De la audiencia que inició el último jueves y tuvo como imputados a Carlos Vergara y Andrés «Pillín» Bracamonte, entre otros, se desprende la alianza entre el secretario general de la Uocra Rosario y el histórico mandamás de la barra de Rosario Central para lograr objetivos económicos mediante maniobras extorsivas que presentaban diferentes modalidades. El apriete -que según la Fiscalía utilizaron para afianzarse primero en San Lorenzo y luego en Villa Constitución- buscaba imponer condiciones y empresas vinculadas con sus intereses que se tradujeron en réditos dinerarios para el grupo, concluyó la fiscalía.
El día que allanaron la casa de Vergara encontraron algo más de 39 millones de pesos y 18.300 dólares además de cheques, entre otros elementos. Una muestra del poderío económico que tiene el grupo, dejó entrever el MPA.
El testimonio de un hombre que era parte del entramado del gremio que comanda Vergara, pero tras un quiebre quedó afuera y fue víctima de hechos intimidatorios, es una de las muestras sobre cómo funcionaba el grupo que terminó imputado por asociación ilícita.
Contó que la toma de decisiones la tenía la comisión que estaba compuesta por Vergara, el secretario adjunto Sixto I. y el secretario de finanzas Ariel M., que tiene todo tipo de manejo del dinero dentro y fuera del gremio, dijo este testigo.
Explicó cómo era una de las mecánicas del grupo para introducir gente en las obras: a modo de ejemplo contó el caso de Beatriz R., a la que situó como «la amante» de Vergara. Dijo que esta mujer le facilitaba y conseguía mujeres cis y trans, y todo lo relacionado con prostitución vip al secretario general de los albañiles rosarinos.
Recordó que Vergara pidió que se anotara a esta mujer en una empresa como si fuera delegada gremial, y hoy cobra un sueldo y no presta servicios; tampoco cumple los requisitos formales para ser delegada, describió.
Agregó que el sindicalista utilizaba este sistema no sólo con esta mujer sino también con sus familiares. Si las empresas no aceptaban, empezaba a hacerles denuncias en el Ministerio de Trabajo: le buscaban cualquier costado para perjudicarlos y si no encontraban nada lo inventaban, como pasó con una empresa de viandas en Acindar, que tuvo 15 intoxicados, describió. Al día siguiente de este episodio llamaron a otra empresa, la que terminaron imponiendo, refirió.
Dijo que Vanefra —firma de la que es socio Pillín Bracamonte— en San Lorenzo vende viandas y que la modalidad de contratación es la misma: imposición. Explicó que lo que pasaba en Villa Constitución hace tres meses que pasa en San Lorenzo.
Después se enteró de que Bracamonte y Vergara son una unidad, evaluó: «Si me ponía en contra a Pillín también a Vergara». Y contó que con los baños químicos pasaba lo mismo; dijo que las firmas Fercha y Vanefra también proveen baños de este tipo a los obradores.
Libre deuda
Un testigo de identidad reservada contó que todas las empresas del cordón industrial padecen estas situaciones. «Algunas optan en no crecer en términos económicos, no tomar gente, porque cuanto más grande te hacés más plata te piden», dijo.
Explicó este testigo: para trabajar y entrar a las obras en las agroexportadoras (multinacionales) necesitás el «libre deuda sindical», pero en el cordón industrial hay dos tipos de libre deuda: el sindical, el formal y legal, y el libre deuda que utilizan para recaudar dinero para fines personales.
«Esta última es una nota que extiende la secretaría del sindicato que dice que cumpliste con los requisitos exigidos, vence todos los meses y tenés que ir al sindicato a cargar la documentación; si no está cargada no entrás a las obras. Para que te den este documento, tenés que pagar en efectivo a las personas del gremio. La suma varía según el tipo de obra, como mínimo son 300 mil pesos», refirió.
«Cuando iniciás una obra tenés que poner un obrador con baño para que los operarios coman; apenas entrás a la planta el delegado te dice a qué empresas contratar, no hay libertad en eso. Los costos son mucho más altos y si no contratás los baños y las viandas en las empresas que te dicen no podés trabajar», añadió.
Otro testigo protegido dijo: «Te llaman y te piden una colaboración forzada mensual para trabajar tranquilo. Luego, a esa suma de dinero se le fijó además un monto fijo por obrero, si no te paraban la obra, pero con los empleados adentro, entonces tenés que seguir pagando sueldos».
Respecto de las viandas dijo que luego le empezaron a exigir contratar un servicio de viandas de una empresa que ellos indicaban.
Villa Constitución
Un trabajador vinculado con la Uocra en Villa Constitución contó que había un referente del sindicato en la firma Acindar que fue corrido por orden de Carlos Vergara a través de la barra canalla. Llegó gente nueva encabezada por Cristian D. y Juan E., ambos imputados este jueves, quienes aseguraron que le darían una paliza si se cruzaban con el colaborador que corrieron, dice la acusación.
Dijo que amenazaban con echarlos si no los apoyaban. “Ahora están metiendo presión para que vayamos a apretar las obras, los albañiles chicos, esas cosas se nos van de las manos”, definió y explicó que lo hacen con el fin de que las obran paren. Incluso obras particulares de familias que están construyendo la casa, con una o dos personas, reveló, a lo que sumó que sacaron las bolsas de trabajo.
Los terrenos de la pareja
Otro testigo, dueño de una constructora e inmobiliaria, contó que arrancó por 2018 y dijo que le inspeccionaba y paraban las obras a cada rato. Añadió que había hablado con el referente de la zona, Sixto I., y le dijo que tenía más de 20 empleados y que tenía que haber un delegado. Le mandó uno o dos muchachos «que necesitaban trabajar». Estas personas llegaban tarde y no sabían hacer el trabajo, también se iban antes aduciendo reuniones, evaluó.
Este testigo dijo que es fiduciario, administrador de un proyecto inmobiliario en la localidad de Piñero y le vendió seis lotes a Romina I., actual pareja de Vergara, por 90 mil dólares, en noviembre del 2022. Faltaba que acompañe la justificación de fondos, pero aseguró que nunca le cedió nada a la Uocra o a Vergara.
La Fiscalía dijo en la audiencia que se le pidió la información contable al testigo: si bien envió documentación no entregó los estados contables, evidencia de la que surgiría si se pagaron o no esos lotes.
