La causa por las escuchas telefónicas que comprometen a Mauricio Macri, procesado por asociación ilícita, sigue paralizada desde hace meses en la Cámara de Casación Penal a raíz de problemas en la integración del tribunal.
La confirmación o no del procesamiento por asociación ilícita del jefe de gobierno; las dos recusaciones que los abogados de Macri plantearon hacia el juez Norberto Oyarbide, y planteos de nulidad de la causa, son algunas de las cuestiones que están para resolver desde hace tiempo en la sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal.
Según indicaron las fuentes consultadas, en el Juzgado de Oyarbide aguardan con ansiedad la definición de Casación, ya que es el único escollo que falta superar para que la causa avance a etapa de juicio oral y público, ya que casi no resta ninguna medida de prueba por producir.
Ni bien se retome la actividad judicial en febrero, la sala empezará a definir su integración, luego que se excusara de integrarla para el caso la jueza Ángela Ledesma.
Por lo pronto, la sala III ahora está conformada por los jueces Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Raúl Madueño (este último como subrogante) pero nada es seguro, y en ese sentido, una fuente del caso graficó a Noticias Argentinas: “Hace cinco meses que no hay una confirmación definitiva”.
Al respecto, el primero de los planteos a definir es la excusación de Catucci, quien justificó su corrimiento del caso porque ya adelantó opinión con su voto en un fallo en el que se pronunció a favor de la recusación del juez Oyarbide.
De ser aceptado su apartamiento de la causa, se tendría que nombrar a un tercer juez para conformar el Tribunal junto a Riggi y Madueño.
Luego, los jueces deben definir los planteos de recusación con los cuales los abogados de Macri pretenden apartar al juez Oyarbide de la investigación.
El primero de los planteos de recusación contra Oyarbide es por supuesto prejuzgamiento y falta de imparcialidad a raíz de las declaraciones públicas del juez respecto de la investigación.
Siguiendo ese razonamiento, los abogados del jefe de gobierno recordaron los dichos del ex senador nacional peronista Héctor Maya, quien aseguró que en oportunidad de cruzarse circunstancialmente con Oyarbide, éste le adelantó: “A Macri me lo llevo puesto”.
Esa recusación fue desestimada previamente por la Cámara Federal y ahora la tienen que resolver los jueces de Casación, a lo que se agrega otro planteo similar por el que los abogados Santiago Feder y Ricardo Rosental acusan a Oyarbide de “maltrato y destrato”.
Sumado a las recusaciones, los abogados de Macri plantean la nulidad de toda la causa basada en que se inició en forma irregular: por el llamado anónimo desde un locutorio a la casa de Sergio Burstein (familiar de víctimas del atentado a la AMIA) en el que le alertó a fines de 2009 que su teléfono estaba “pinchado” por orden del entonces jefe de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios.
En la causa nunca se comprobó que quien hiciera esa llamada fuese un agente de la Side, como indicaron versiones periodísticas y pretende comprobar la defensa del funcionario.
En el sentido de apartar al juez Oyarbide se pronunció a favor la jueza Catucci, pero sería reemplazada justamente por ese voto en el cual ya sentó su posición.
Luego de evaluar todos esos planteos, Casación comenzará a evaluar la confirmación o no del procesamiento de Macri, por los delitos de de violación de secretos, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos en concurso con el de asociación ilícita, este último en calidad de miembro.
Sobre Macri pesa la sospecha de haber participado de las escuchas que tuvieron como víctima a Burstein, pero también a su cuñado Néstor Daniel Leonardo, quien tenía una mala relación con la familia del funcionario, lo que para la Justicia es un indicio.
Una vez definidos los planteos en Casación y devuelta la causa a instrucción, las fuentes estiman que rápidamente el juez Oyarbide iniciará los pasos iniciales para elevar el expediente a un Tribunal Oral.
