El juez federal Carlos Vera Barros indagará pasado mañana al presunto narcotraficante a quien se vincula con el detenido ex jefe de Policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, para determinar si recibió protección de la fuerza de seguridad en su accionar delictivo. Así, el juez intentará definir si Carlos Ascaíni, procesado por narcotráfico, aunque en libertad, pudo haber recibido los datos y claves de seguridad de Tognoli para facilitar la tenencia y comercialización de estupefacientes.
En tanto, el ministro de Gobierno, Rubén Galassi, recordó ayer: “Desde el Ejecutivo en su momento tomamos las medidas que correspondían no sólo en ese caso puntual sino a todo un proceso de formación en las fuerzas de seguridad”. Y, en diálogo con LT8, desligó la responsabilidad de la provincia en el caso Tognoli al señalar que el ex jefe policial afronta “un cargo que se le hace a él en forma personal”.
Tognoli, quien anteayer quedó otra vez detenido al incorporarse nuevos elementos de prueba en la causa, fue acusado de haber otorgado las claves que le entregaba el Registro Nacional de la Propiedad Automotor para realizar todo tipo de investigaciones legales y requerir informes al registro en favor de la presunta actividad ilegal desplegada por el supuesto narcotraficante.
Fuentes judiciales consultadas por la agencia DyN confirmaron que el juez Vera Barros dispone de “dos elementos de prueba suficientes” para establecer la hipótesis de este vínculo. El primero, dijeron, es el intercambio de mensajes de texto entre un comisario y una mujer vinculada con la trata de personas que pedía asesoramiento para vender cocaína en su local y que recibió como respuesta que debía pagarle 30 mil pesos a Tognoli y comprar los estupefacientes al otro acusado.
El otro dato fundamental es el testimonio de un perito del Departamento de Servicios Informáticos de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, quien sostuvo que el ex comisario mayor “era el responsable de las claves”.
El magistrado dictó en noviembre pasado la falta de mérito de Tognoli pero a principios de esta semana rechazó el sobreseimiento definitivo solicitado por la defensa. Ahora, el juez deberá resolver en diez días hábiles si procesa a Tognoli por participar de una “empresa criminal conjunta”, agravado por su condición de funcionario policial. La pena tiene entre 5 y 10 años de prisión.
Además, el juez analiza la posibilidad de pedir la unificación de las causas judiciales abiertas contra Tognoli, quien también es investigado por la Justicia federal de Santa Fe por “encubrimiento agravado” de Daniel “Tuerto” Mendoza, detenido en una causa por drogas y las coacciones sufridas por Norma Castaño, presidenta de la ONG Madres Solidarias.
Por último, trascendió que el gobierno provincial le solicitó al juez Vera Barros información con relación a la reciente detención de Tognoli.
