Con sentimientos cruzados por revivir aquel horror del terrorismo de Estado y la satisfacción de sentar a los verdugos en el banquillo de los acusados, cientos de personas, entre ellas sobrevivientes y militantes de organizaciones de derechos humanos, acompañaron ayer frente a los Tribunales Federales de bulevar Oroño el inicio del sexto juicio contra represores de la dictadura en Rosario. El expediente de la causa Feced II ventilará los delitos de secuestro y tortura de 43 detenidos y tres casos por homicidio.
Dicho proceso oral y público reúne cinco causas por delitos de lesa humanidad cometidos en el Servicio de Informaciones (SI) de la Policía de Rosario que fueron unificadas por incluir a imputados que actuaron en el mismo centro clandestino de detención: los inculpados en este nuevo juicio son diez policías retirados.
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) arrancó ayer con la primera audiencia tres horas más tarde de lo previsto por la demora de uno de los represores acusados, y ante la ausencia de otro imputado. Así, el proceso se inició después del mediodía por la tardanza del represor José Rubén Lo Fiego, quien fue trasladado en ambulancia desde el penal de Marcos Paz, donde cumple su condena a cadena perpetua, sentencia dictada en la causa Díaz Bessone, el primer juicio por los delitos cometidos en el SI.
En el banquillo estuvieron sentados el mencionado Lo Fiego y otros integrantes de la patota liderada por el ya fallecido Agustín Feced: Eduardo Dugour, Ernesto Vallejo, Pedro Travagliente, Ovidio Olazagoitía, Julio Fermoselle, Ramón Alcides Ibarra, Carlos Altamirano y Ricardo Torres.
Antes de comenzar la audiencia, los jueces del TOF2, Roberto López Arango, María Ivón Vella y Noemí Berros, contestaron a los planteos de Pablo González Miño, abogado defensor del represor Lucio Nast, quien no se presentó al juicio al alegar problemas de salud.
Afuera, antes de la audiencia, hubo radio abierta. Juan Emilio Basso Feresín, de la agrupación Hijos, recordó que “los represores que se juzgan en esta causa fueron mano de obra del poder económico que pretendió instalar un modelo al servicio de las minorías”.
Por su parte, la diputada nacional Josefina González, querellante en la causa, indicó: “La continuidad de los juicios a los genocidas es uno de los hechos que confirma este camino a un país mejor que estamos transitando a partir de la memoria y la justicia”.
