Este jueves a las 13, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario dará a conocer el veredicto de la causa conocida como Feced III y IV que se inició hace dos años. Es la primera vez que se juzgan delitos sexuales en Rosario y la primera vez que se juzgan los secuestros de la comisión directiva de la Vigil.
Después de dos años de desarrollo de la causa más grande en relación a centros clandestinos en la provincia de Santa Fe, este jueves a las 13 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario dará a conocer el veredicto de Feced III y IV.
La megacausa lleva el nombre Agustín Feced, ex comandante de Gendarmería que asumió el control de la Policía local en durante la última dictadura cívico militar. El juicio es contra parte de la patota que operó en el ex Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario (ubicado Dorrego y San Lorenzo) en aquella época. Su tercera elevación se inició el 5 de abril de 2018 –antes había sido suspendido tres veces–.
El tribunal está integrado por la jueza Lilia Carnero y los jueces Aníbal Pineda y Eugenio Martínez. Los delitos que se juzgan incluyen privación ilegítima de la libertad, amenazas, asociación ilícita, tormentos, abuso sexual y homicidios, todos en la categoría de delitos de lesa humanidad. No prescriben.
Están imputados Eduardo Dougour, Julio Fermoselle, Héctor Gianola, Ramón Ibarra, José Rubén Lo Fiego, Mario Alfredo Marcote, Lucio César Nast, José Carlos Scortechini, Ernesto Vallejo y Ramón Vergara. La lista la completan Daniel González, Carlos Ulpiano Altamirano, Ovidio Marcelo Olazagoitía y el sacerdote Eugenio Zitelli, aunque ya murieron.
Esta vez -en el marco de las medidas de prevención y cuidado por la pandemia de coronavirus- se escuchará el veredicto sin la presencia de víctimas, familiares, organismos de derechos humanos y ciudadanos que tradicionalmente acompañan el desarrollo de estas causas. Desde las organizaciones militantes se convoca a seguir las novedades por redes sociales y la transmisión por videoconferencia a través de las webs del Centro de Información Judicial (www.cij.gov.ar) o del Concejo municipal (www.concejorosario.gov.ar)
Pedidos de sentencia
La Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado de Rosario, representada por el fiscal general Adolfo Villate y la fiscal ad hoc Ana Oberlin, pidió penas de prisión perpetua y otras de hasta 25 años de prisión. El Ministerio Público Fiscal expuso su acusación durante ocho audiencias, en la que encontró acreditada la figura internacional de genocidio, comprensiva de los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidios, desaparición forzada y violaciones.
El fiscal Villate habló con El Ciudadano del largo tiempo que llevó este juicio -dos años, con audiencias semanales y hasta quincenales en algunos casos- y las complicaciones que trajo: «Se trata de imputados de edad avanzada, es cada vez más difícil llevarlos a juicio. En esta causa tres fallecieron durante el juicio y uno antes de que arranque. Faltó celeridad».
Por otra parte, dijo que «quedó claro lo abyecto que era el clima que se vivía en el servicio de informaciones». «Además -agregó- surgieron nombres y apodos de muchas víctimas que pasaron por ahí, cuyos casos nunca fueron conocidos e investigados. Aunque este es el tercer tramo de la causa fue el más voluminoso en cuanto a cantidad de víctimas y esto también demuestra que siguen apareciendo víctimas permanentemente. Nosotros ahora estamos tratando de agotar en un solo tramo nuevo la cantidad de víctimas pero es realmente dificultoso porque de los testimonios surgen otros nombres que nunca fueron mencionados, las víctimas señalaron a imputados que nunca habían mencionado con anterioridad. Esto nos enfrenta con la necesidad de seguir investigando y seguir generando lo que puede llegar a ser un Feced V».
Por su parte, las querellas de HIJOS y APDH -Asamblea Permanente por los Derechos Humanos- exigen las penas máximas para todos los imputados. Gabriela Durruty de APDH planteó: «Espero que el veredicto de la sentencia esté a la altura de la historia y del valor que pusieron los y las sobrevivientes que son quienes construyeron este juicio. Se trata de los delitos más graves que prevé la normativa nacional e internacional y la profusa prueba hace esperable que las condenas sean ejemplares y a cumplirse en cárcel común y efectiva al cuidado del servicio penitenciario».
Nadia Schujman, de HIJOS, coincide y agrega que «hubo buena predisposición del tribunal para admitir la prueba, para producirla» pero el juicio fue «demasiado largo» para una causa de esta magnitud. «Esto tiene que ver con un problema más estructural que estamos teniendo en todo el país, creo que es necesaria una reforma del poder judicial en muchos aspectos como planteó el presidente y uno de los temas a solucionar es el de la conformación de los tribunales». Schujman también habló de la extrañeza que genera no poder hacerse de abrazos en medio de una multitud mientras se escucha la lectura del tribunal pero confió en que la sociedad seguirá la misma por las redes.
«La causa Feced es la que permite, como nunca antes, reconstruir el mapa de la represión en Rosario, dado que tiene que ver con el funcionamiento del mayor centro clandestino de la región. Las causas Feced siempre son muy importantes pero ésta en particular suma todos los imputados de los casos de las elevaciones I y II más los nuevos», sintetizó Durruty.
Memoria con perspectiva de género
Una de las particularidades de esta causa es que es la primera vez que se juzgan delitos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de Estado. Muchas veces este tipo de delitos quedan invisibilizados dentro del conjunto de padecimientos que se califican de forma global como «tormentos». Esto impide reflejar la especificidad de la agresión dirigida mayoritariamente contra las mujeres con el objetivo de controlarlas y aterrorizarlas.
Desde las querellas como del Ministerio Público Fiscal se refirieron a la sistematicidad con que se cometieron estos delitos: no fueron situaciones aisladas sino que formaron parte del plan general de aniquilación y degradación subjetiva de las personas.
En Feced hay solo dos imputados por delitos sexuales pero se espera que en las próximas elevaciones haya más, ya que a partir de los testimonios surgen señaladas otras personas que cometían abusos y violaciones en el ex SI.
Cómo pensar los delitos sexuales en la dictadura desde una perspectiva de género
Todo el daño posible
Familias masacradas, instituciones destruidas y complicidad civil. Las causas de lesa humanidad dan cuenta de la complejidad y la magnitud del aparato represor argentino. Feced no es la excepción.
Se investigó por primera vez el secuestro de ocho miembros de la comisión directiva de una emblemática institución al sur de la ciudad: La Vigil. La patota de Feced, la Marina y un grupo de civiles -contadores, abogados y escribanos- intervino la institución en 1977 y en mayo de ese año efectuaron los secuestros.
Durruty señaló la importancia de haber avanzado en la investigación de estos delitos: «También permite reconstruir todos los delitos económicos que estamos investigando en otra causa donde todavía no hay imputados, pero toda esa prueba se produjo en este juicio. Es la primera vez que se juzgan los secuestros de Vigil pero estos permitieron la liquidación de la institución». Durante aquellos años rompieron y quemaron libros, vendieron muebles y robaron materiales para la remodelación del teatro: pusieron en marcha un saqueo que no paró aún con la recuperación de la democracia.
Por otra parte, el caso de la familia Labrador es desgarrador: la noche del 10 de noviembre de 1976 mataron a Víctor Labrador y a su hijo Palmiro con su esposa Edith Graciela Koatz. Dos meses antes habían desaparecido a otro hijo, Miguel Ángel de 25 años. Todos eran militantes peronistas. Esperanza se convirtió en una de las primeras Madres de Plaza de Mayo en Rosario. Se exilió un tiempo en España pero siempre volvió a seguir reclamando por su hijo que sigue desaparecido.
Finalmente, el secuestro de Sergio Schilmann -militante del Partido Comunista- sobresalió por dos motivos. Por un lado, puso de relieve la complicidad judicial en la represión clandestina llevada adelante por las fuerzas armadas: un juez vio las marcas de tortura en su cuerpo y aún así lo devolvió al servicio de informaciones. Por otro lado, fue tomado como caso testigo para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
Éstos son sólo algunos de los tantos casos investigados en Feced III y IV.
Usted preguntará por qué cantamos
Fueron dos años de audiencias donde sobrevivientes, familiares y testigos aportaron información sobre lo que pasó en la ciudad entre 1976 y 1983. Con sus historias se pusieron de manifiesto distintas aristas del accionar represivo.
Para los sobrevivientes es doloroso declarar y revivir los tormentos a los que fueron sometidos. Pero lo hacen porque entienden que así aportan a la construcción del proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Y lo hacen porque los represores continúan con su pacto de silencio y es necesario contar dónde vieron por última vez a una de las 30 mil personas que todavía siguen desaparecidas.
