Por Candela Ramírez
Esta semana, abogados que integran la querella de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) y querellantes en la causa Villazo enviaron una solicitud formal al Tribunal Oral Federal N° 1 (TOF1) para que se acelere el proceso judicial que investiga los crímenes cometidos contra 67 personas en marzo de 1975 en Villa Constitución.
El nombre formal de la causa es Acindar, porque la mayoría de las víctimas trabajaba en esta empresa, pero se la conoce popularmente como Villazo. El juicio empezó hace casi un año, el 13 de noviembre de 2023.
En la solicitud enviada plantean varias cuestiones: en principio desisten la declaración de 49 personas, entre quienes hay víctimas directas, familiares y testigos de contexto.
Durante el periodo de prueba se habían propuesto 498 testigos, de los cuales ya declararon más de 80. Si el Tribunal acepta este desistimiento, aún faltaría la declaración de 300 personas.
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Por eso mismo, el segundo planteo es sumar más audiencias y que se extienda su duración: cuatro audiencias semanales de seis horas cada una. Si el TOF1 acepta, quizás se llegue a sentencia antes de fin de año. Si no, a principios de 2025.
“Desistimos de esto porque lo entendemos como una colaboración para que el juicio se haga más corto. Entendemos que ninguno aportaría nada novedoso sino que reforzarán cuestiones que ya están probadas”, señaló Gabriela Durruty, abogada de APDH.
Además, indicó: “Faltan un montón de testigos que no representamos y si la intención es que declaren todos la única forma de garantizar que la mayor cantidad de sobrevivientes acceda a una sentencia y la mayor cantidad de imputados accedan al derecho de ser juzgados, por una cuestión biológica, es poner más audiencias. Porque si solo declararon 80 y el juicio ya lleva casi un año y quedan más de 300 testigos tenemos para dos años más de juicio”.
La cuestión del tiempo, a casi 50 años de la gesta del Villazo y su posterior represión, es clave. En su escrito señalaron que desde que hicieron las denuncias ante la Justicia fallecieron testigos como “Alberto Piccinini, Victorio Paulon, Rodolfo Acuña, Analia Martin, Dante Manzano, María Kotorax, Carlos Sosa, Tito Martín, Orlando Arizaga, Abraham Yofra, Paez, Baquela, Villanueva, entre otros y otras víctimas de esta causa” que no llegaron a ver el juicio.
Además, fallecieron ocho imputados: Bernardino Sambrana, Leonardo Dec, Federico Bossié, Gustavo Mosquera, Raúl Héctor Cerliani, Eduardo Mugica, Rolando Martinez y Carlos Alvareda.
El Villazo y una foto que inmortalizó al dirigente Alberto Piccinini contada por su autor
Subrayaron que “si bien son ajenos a las decisiones de los tribunales por tratarse de la salud”, se trata de hechos que “implican sin embargo un menoscabo en el derecho de las víctimas en su acceso a la justicia y a la verdad, que el Tribunal no puede soslayar”.
“Todo con el objetivo de garantizar que las víctimas puedan ser parte de la finalización del juicio y obtener una sentencia respecto de sus requerimientos”, insistieron y concluyeron: que “el peligro de la muerte de todos los imputados representa un riesgo de configurar la impunidad biológica y una gran probabilidad de truncar el pedido pacífico de justicia de los pocos sobrevivientes que aún continúan esperando por una sentencia”.
Sobre el juicio
El 20 de marzo de 1975 más de cuatro mil agentes policiales, militares y parapoliciales arribaron a la ciudad de Villa Constitución, al sur de la provincia de Santa Fe, a 60 kilómetros de Rosario. Llevaron adelante el Operativo Serpiente Roja del Paraná: hubo secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones.
Todavía había un gobierno constitucional: María Estela Martínez de Perón era la presidenta. En todo el territorio argentino ya operaba la Triple A, grupo de represión paraestatal.
El juicio iniciado a fines de 2023 reúne el caso de 67 víctimas y tiene 22 imputados.
Los organismos de derechos humanos resaltan algunos aspectos de esta causa: es la primera vez en la región que se investigan crímenes de este tipo, es decir, que empezaron un año antes del golpe militar y, además, es la primera vez que se investiga la responsabilidad empresarial en la represión ilegal. Uno de los imputados era el jefe de personal de Acindar.
