Sesenta y nueve víctimas fueron rescatadas este martes de una red de trata de personas que usaba como fachada a una organización religiosa y al menos siete integrantes de esa banda delictiva fueron detenidos en un gran operativo que coordinó 23 allanamientos en las provincias de Buenos Aires, Salta, Tucumán, Mendoza, Neuquén y Entre Ríos, dijeron fuentes oficiales.
El Ministerio de Seguridad informó a través de una comunicación oficial que, tras una investigación criminal de la Policía Federal Argentina (PFA) y con el apoyo de 250 efectivos de la Gendarmería Nacional (GNA), ambas fuerzas lograron desbaratar a una organización criminal liderada por una mujer conocida como «La Tía Eva».
Bajo la pantalla de una comunidad religiosa denominada «Filadelfia», la organización se dedicaba a la trata de personas, lavado de dinero, delitos contra la integridad sexual de menores y adultos, contra la identidad y contra la vida, dijeron los informantes.
Según surge de la investigación, entre los delitos registrados, las y los miembros de la «comunidad» sustraían menores a sus padres biológicos para inscribirlos luego como hijos de varias mujeres de la organización.
Además, se pudo establecer que la organización pudo haber cometido el delito de instigación al suicidio al haber inducido a la muerte a un joven que se había reconocido como homosexual, hecho por el que sufrió permanentes hostigamientos y agresiones que finalizaron con su trágica muerte, agrega el informe oficial.
Siempre bajo «la palabra divina», el joven había sido obligado a desnudarse públicamente, fue golpeado y sufrió agresiones físicas, como arrojarle baldes de agua fría, entre otras atrocidades.
A raíz de un operativo realizado en 2019 por la Policía de la Provincia de Buenos Aires se inició la investigación que, en aquel momento, concluyó con varios allanamientos por los delitos de trata de personas y lavado de dinero.
En ese entonces, se comprobó que la organización criminal operaba con un minucioso sistema de captación de personas para, posteriormente, explotarlas laboralmente y someterlas a la servidumbre.
El personal de GNA y de PFA, junto con el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Número 3 de Morón, a cargo de Juan Pablo Barral, secretaría Número 9 de la Dra. Mariana Sioli, continuó con la pesquisa a partir de reiteradas denuncias que realizaron las víctimas y detectaron que aquella organización criminal, además de los delitos ya mencionados, también era responsable de otros graves crímenes.
El grupo, oculto bajo una presunta vocación religiosa, comenzó sus actividades en el país entre 1972 y 1973 y estaba liderado por «la Tía Eva» y dos cómplices a quienes se las acusa, hasta ahora, de dos abusos sexuales bajo el pretexto de acciones «religiosas» con el objetivo de «evitar el pecado» en perjuicio, al menos, de un menor. Dada su forma de actuar y el modus operandi, este tipo de hechos se fueron reiterando a lo largo de los años, siempre de acuerdo con los investigadores.
Con un «templo» principal emplazado en el Gran Buenos Aires y «anexos» en varias provincias y, según se presume y aun se investiga, en Brasil y Paraguay, la organización captaba personas en distintas partes del país.
Centralmente, esas captaciones eran realizadas sobre niñas y niños en situaciones de pobreza y vulnerabilidad, a quienes bajo una «persuasión coercitiva» les hacían creer que la líder de la organización era una persona con un poder supraterrenal.
Una vez cooptados, eran obligadas y obligados a vivir en condiciones deplorables, carentes de higiene y con una alimentación degradante.
Las y los cooptados no se podían comunicar con sus familias, no se les permitía ir a la escuela y quedaban, además, sin su documentación personal. También eran obligados a trabajar en una panificadora que poseía la organización, dice el parte del Ministerio de Seguridad.
Tras la investigación que pudo establecer esta sucesión de delitos, esta madrugada la Policía Federal Argentina y la Gendarmería Nacional realizaron los 23 allanamientos en las sedes que la organización tenía en todo el país y en propiedades vinculadas al grupo criminal, tras lo que se labraron diez órdenes de detención para las y los integrantes del núcleo duro del grupo, incluyendo a quienes estaban prófugos desde el año pasado.
Entre los detenidos figuran seis miembros de la primera línea de la organización criminal.
Hasta el momento, las 69 personas rescatadas están siendo entrevistadas y asistidas por el personal del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento, de modo de recabar más información, que será de vital importancia para el desarrollo de la causa judicial.
Por otro lado, y en el marco de la misma causa, se dio la orden de dar de baja en el registro de cultos a esta organización y se informó de la situación a las autoridades de Brasil y Paraguay, donde se presume que existen sedes de este grupo.
En una rueda de prensa, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, destacó «el trabajo profesional, pormenorizado y sigiloso que realizaron las fuerzas» en auxilio de la Justicia y remarcó que dicho trabajo «no despertó las sospechas de nadie, por lo que se consiguió ingresar a los lugares y desbaratar la organización».
Frederic subrayó: «Esta es nuestra gestión: reforzar la investigación y el análisis criminal e ir hacia el desbaratamiento de grandes organizaciones para no dejar que este tipo de delitos se sigan cometiendo en Argentina».
Además de las y los 250 miembros de la GNA, trabajaron en los allanamientos 389 efectivos de las Superintendencias de Agencias y Delegaciones Federales; de Tecnología de la Información; de Científica; de Bomberos y de la Dirección General de Fuerzas Especiales y orden urbano de la PFA.
