinaria y legalmente».
Frederic presentó el informe en videoconferencia, junto al Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, y el titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Félix Crous.
