Policiales

Cuatro años y medio de dolor 

Causa Bocacha Orellano: nueva audiencia retrasa resolución y suma angustia a la familia  

Tras la jubilación de uno de los magistrados del tribunal de la Cámara de Apelaciones que debía revisar el fallo, la jueza que lo reemplaza llevó adelante una nueva instancia este miércoles donde declararon los dos patovicas y dos policías imputados junto al padre de la víctima por la querella


Familiares y amigos de Bocacha piden justicia desde ese lunes 24 de febrero de 2020. Foto: Franco Trovato Fuoco.

El expediente que investiga el crimen de Carlos “Bocacha o Carlitos” Orellano, el joven de 23 años que fue a bailar en febrero de 2020 al boliche River Ming en Fluvial y su cuerpo fue hallado a los días flotando en el río, aún no está resuelto. A cuatro años y medio, este miércoles se llevó a cabo otra audiencia previa a la sentencia de la Cámara Penal, ya que pese a que el tribunal había escuchado a las partes, uno de los magistrados se jubiló y la nueva jueza volvió a escuchar el caso desde las partes. La causa tiene a dos patovicas y dos policías sindicados, quienes volvieron a declarar al igual que Edgardo, el padre de Carlitos, por parte de la querella. Esto generó bronca e incertidumbre en la familia, quien reiteró su reclamo por justicia en las escalinatas de los Tribunales provinciales de Balcarce y avenida Pellegrini. 

“El manoseo, el dolor, el cansancio, los años que pasen no van a hacer que dejemos de luchar. Seguimos acá, seguimos de pie, no vamos a parar hasta que tengamos la justicia que Carlitos merece”, fue el cierre del comunicado que la familia de Carlitos difundió en redes sociales el día de la audiencia. 

La camarista Gabriela Sansó, es quien reemplaza a Daniel Acosta, y este miércoles cerca del mediodía escuchó a los imputados y familiares querellantes para tener un conocimiento pleno de las partes en la causa en la que deberá fallar junto a su pares Alfredo Ivaldi Artacho y Georgina Depetris.

Lo que analizará el tribunal de segunda instancia son las apelaciones presentadas por la acusación, la querella y las defensas al fallo de primera instancia en el que los jueces Mariano Aliau, Aldo Bilbao Benítez y José Luis Suárez, condenaron al patovica Emiliano López por homicidio preterintencional y abandono de persona seguido de muerte a la pena de 6 años de prisión. 

A la policía Karina Gómez a 9 años de prisión domiciliaria por los mismos delitos más falsedad ideológica de instrumento público. A su vez, el uniformado Gabriel Nicolossi, pareja de Gómez, fue sentenciado por homicidio preterintencional y abandono de persona seguido de muerte y falsedad ideológica de instrumento público agravada a 12 años de prisión mientras que el otro patovica Claudio M. fue absuelto por el beneficio de la duda. La revisión comenzó a finales de febrero de este año pero en junio cuando debían dar a conocer la resolución, la audiencia se postergó por la jubilación de Acosta. 

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“Nos habían dicho que se iba a leer la sentencia en junio, pero después nos dijeron que el juez se jubilaba, cuando tenía hasta el día 1 (de julio), le faltaban cinco días. Ahora entra una jueza que no conocemos.¿Qué pasa ahora si liberan a todos?”, se preguntó Edgardo, el papá de Bocacha, ante las cámaras de Canal 3 este miércoles frente al edificio de los tribunales provinciales. 

Bocacha Orellano: incertidumbre sobre fallo de apelación generó angustia en su familia

“Nos parece que hubo una vulneración tanto de la víctima como de un principio constitucional básico que es el del juez natural. La familia está mal con esta situación porque tiene un panorama de mucha incertidumbre, que es razonable, y transita un proceso de revictimización profundo a través de esta situación, porque son los propios familiares los que le hablan directamente a la jueza para contarle quién era su hijo y cómo (el hecho) los afectó en varios aspectos”, describió el abogado Salvador Vera que representa a la familia en la querella.

El caso y la apelación 

El último fin de semana de febrero de 2020, Bocacha había ido a bailar con amigos al boliche Ming River House, ubicado en el complejo de La Fluvial a la vera del río Paraná. Durante la madrugada fue expulsado del sector VIP del boliche y golpeado por los custodios del lugar. El cuerpo de Bocacha fue encontrado en el río a los dos días en la zona del muelle 3 que está debajo del boliche.

El fiscal del caso Patricio Saldutti y la querella acusaron a los policías Gabriel Nicolossi y Karina Gómez, y a los empleados de seguridad privada del boliche, Emiliano López y Fabián Maidana con pedidos de pena de entre 17 y 23 años de prisión.

En su acusación, Saldutti reconstruyó a través de los indicios recolectados que el lunes 24 de febrero de 2020 “entre las 4.30 y las 5 de la madrugada, mientras (los acusados) se encontraban cumpliendo servicio de policía adicional y seguridad privada para el local, luego de que la víctima fuera retirada del boliche ejercieron violencia física contra Orellano. Tras rodear a la víctima contra la baranda del río, aprovechándose de la superioridad física y numérica, lo golpearon, determinando con su accionar que Orellano saltase las barandas de protección del muelle y caiga a las aguas del Paraná, circunstancias que le provocaron el fallecimiento”. 

El fiscal señaló que el dolo estuvo demostrado por “la actitud posterior de los imputados, quienes tardaron un tiempo considerable en dar aviso a Prefectura para el rescate; se retiraron del lugar; se despreocuparon de la situación; y además, cada vez que se refirieron al hecho dieron versiones falsas, buscando desvincularse”.

El 7 de junio de 2023, el tribunal de primera instancia resolvió condenar a tres de los acusados como coautores de homicidio preterintencional; es decir que tenían intención de causar daño pero que no buscaron que sus actos llevaran a la muerte de la víctima. En el mismo fallo, absolvieron al cuarto imputado; el otro patovica. 

Caso Bocacha: tres condenas y una absolución motivaron fuerte repudio de familia de la víctima

Fue en ese marco, que la Fiscalía, la querella y la defensa apelaron la resolución por lo que el tribunal de Cámara deberá discutir sobre la absolución de uno de los acusados, la condición de cumplimiento de la pena de la condenada, en relación a Gómez porque está en prisión domiciliaria, y sobre el encuadre legal de homicidio preterintencional cuando tanto la Fiscalía como la querella sostienen que se trató de un homicidio con dolo eventual. Por la defensa están la abogada Antonela Travesaro junto a sus pares Rodrigo Mazzuchini, Jorge y Pablo Bedouret y Bárbara Reynoso.

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