La fiscal santafesina Cristina Ferraro será sometida a indagatoria el martes 17 de mayo, acusada por presunto «encubrimiento agravado» en la modalidad de “hacer desaparecer pruebas”, en la causa que investiga el asesinato de Hugo Oldani y también el destino de 1,1 millón de dólares y 3,05 millones de pesos descubiertos en la agencia de turismo, horas después del crimen del empresario perpetrado el 11 de febrero de 2020.
El fiscal federal Walter Rodríguez solicitó la indagatoria de Ferraro en los primeros días de febrero y el juez Carlos Villafuerte Ruzo, a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe, convocó la audiencia para el próximo 17 de mayo.
Cuatro meses después del homicidio se inició la investigación en el fuero federal, el 1º de junio de 2020, por una denuncia del ex ministro de Seguridad Marcelo Sain, quien reveló que el «hallazgo y posterior sustracción de la escena del crimen de una millonaria suma de dinero en moneda extranjera y nacional, no se justifica ni condice con los montos que suele manejar un operador turístico».
La denuncia de Sain refirió que había “elementos serios y verosímiles para inferir que en el lugar podría haber funcionado una de las denominadas «cuevas financieras», sin autorización del Banco Central y Afip para realizar operaciones de cambio y préstamo de dinero».
A casi dos años de esa denuncia de Sain, el fiscal Rodríguez ya pidió el juicio oral y público a diez allegados de Oldani, entre ellos la hija del empresario, Virginia Oldani y una empleada de la agencia, María José Calle, por presunta «intermediación financiera no autorizada». Y ahora avanza en la investigación de la «conducta» de la fiscal Ferraro.
El fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, se convirtió en uno de los principales denunciantes del ex ministro de Seguridad desde que el propio Sain llevó el caso a la justicia federal para que se investigue la supuesta «intermediación financiera no autorizada, lavado de activos» y eventuales “infracciones a las leyes cambiaria y tributaria”.
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Desde entonces se sucedieron tres operativos para sacarle la causa al fiscal Rodríguez por cuestiones de competencia y llevarla al MPA, al ámbito de Arietti, que fueron rechazados por tres jueces. El primero, el 4 de junio de 2020 –a solo 72 horas de la denuncia de Sain- por el juez Gustavo Urdiales. El segundo, el 4 de noviembre de ese año, por el juez Marcelo Bailaque; y el tercero, el 20 de noviembre de 2020, por el juez Luis Octavio Silva.
Dos de esos planteos para apartar al fiscal federal Rodríguez fueron realizados por la fiscal del MPA Mariela Jiménez, quien junto a su colega Ezequiel Hernández investigan a Sain y a sus ex colaboradores en el Ministerio de Seguridad, entre ellas la abogada de Hijos, Nadia Schujman.
El 18 de agosto de 2020, el fiscal Rodríguez denunció a Ferraro. Solicitó “la formación de una causa por separado a fin de investigar el delito de encubrimiento en que pudo haber incurrido la fiscal del MPA, en la modalidad de hacer desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del ilícito agravado por tratarse de una figura especialmente grave y por su calidad de funcionaria pública”.
La investigación no sólo puso en foco “la conducta desplegada por la fiscal Cristina Ferraro”, sino también “la eventual participación de terceros”.
En la causa se cierne el interrogante sobre el destino de una «millonaria suma de dinero en moneda extranjera y nacional», tal como declamó Sain, de la que sólo quedaron las fotos. Un estudio de las imágenes que realizó la División Scopometría de la Policía Federal dictaminó que «la suma ascendería a 3.050.000 pesos y 1.100.000 dólares. Un monto de dinero injustificado a la luz de la actividad general de la empresa de turismo», manifestó el fiscal Rodríguez.
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Asimismo Sain informó sobre un “levantamiento indebido de la custodia” de la Policía de Santa Fe en la agencia de Oldani, “la alteración de la escena del crimen” y “la sustracción de una millonaria suma de dinero encontrada en el lugar del hecho”. La fiscal Ferraro estaba a cargo de la investigación del homicidio de Oldani hasta que Arietti la desplazó del caso varios meses después.
Confió Sain en la denuncia que “en el lugar donde se produjo el homicidio de Oldani” operaba una agencia de turismo “de modo que el hallazgo y posterior sustracción de la escena del crimen de una millonaria suma de dinero en moneda extranjera y nacional, no se justifica ni se condice con los montos que habitualmente maneja un operador turístico local».
Por lo que en el caso «existen elementos serios y verosímiles para inferir que en lugar podría haber funcionado una de las denominadas «cuevas financieras»”, sin autorización del Banco Central y la Afip para “realizar operaciones de cambio y/o préstamos de dinero”.
“Tales circunstancias ameritan que se lleve a cabo una profunda y exhaustiva investigación de naturaleza patrimonial”, planteó Sain. Una parte de la causa ya fue elevada a juicio con diez imputados y ahora, el fiscal Rodríguez pidió la indagatoria de Ferrero, que está prevista para el 17 de mayo.
