El debate por el uso de los celulares desde las cárceles para organizar actividades delictivas y la utilización de inhibidores de señal para poder impedirlo se reavivó y generó un cruce de acusaciones entre el actual y el anterior secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia.
El actual funcionario, Héctor Acuña, lanzó la primera piedra al sostener que el gobierno de Omar Perotti “tomó la decisión política de sacar los celulares de las cárceles” ya que el Frente Progresista no tuvo la voluntad de instalar los dispositivos en los penales para impedir que los presos continúen con sus actividades criminales aun estando bajo la sombra de una celda.
La respuesta no se hizo esperar y Pablo Cococcioni, titular de esa secretaría en la anterior gestión, recordó que «luego de que se sancionó la ley nacional en 2017 prohibiendo que los reclusos utilicen celulares en las cárceles, la provincia avanzó en la compra de inhibidores de señal, lo cual nos valió un serio conflicto con la autoridad nacional de aplicación (Enacom), que llegó a ordenar el apagado de uno de los dispositivos”.
En declaraciones a LT8, Acuña abundó en su denuncia pública: “No hubo voluntad política de imponer inhibidores de señales de celulares. Además hubo defensa legislativa en la Cámara de Diputados porque se opusieron a un proyecto para instalar ese sistema”.
Luego de acusar la “falta de voluntad política” del Frente Progresista, señaló que en los primeros 40 días de gestión “se han incautado por lo menos 500” celulares en las cárceles.
“Esta es una situación que la Justicia no puede negar. No tengo la menor duda de que cualquier fiscal podrá hacer una alta ponderación de nuestra gestión, si la compara con la anterior”, remarcó Acuña.
Por su parte, el ex secretario de Asuntos Penitenciarios Cococcioni también redobló la apuesta sobre el número de incautaciones: “La cantidad de celulares cuyo secuestro anuncia la actual gestión, es inferior al de unos meses atrás, cuando se encontraba aún el anterior gobierno y muy inferior en promedio a los 6.000 que se secuestraron en 2019, los cuales se pusieron a disposición de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de bienes y derechos patrimoniales (Aprad) para su subasta”.
Volviendo a la cuestión de los inhibidores de señal, indicó: “La prohibición de que los reclusos utilicen celulares en las cárceles, con la consiguiente autorización para instalar inhibidores de señal, data de mediados de 2017. Se trata de leyes nacionales, cuyo dictado por las provincias sería inconstitucional”.
“Ya algunos años antes, y sin norma expresa que lo habilite, la provincia de Santa Fe avanzó en la compra de inhibidores de señal, lo cual nos valió un serio conflicto con la autoridad nacional de aplicación (Enacom), que llegó a ordenar el apagado de uno de los dispositivos”, dijo Cococcioni en referencia al gobierno nacional de Cambiemos.
“Acusar a la anterior gestión de no tener voluntad política para instalar inhibidores de señal es cosa de ignorante, y hablar de la supuesta decisión política de la gestión actual es una caradurez. Por supuesto, existen falencias y cuestiones pendientes, de los que deben ocuparse ahora para continuar mejorando. Cuentan para ello con recursos materiales y humanos, que desearíamos haber heredado nosotros en el 2007 cuando los presos se amontonaban uno encima de otro en comisarías atestadas, con policías ocupados en cuidar detenidos en vez de estar patrullando las calles”, concluyó Cococcioni.
La disputa pública se reactivó luego de que en una audiencia imputativa por la balacera del Centro de Justicia Penal del pasado 3 de enero, el fiscal Matías Emery señaló a Fernando Figueroa y Orlando “Toro” Escobar haber organizado ataques contra edificios institucionales por orden del líder de la banda de Los Monos, Ariel “Guille” Cantero, quien cumple cuatro condenas y en dos de ellas fue sentenciado por delitos cometidos desde prisión, vía telefónica
