El director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, anunció ayer que ampliaron la denuncia penal contra el ex agente de la Side Horacio “Jaime” Stiuso en el marco de la causa Amia y señaló que hay “una suerte de acuerdo” entre el espía y “la embajada de los Estados Unidos” para “evitar que sea convocado”.
Durante una conferencia en la Casa Rosada, Parrilli confirmó que la AFI presentó “una ampliación de una denuncia penal en contra del ex director general de Operaciones ingeniero, Horacio Antonio Stiuso, por encubrimiento de las investigaciones llevadas adelante por el brutal atentado a la Amia”, ocurrido en 1994.
En ese contexto, el funcionario denunció la existencia de “una suerte de acuerdo o sintonía fina” entre el espía, “la embajada de los Estados Unidos, algunos jueces federales y el diario La Nación” para “evitar que Stiuso sea convocado al país”.
“Hay omisiones de parte del gobierno de Estados Unidos de darnos una información que oficialmente le fue requerida hace ya más de dos meses”, señaló Parrilli y luego informó que “llamativamente” ayer autoridades estadounidenses le confirmaron a la embajadora argentina en Washington, Cecilia Nahón, que la recibirán el próximo miércoles.
El 21 de agosto pasado Nahón presentó una nota a la secretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, “requiriendo informe sobre el paradero de Stiuso”, recordando que ha sido citado por la investigación de la muerte del ex fiscal Alberto Nisman, y que dicha petición se enmarca en el compromiso de “verdad y justicia por la causa Amia”.
Al respecto, Parrilli, dijo que “llama poderosamente la atención” que el ex director general de Operaciones de la ex Side “no venga a la Argentina” ni sea “citado a comparecencia por la fuerza pública” en “ninguna de las seis causas penales”.
El funcionario dijo que “pareciera que algunos jueces federales tienen lapicera rápida para la convocatoria a indagatoria a funcionarios del gobierno pero no para citar a Stiuso a que venga a rendir cuentas en las causas penales que tiene en la Argentina”.
“Esperamos, ojalá la embajada o el gobierno de Estados Unidos nos diga qué hace Stiuso en su país, si está como turista, residente, y nos dé el domicilio”, agregó el director de la AFI.
También sostuvo que el gobierno espera que “un juez lo cite a tomar un café o a una declaración testimonial, para que venga a rendir cuenta de las denuncias”.
“Nos llama la atención que hoy aparezca el editorial del diario La Nación acusándonos a nosotros exactamente de lo que estamos haciendo”, señaló Parrilli, tras indicar que “pareciera” que “el gobierno es el responsable de que Stiuso no sea convocado a la Argentina, cuando hace todo lo contrario”.
En esta línea, insistió con la posible existencia de una “sintonía fina entre los jueces que no lo citan, la embajada que no informa, algunos senadores que acusaban a funcionarios de ser cómplices de Stiuso y el editorial de La Nación que acusa que no lo citaban”.
Parrilli anticipó además, que la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, “está evaluando” tomar parte en varias causas penales contra Stiuso “en cuanto han sido afectados intereses del Estado nacional y por lo tanto en las próximas horas tendrá una intervención en una de estas causas”.
Respecto de la denuncia ampliada en el marco de la causa Amia, aclaró que la estaban “preparando hace tiempo, reuniendo elementos y todas las pruebas que acreditan esta actitud de encubrimiento”. “La habíamos firmado ayer y hoy fue presentada ante la Justicia federal competente donde ya estaba radicada una denuncia”, agregó.
A su turno, el subdirector de la AFI, Juan Martín Mena, participó de la conferencia y brindó detalles de la ampliación de la denuncia.
La Justicia argentina renovó alertas rojas contra los iraníes
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral renovó ayer a Interpol el pedido de mantener “alertas rojas” para la captura internacional de los cinco iraníes acusados por el atentado a la Amia de 1994.
Se trata de los apuntados como autores y responsables de la voladura de la mutual israelita a instancias del fiscal Alberto Nisman, quien dirigió la UFI Amia hasta su muerte el pasado de enero. Días antes, Nisman denunció la supuesta intención del gobierno de hacer derogar esas alertas rojas e imputó a la presidenta Cristina Fernández por el delito de “encubrimiento”, denuncia que ya fue rechazada por la Justicia en dos instancias.
El gobierno puso de manifiesto en ese momento que el pedido de levantamiento de las alertas no era una facultad del Ejecutivo, sino prerrogativa exclusiva del juez a cargo. A su vez, el ex director de Interpol, Ronald Noble, negó que el canciller Héctor Timerman realizara gestiones para darlas de baja en el marco del Memorandum de Entendimiento con Irán.
Familiares de Nisman, Lagomarsino y Picón, a indagatorias
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral resolvió ayer citar a declaración indagatoria a la madre y la hermana del fallecido fiscal federal Alberto Nisman y les prohibió la salida del país, en la causa que investiga si actuaron como testaferros del funcionario judicial para el lavado de dinero. El magistrado citó también a indagatoria al técnico informático Diego Lagomarsino y al empresario Claudio Picón, según la resolución firmada ayer. El juez dispuso además el embargo preventivo de todos sus bienes hasta cubrir 80 millones de pesos y congeló por tres meses todos sus “productos” bancarios.
Los querellantes piden sacar de la causa a la fiscal Fein
El fiscal ante la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz, y la querella de la causa por la muerte del ex fiscal de la Unidad Amia, Alberto Nisman, reclamaron ayer sacarle la investigación a la fiscal Viviana Fein y que la misma pase a manos de la jueza Fabiana Palmaghini. Así lo confirmaron a NA fuentes judiciales, que precisaron que en la audiencia Sáenz justificó su pedido al señalar que la investigación ya tenía una persona sospechosa, en referencia al empleado informático Diego Lagomarsino. Por su parte, la ex esposa de Nisman y querellante, Sandra Arroyo Salgado, fundó su pedido con críticas a Fein.
