Candela Ramírez
Mabel Gabarra viste un sweater verde, pantalones y blazer negros, zapatillas, lentes de marco oscuro. Llega temprano a Tribunales Federales (Bv. Oroño 940) el martes a la mañana, fue la primera en declarar en la nueva audiencia del juicio que investiga los crímenes contra 67 personas desde marzo de 1975 en Villa Constitución.
Es la primera vez que Gabarra declara por la detención ilegal de Victorio Paulón, su pareja de toda la vida y padre de sus hijos. Tiene 76 años y tendrá que contar a los jueces todos los detalles que recuerde del 1 de mayo de 1975 cuando encontró su casa en Rosario dada vuelta: puertas y ventanas abiertas, papeles desordenados por el piso y muebles tumbados. Fue el día que se llevaron a Paulón. Pasarían más de seis años hasta que pudiera recuperar su libertad. En el medio, Gabarra recorrió cárceles preguntando por su paradero, logró visitas, se las interrumpieron, sufrió amenazas, se exilió, pidió refugio.
“Caer antes le salvó la vida”, indicará ante el Tribunal: la detención de Paulón fue antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. En ese tiempo ya estaba operativa la Triple A, grupo paraestatal que perseguía y asesinaba militantes políticos y sindicales. Lo secuestraron en Villa Constitución, cuando entraba a la ciudad participar de la marcha por el Día Internacional de los Trabajadores. Lo bajaron del auto en el que viajaba. Ese día también allanaron su casa.
Haber caído preso en ese momento, cuando la Junta Militar aún no había tomado el poder, hizo que quedara a disposición del Poder Ejecutivo y así zafó de pasar por alguno de los casi 800 campos de concentración que hubo en Argentina entre 1976 y 1983.
Paulón falleció hace dos años, no llegó a declarar en este juicio conocido como El Villazo, pero fue uno de los primeros querellantes cuando se armó la causa. Este martes declaró por su caso Gabarra y también su hijo Mariano Paulón.
Gabarra es abogada, ahora está jubilada, y se preguntó ante el tribunal cómo es posible que a su marido lo hayan encarcelado sin una causa y sin condena, cómo es posible que le hayan rechazado permiso para salir del país. Habló como profesional del Derecho para presentar ciertas preguntas y apenas empezó a testimoniar, puso sobre la mesa otro aspecto fundamental de su identidad: “Las mujeres de los obreros son las que sostuvieron la huelga, les llevaban comida, cuidaban los hijos y hablaban con la comunidad de Villa Constitución durante la toma de las fábricas. Existe una gran discriminación hacia las mujeres. Soy feminista y tengo militancia en el femismo. Sé de esto. Esas mujeres debieron tener mayor reconocimiento”.
Gabarra fue una de las fundadoras en la ciudad de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto a principios de los 2000 y expuso en el Congreso durante el primer debate por la ley en 2018.
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Gremio en lucha
La ocupación militar (y policial y parapolicial) de más de 4 mil efectivos desde el 20 de marzo del 75 fue la respuesta por lo ocurrido en Villa Constitución los meses previos: el triunfo de la Lista Marrón en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y una huelga general que fue acompañada de forma masiva por la población, se estiman más de 12 mil personas. En ese contexto el rol de las mujeres, señaló Gabarra, fue fundamental.
Paulón y Gabarra se casaron en 1971. Tuvieron una hija y un hijo, que eran muy chiquitos cuando se llevaron a Paulón. Él había entrado a trabajar en la fábrica Villber, a principios del 75, y empezó ahí su militancia sindical en la Unión de Trabajadores Metalúrgicos (UOM). Fue uno de los integrantes del Comité de Lucha que condujo la huelga metalúrgica de Villa Constitución entre marzo y mayo de 1975.
Cuando lo agarraron el 1 de mayo de 1975, camino a Villa Constitución, lo llevaron a la Jefatura de la Policía de esa ciudad, luego a la de Rosario (a Gabarra le negaron que estuviera ahí hasta que lo vio esposado en ese preciso momento), más tarde lo trasladaron a Coronda (ahí consiguió tener visitas hasta que un día le dieron sus pertenencias y no le dijeron adónde habían llevado a su marido), los próximos años pasaría también por las cárceles de Devoto en Ciudad de Buenos Aires, de Rawson en Chubut y de Resistencia en Chaco.
Fueron años cruentos. La familia de Gabarra le empezó a decir: “Andate ya”. Desde marzo del 76 los secuestros en Argentina eran cada vez más seguido y Gabarra era un blanco fácil. Además de ser pareja de un líder sindical ella misma era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PR).
Primero se fue a Uruguay, allí pidió ayuda a Naciones Unidas. Estuvo dos años sin poder ver a sus hijos, explicó ante el tribunal. Es que sin la autorización del padre no podía sacarlos del país. Fue su mamá la que se ocupó de hacer los trámites para resolver esa situación: “Somos las mujeres las que hacemos los trámites”, apuntó en relación al resto de los familiares que no resolvió antes la situación. El exilio, al final, fue en París, Francia.
A su marido lo liberaron en 1981 bajo una libertad vigilada y al año siguiente se pudo ir a París a reencontrarse con su familia. Desde antes de su llegada, y junto a él también, buscaron dar visibilidad internacional a la represión que sufría el pueblo argentino.
En abril de 1984, una vez que Argentina ya estaba bajo un régimen constitucional, volvieron al país. Paulón nunca dejó de ser militante sindical.
“Para mi, fue el compañero de mi vida, de militancia. Fue un ser humano excepcional”, dijo al finalizar.
Causa Acindar
La gesta conocida como El Villazo tuvo de protagonistas a trabajadores de Acindar que realizaron una huelga con el acompañamiento de sus pares metalúrgicos de Maraton –después Tenaris-Siat– y Metcom –luego Paraná Metal–, más portuarios, comerciantes, transportistas, aceiteros y bancarios. Gran parte de la población de Villa Constitución también se movilizaron contra Lorenzo Miguel, que entonces tenía dominio del aparato sindical de la UOM. Fueron 59 días de huelga.
La represalia fue feroz: a la ciudad de Villa Constitución, 60 kilómetros al sur de Rosario, llegaron más de 4 mil efectivos y hubo cientos de detenciones y al menos 30 asesinatos.
El terrorismo de Estado signó a la familia Gabarra-Paulón: en junio de 1976 el hermano mayor de Victorio fue secuestrado. Pedro Paulón sigue desaparecido. Los hijos de Gabarra y Paulón pasaron dos años sin ver a su mamá y seis sin ver a su padre. Mariano Paulón declaró en esta audiencia después de su mamá, Mabel, y habló justamente de cómo fue crecer sin tener casi recuerdos de su papá hasta reencontrarlo en Francia en 1982.
La abogada querellante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Gabriela Durruty señaló la importancia de audiencias como la de este martes donde los familiares de sobrevivientes y desaparecidos pueden expresar con su propia voz cómo fueron las consecuencias del genocidio en Argentina. Son tambien víctimas del Terrorismo de Estado.
En ese sentido, Durruty subrayó que tanto Mariano Paulón como Claudia Piccinini y Soledad Estévez —las testigos que le siguieron— ofrecieron al tribunal la óptica como niños y niñas que fueron durante aquellos años. Los tres son hijos de históricos dirigentes de la militancia sindical de aquellos años: Alberto Piccini encabezó la Lista Marrón que le disputó poder a la burocracia de Lorenzo Miguel; y María Josefa Daldosso (madre de Estévez) fue la abogada de esa lista,
Cada vez, mes a mes, año a año desde que armaron la presentación para que se lleve adelante este juicio, APDH señala la importancia que tiene “juzgar una parte de la historia de un gobierno democrático, ya que el terrorismo de Estado en Villa Constitución comenzó el 20 de marzo del 75 bajo el gobierno de María Estela Martínez de Perón”. Para ellos, se trató de una prueba piloto de lo que vendría después.
El juicio comenzó en noviembre de 2023, 48 años después de los hechos. La causa Acindar, conocida popularmente como El Villazo, reúne los casos de 67 víctimas y tiene 22 imputados entre ellos, el jefe de personal de la empresa. Es la primera vez que se juzga en la región crímenes de lesa humanidad que empezaron antes de la dictadura y además busca determinar el rol de las empresas privadas para la represión sistemática.
Cuenta con más de 300 testigos, de los cuales ya declararon más de 50. En su momento, la empresa Acindar aportó listados de personas para que fueran secuestradas y dentro de su planta funcionó un centro clandestino de detención. La empresa también puso a disposición medios de transporte para realizar los secuestros.
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