Ceso*
El lunes obtuvo media sanción el primer reclamo del FMI a la Argentina en el camino de la reestructuración del usurario préstamo concedido por el organismo a nuestro país para financiar la fuga de capitales durante el gobierno de Mauricio Macri.
La búsqueda de consenso político y aval legislativo al futuro de la renegociación de la deuda con el FMI es un reclamo del organismo, en la medida que constituye un cheque en blanco para una renegociación que posibilite postrar la potencialidad económica nacional hacia el futuro. En medio de encendidos debates tuvo ayer su media sanción.
El establishment busca que el gobierno popular complete la agenda neoliberal que no terminó Macri
La tregua cambiaria posibilitó al gobierno estabilizar la situación económica mientras encara la difícil renegociación de la deuda con el FMI. En una coyuntura donde la opinión pública estará centrada en los debates parlamentarios en torno al derecho al aborto y el aporte a las grandes fortunas, las negociaciones con el fondo pueden comprometer no sólo la reactivación económica de corto plazo sino también los derechos sociales de las mayorías por generaciones.
El sector del establishment local agrupado en AEA presiona por un acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo que implica nuevos desembolsos y un cronograma de pago de largo plazo.
Sin embargo, este tipo de acuerdo no es gratuito ya que va acompañado de un programa fiscal ortodoxo y una serie de reformas estructurales que atacan los derechos de los trabajadores y de quienes perciben ingresos de la seguridad social.
Es decir, apoyándose en el condicionamiento de la deuda tomada por el gobierno de Macri, y con el apoyo del círculo rojo, buscan que el gobierno popular complete la agenda neoliberal que dicha fallida experiencia no pudo implantar.
La capacidad del gobierno de Alberto Fernández de renegociar con el fondo sin caer en el programa neoliberal fijará la suerte de su devenir político. Si cede a las presiones del establishment, perderá gran parte del apoyo de su base electoral comprometiendo la reactivación sin garantías de lograr mantener la estabilidad cambiaria.
Si resiste a las presiones del establishment, deberá iniciar un programa económico de reactivación en un contexto signado por la estrechez de divisas.
Respecto a la negociación con el FMI, la experiencia del último gobierno neoliberal deja dos lecciones para la actual gestión. Primero, dibujar las imposiciones del fondo como un “programa hecho por nosotros mismos” puede ser un buen relato político, pero no modifica las consecuencias económicas y sociales del programa ortodoxo ni es garantía de su viabilidad.
En segunda instancia, la apuesta a un nuevo shock de confianza tras acordar con el FMI choca con el fracaso de la experiencia del acuerdo con el fondo firmado con Mauricio Macri y el más reciente nulo impacto de confianza tras el acuerdo de reestructuración con los acreedores privados. El acuerdo, lógicamente, tiene que implicar ventajas para ambos.
El organismo internacional cambia una deuda cuestionada por una deuda reconocida y comprometida por un gobierno de otro signo político. A cambio, debe otorgar la mayor flexibilidad posible en los pagos sin condicionamientos en la política fiscal ni imposición de reformas estructurales.
Las reformas estructurales
Las “reformas estructurales” que suelen condicionar los créditos con facilidades extendidas del FMI, que se rumorea podría otorgar a la Argentina, son modificaciones hacia marcos normativos laborales más flexibles, privatizaciones, menores controles de precios y cambiarios.
Todas alternativas con una visión excesivamente ofertista que van en el sentido de “dar garantías a la inversión” como forma de reactivar la economía, aun cuando resulta evidente que la inversión va a tardar en llegar mientras persistan niveles de utilización de la capacidad cercanos al 60%.
En definitiva, tienden a configurar un marco normativo con mayor discrecionalidad para el poder económico y menor protección para el sector del trabajo que el gobierno debe evitar a toda costa.
Aún si se logra un acuerdo y se patean los vencimientos hacia un próximo gobierno, la Argentina necesitará recuperar la capacidad de refinanciar sus vencimientos a tasas razonables para poder hacer “rollover” de los vencimientos a partir de 2024/2025.
Un supuesto de difícil realización que puede reducir el impacto del acuerdo sobre las cotizaciones de nuestros bonos aún en el corto plazo, ya que la capacidad futura de pago del país seguiría siendo dudosa. Además, en el corto plazo queda un escollo adicional: un vencimiento de 2.400 millones de dólares con el Club de París en Mayo de 2021.
Traducir alguna de las buenas intenciones expresadas en palabras, en hechos concretos
Martín Guzmán anunció que no espera arribar a un acuerdo antes de fin de año, y anticipó que el diálogo con el organismo multilateral de crédito es bueno, razón por la que estimó que entre marzo y abril se podría alcanzar un acuerdo.
En ese tránsito de tiempo, lo peor que le puede pasar al gobierno es silenciar las críticas internas de su fuerza política en mérito de sostener la gobernabilidad. Sin tensiones a la hora de negociar con el FMI sólo pueden augurar una postración de los intereses nacionales y populares en el acuerdo con un organismo destinado a perjudicar la vida de las mayorías populares en cada uno de los países donde interviene.
Es claro que en el ajuste estructural que pueda incorporar el acuerdo con el organismo, se juega la suerte política de un gobierno que precisa, como agua, empezar a traducir alguna de las tantísimas buenas intenciones expresadas en palabras, en hechos concretos que le modifiquen la vida al conjunto de los argentinos.
*Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz
