Luego de la controversia por la pericia informática a la computadora portátil que la Policía incautó de la habitación del hotel donde estuvo hospedado Luis Medina, la jueza de Instrucción Alejandra Rodenas ordenó algunas medidas para continuar con la investigación. Entre ellas libró oficios a un organismo federal para que coteje las vainas recogidas en el lugar donde ocurrió el doble crimen y efectuó sendos pedidos a fiscalía y justicia del orden federal para que indiquen si el hombre sospechado de tener vínculos con el negocio del narcotráfico local estaba bajo algún tipo de investigación. Voceros de la pesquisa señalaron que se intenta dar con la ruta que usó Medina en sus últimas horas de vida en Rosario, ya que consideran ese dato como una pieza clave para intentar dar con los autores materiales del doble homicidio, que sostienen fue cometido por al menos dos sicarios.
Fuentes del caso mencionaron que se ordenó hacer un relevamiento de las cámaras del hotel Pullman del Casino City Center donde Medina estuvo alojado. Entre otras cosas, se intenta determinar si Medina, de 42 años, junto a su novia Justina Pérez Castelli, de 23, estuvieron alojados desde comienzos de la semana pasada.
En tanto, un vocero señaló que en relación al cruce de declaraciones nacido tras el manoseo de la computadora portátil que los pesquisas hallaron en el auto de Medina, un Citröen DS3, la “cadena de mando no se perdió”, ya que hay actas que indican todo el recorrido que hizo el aparato electrónico desde que ingresó a Jefatura hasta que finalmente fue abierta.
En tanto, se conoció que el moderno vehículo no cuenta con sistema de posicionamiento global (GPS), por lo que se complica dar con la ruta que tomó tanto para ir a la fiesta que se celebró en inmediaciones del Monumento Nacional a la Bandera, si el rodado estuvo siempre en dicho lugar y luego qué camino tomó para regresar, al hotel o a Pilar (provincia de Buenos Aires), donde Medina residía desde hacía poco más de un año. Las fuentes indicaron que el rodado será sometido a nuevas pericias, para ver si pueden hallar algún dato que ayude a la pesquisa.
Voceros señalaron además que la computadora en cuestión finalmente está bajo llave en la sede de Tribunales y se presume que quien finalmente realice las pericias informáticas será personal idóneo de Gendarmería Nacional.
Demonización
Por su parte, el abogado Carlos Varela, abogado de Medina, señaló a este diario que “toda la demonización que se ha hecho sobre la víctima tiene por objeto solapadamente legitimar su muerte”.
“Según los rumores que hace circular la propia Policía, no muere un ciudadano común si el muerto es el paradigma del mal, entonces de algún modo se legitima su asesinato y, de algún modo, también se legitima un eventual fracaso en la investigación que se lleva a cabo para dar con los culpables del homicidio”, agregó el abogado.
Polémica por la prueba
El destino de la computadora personal de Medina abrió una polémica cuando el diputado del PJ Héctor Acuña dijo que resulta “inadmisible que la Policía haya puesto una prueba fundamental como es una computadora personal de Medina en manos de un funcionario político. Han contaminado una prueba del crimen”. Y agregó: “No sé si han alcanzado a percibir desde el gobierno provincial la gravedad de lo que acaba de ocurrir. No es la primera vez que el gobierno comete este tipo de errores”, se mandó.
No pasó nada de tiempo para que Acuña fuera desmentido desde la Casa Gris. “Ante un pedido de intervención técnica de la Justicia para destrabar una computadora, el gobierno debe responder si tiene personal para hacerlo. El procedimiento se hizo siguiendo en todo momento directivas del Poder Judicial”, señaló el ministro de Gobierno, Rubén Galassi. “Nunca se trató de una decisión política”, aclaró.
A la vez, sostuvo que (el diputado Héctor) “Acuña nos tiene acostumbrado a este tipo de declaraciones, siempre intentando sembrar dudas sobre el accionar de un gobierno que, curiosamente, ha trabajado como nunca antes junto con el Poder Judicial”.
Por su parte, también en relación a los dichos de Acuña, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, consideró “temerario arrojar sospechas de manera infundada y sin ninguna prueba”.
