El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Ricardo Echegaray, participará mañana en la audiencia pública de la Comisión de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico, donde declararán ejecutivos del banco HSBC por maniobras de evasión fiscal de la entidad.
La Afip reclama que vuelvan al país 3.500 millones de dólares pertenecientes a ciudadanos argentinos que se evadieron a Suiza por supuestas maniobras del HSBC, según denunció el organismo recaudador, por la existencia de más de 4.000 cuentas bancarias de argentinos en la filial Suiza.
En la audiencia del lunes venidero estarán presentes el director ejecutivo de HSBC Holdings PLC, Stuart Gulliver; la directora independiente de la entidad, Rona Fairhead, y el titular de autoridad tributaria británico, Edward Troup.
La Comisión de Cuentas Públicas está integrada 14 miembros parlamentarios: 8 conservadores, 5 laboristas y un liberal-demócrata, mientras que su presidenta es la laborista Margaret Hodge.
El caso de la posible evasión fiscal facilitada por el HSBC que salió a la luz a partir de los documentos conocidos como lista Falciani, generó un clima de tensión que ahora apunta hacia los organismos de Hacienda británicos que podrían haber conocido estas
actividades varios años atrás.
Por otra parte, hace dos semanas la fiscalía suiza abrió una investigación penal contra HSBC por blanqueo de capitales a raíz de la publicación masiva de datos de la «Lista Falciani», que reveló que la sucursal de Ginebra rozaba prácticas ilícitas.
El escándalo del HSBC Suiza estalló tras el robo de información sobre miles de cuentas secretas y las transacciones de los clientes para evadir impuestos, con ayuda del banco, de parte de Hervé Falciani, un ex empleado de la entidad experto en informática, por lo que la Justicia suiza allanó la sede Ginebra. El comunicado de la fiscalía de Ginebra informó que el banco está directamente involucrado porque el código penal establece que una empresa puede ser «investigada independientemente de la responsabilidad penal de sus empleados si se les puede probar que no adoptaron las medidas necesarias para impedir infracciones en su interior».
