Por unanimidad, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe (TOF) resolvió este miércoles sentenciar por los delitos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos a seis ex policías de la provincia de Santa Fe.
El TOF condenó a Germán Chartier a 16 años de prisión e inhabilitación perpetua; a Fernando Sebastián Mendoza a cinco años e inhabilitación perpetua; a Eduardo Riuli a seis años y seis meses e inhabilitación perpetua; a Rubén Oscar Insaurralde a seis años de prisión e inhabilitación perpetua; a Antonio González a cinco años e inhabilitación perpetua; a Omar Molina a cinco años de prisión e inhabilitación perpetua. El TOF dispuso que las penas se cumplan en cárceles comunes.
El juicio, conocido como Causa Laguna Paiva o Causa Chartier, comenzó en mayo y concluyó este miércoles 7 de julio con la sentencia dictada por el tribunal conformado por los jueces José Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría. Llevaron adelante la querella los abogados Anabel Marconi y Pagliero, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario, y el fiscal a cargo fue Martín Suárez Faisal.
El juicio investigó hechos ocurridos entre febrero de 1980 y agosto de 1984: personal del Departamento de Investigaciones de la Policía provincial secuestró y torturó a personas oriundas de Laguna Paiva, quienes meses después fueron puestas a disposición del Poder Ejecutivo y trasladadas a distintas cárceles: Rawson, Caseros, Devoto y Coronda. Catalino Páez, referente regional de la mesa sindical del Partido Revolucionario de los Trabajadores, recuperó su libertad nueve meses después del retorno de la democracia.
Seis policías imputados, 11 militantes sindicales, 16 niñas y niños secuestrados y 41 testimonios sobre los hechos fueron las cifras de una causa que pretende el fin de la impunidad. Los sobrevivientes tienen una historia en común, un hilo que nombra popularmente a la causa Chartier como “Laguna Paiva”. Todos vivieron en esa ciudad, la mayoría eran varones que habían trabajado en el frigorífico Nelson –en la localidad homónima– y habían formado parte, a comienzos de los años 70, de la organización sindical La Lucha, que integraba el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo.
Los militantes que luchan por memoria, verdad y justicia son Catalino Páez (fallecido en 2016), Daniel Acosta, Juan Miranda, Pedro Moncagatta, Juan Carlos Sánchez, Hugo Silva, Ricardo Galván, Juan Carlos Oliver y Roberto Soria. Este último también era paivense, pero al momento de su secuestro trabajaba en la fábrica Acindar, en Villa Constitución. Todos eran obreros, todos luchaban contra el neoliberalismo que se impuso en nuestro país con la picana y la desaparición forzada. Para dar con ellos, la policía de Santa Fe y fuerzas militares realizaron tareas de inteligencia y secuestraron además a sus familias: a sus esposas, hijas e hijos. Mario Páez, hijo de Catalino, cumplió sus 15 años secuestrado en el Departamento de Investigaciones D2, que entonces funcionaba en la esquina de San Martín y Obispo Gelabert de nuestra ciudad. Se trata de una de las características salientes del caso: la cantidad de niñas y niños que fueron privados de su libertad en el marco de la represión y la persecución política a sus familias.
La causa Laguna Paiva mostró el entramado policial, militar y judicial que sostuvo las redes del circuito represivo en la dictadura. Los imputados son el ex oficial ayudante del Departamento de Informaciones D2, Eduardo Riuli; el ex responsable de la Comisaría 13 de Laguna Paiva, Fernando Mendoza; el ex sargento del Departamento de Informaciones D2, Rubén Insaurralde; el ex cabo de la División Robos y Hurtos de Unidad Regional I, Antonio González; el cabo del Departamento de Investigaciones, Omar Molina y el ex jefe del Departamento de Investigaciones e Informaciones de la URI, Germán Chartier. Los ex policías son acusados de los delitos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos, y por el delito internacional de genocidio.
El juicio remitió a una serie de desapariciones, secuestros y torturas ocurridos sobre el final de la dictadura. A Hugo Silva lo secuestraron el 10 de abril de 1980 y recuperó su libertad el 17 de febrero de 1983. Juan Miranda fue secuestrado el 31 de marzo de 1980; lo liberaron el 16 de marzo de 1983. Catalino Páez, secuestrado junto a su familia, fue chupado el 15 de febrero de 1980 y recuperó la libertad el 15 de agosto de 1984. A Daniel Acosta lo detuvieron el 24 de marzo de 1980 y lo liberaron el 28 de marzo de 1984. A Juan Carlos Sánchez se lo llevaron el 3 de abril de 1980 y pudo volver a su casa el 7 de abril de 1984. Roberto Soria estuvo privado de su libertad entre el 18 de abril de 1980 y el 20 de abril de 1984.
La Causa Chartier reveló, una vez más, hasta qué punto la dictadura se había ensañado con las y los obreros que se habían politizado. Para dar con Catalino Páez, figura relevante de la lucha del Partido Revolucionario de los Trabajadores, la policía de Santa Fe secuestró tres familias completas: la de Catalino y la de sus dos hermanos. “Esa era una vigencia que se mantenía todavía en 1980, cuando ocurren los secuestros, más allá de que el grueso de la represión se había instalado desde antes del golpe de Estado, en 1975 puntualmente, tanto en Tucumán como acá en Santa Fe, en Villa Constitución”, contextualizó el diputado provincial Carlos Del Frade, testigo de concepto en la causa. “En 1980 se sostiene la continuidad de la persecución, cuya información se había empezado a recolectar mucho antes del golpe militar”, aseguró en declaraciones al Periódico Pausa de Santa Fe.
