“Se deben complementar con acciones para atacar el núcleo duro del problema porque los narcos no viven en los barrios”, señaló el presidente del bloque del Partido del Progreso Social Héctor Cavallero. Con la generación del Departamento de Lucha contra la Economía del Delito busca organizar y efectivizar los controles en materia de seguridad en la ciudad, en forma conjunta con fuerzas federales y reparticiones municipales.
«La medida, que se tratará hoy en el recinto, -señaló Cavallero- busca también que el Ejecutivo implemente de manera urgente tres ordenanzas aprobadas en 2012 para regular las empresas de seguridad privada, crear fiscalías federales en cada uno de los distritos y controlar los comercios en los que se puedan vender mercaderías provenientes de operaciones ilícitas».
“Insisto con que se debe completar la tarea que se está haciendo con la destrucción los búnkers de venta de droga pero hay que tener en claro que los narcos no viven en los barrios y es por eso que se deben complementar con acciones para atacar el núcleo duro del problema, el que hace mover los engranajes”, enfatizó el edil.
«Los que lavan dinero comprando autos de alta gama, departamentos en torres, campos y monedas extranjeras, cualquier persona informada en al ciudad sabe cuál es este circuito que hay que cortar de cuajo», recordó.
Ordenanzas aprobadas y no implementadas
El 13 de diciembre de 2012 fue aprobado por el Concejo, mediante decreto 38.808, el proyecto del edil que nos ocupa, a través del cual se establece el funcionamiento de seis fiscalías federales en la ciudad, las cuales deben estar dotadas del personal y la infraestructura correspondientes con el objetivo de recepcionar denuncias relacionadas con delitos de índole federal.
El mencionado decreto establece también que las referidas dependencias judiciales deben estar ubicadas en los centros municipales de distritos (CMD) respectivos, con el fin de respetar el criterio de descentralización de la intendencia.
“Sin embargo todavía no fue implementada por la municipalidad y es de suma importancia ya que el vecino que vive en un barrio y quiere denunciar una actividad ilícita que tiene que ver con venta de droga, -por ejemplo- puede hacerlo sin necesidad de movilizarse hacia el centro de la ciudad”, consideró el edil.
Asimismo, a través de la mencionada ordenanza, se encomendaba al Ejecutivo que arbitre las medidas necesarias, junto con legisladores nacionales y provinciales, el gobierno provincial, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y organizaciones no gubernamentales, para así poder aplicar la ordenanza que tiene como fin la investigación, esclarecimiento y juzgamiento de los delitos federales.
Controles más efectivos
A fines de 2012 también fue aprobado mediante decreto 38.809, la ordenanza que establece que el Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana -hoy Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana- junto con la Administración Federal de Impuestos (Afip) y reparticiones gubernamentales que correspondan, inspeccione los comercios en los que se podrían vender artículos provenientes de actividades ilícitas. El decreto estipulaba que el Ejecutivo debía presentar en el Concejo un informe sobre lo actuado, en un plazo no mayor a 90 días.
“La Municipalidad ha hecho caso omiso de las ordenanzas. En este caso, es vital para combatir el delito, que se realicen controles más exhaustivos en desarmaderos, chatarrerías, locales de ventas de equipos de telefonía y todos aquellos negocios en los que se presten para la comercialización de artículos robados”, expresó Cavallero.
Regulación del trabajo de agencias de seguridad privadas
A los efectos de dar una solución integral a los problemas relacionados con la seguridad en la ciudad, en mayo de 2012 fue aprobado por el Concejo Municipal mediante ordenanza 8.920, el proyecto presentado por Cavallero que estipulaba distintas modificaciones en las normativas que regulan la habilitación y el funcionamiento de las Agencias privadas de seguridad en la ciudad.
“Tampoco se hizo nada y esta ordenanza es necesaria para regular la habilitación y funcionamiento de las agencias de seguridad, para saber en qué condiciones trabajan y quiénes son los empelados que prestan servicios”, finalizó el edil del PPS.
