El juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila, quien instruía las causas de narcotráfico en la ciudad de Itatí, se apartó de ocho expedientes, los que serán unificados con el que tramita su colega porteño Sergio Torres, quien ordenó la detención del intendente y el vice de ese distrito. A estas causas se suma una novena por trata de personas que estuvo detenida desde su inicio en 2011.
El magistrado resolvió finalmente apartarse de las investigaciones tras un pedido del titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, y de los fiscales correntinos Carlos Schaefer y Flavio Ferrini, quienes intervinieron en esas causas. A esto se sumó la solicitud del titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo, junto a Schaefer, quien pidió a la Cámara Federal de Casación Penal el apartamiento de Soto Dávila de una investigación que derivó en el rescate de 11 víctimas de trata y explotación sexual en la localidad correntina de Itá Ibaté.
Con ese expediente, suman nueve las causas en las que el magistrado correntino recibe pedidos para que decline su competencia. Los casos de narcotráfico quedarán bajo la órbita del juez Torres, y en el de trata pasarán al magistrado correntino Juan Carlos Vallejos, según voceros del Ministerio Público. En el caso de trata, Schaefer y Colombo recurrieron a los Tribunales de Comodoro Py luego de que en febrero la Cámara Federal de Corrientes rechazara la solicitud de apartar a Soto Dávila, motivada en la falta de investigación del caso de explotación sexual detectado en 2011 en Itá Ibaté pero sin avances hasta 2015. La justificación del juez fue que esos cuatro años de inacción se debían al “cúmulo de tareas” que afrontaba su estrado, situación que no le permitió un tratamiento “con prelación”.
Los fiscales calificaron de “inadmisible” las explicaciones por parte del Soto Dávila, consideraron que fundamentó la demora en “razones inverosímiles” y que “quiso cerrar por prescripción de la acción penal la investigación en favor de los ahora procesados por el delito de trata de personas”. Esa causa se originó en 2015, a raíz de una presentación realizada por el jefe de Prefectura de Itá Ibaté y con la investigación se pudo establecer que la red tenía el control de unas 20 mujeres oriundas de Posadas, provincia de Misiones. Las víctimas eran obligadas a ejercer la prostitución con hombres que se hospedaban en el hotel Jardín del Paraná y en las cabañas Sapito donde concurrían turistas aficionados a la pesca y que pagaban 200 dólares para concretar la explotación. En septiembre de 2016, el fiscal federal, Flavio Ferrini y la Protex pidieron los allanamientos en los hoteles, de los cuales fueron rescatadas once mujeres y se detuvo a cuatro sospechosos que este mes fueron procesados con prisión preventiva.
En tanto, en todas las otras causas se investigaron hechos de narcotráfico en forma aislada, pero de acuerdo con los pesquisas deben unificarse porque están todas relacionadas.
En la causa de Torres, el 14 de marzo pasado fue detenido el intendente de Itatí, Natividad “Roger” Terán, y su vice, Fabio Aquino, tras 46 allanamientos en los que también cayeron miembros de fuerzas de seguridad y un abogado. Según los investigadores, la banda traficaba 15 toneladas de marihuana semanales a siete distritos, incluida Rosario a través de la banda de los Monos.
