Ante el nuevo aumento de las tarifas de telefonía celular anunciado por las empresas que operan en el país, desde la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor de Rosario pidieron que se apliquen cambios en el marco regulatorio a la vez que insistieron en que la prestación sea declarada servicio público. Asimismo exigieron que, con las actuales herramientas, el Estado facilite la apertura a la competencia que “coadyuve al ingreso de nuevos operadores y donde la portabilidad numérica, que en tal sentido juega un rol preponderante, se aplique de una vez por todas”.
“Hoy nuevamente las empresas de telefonía, que tienen suculentas ganancias, vuelven a aumentar sus tarifas y, como se puede apreciar, se van turnando. Por ejemplo, Claro, que no había producido modificaciones de costos en el último semestre como lo hicieron Movistar y Personal, ahora se despacha con un incremento promedio del 10 por ciento en febrero; y Movistar, cuya última alza fue en agosto 2010, anunció incrementos desde enero del 5 por ciento, 15 por ciento y hasta el 24 por ciento. Telecom ya actualizó sus costos en octubre 2010”, indicó un comunicado de la Oficina Municipal, que en otro tramo aseguró que “la alta concentración en tan sólo tres proveedores principales –dos de los cuales, asociados, tienen casi el 70 por ciento del mercado–, la penetración en la mayoría de los hogares, la cantidad de usuarios –que en casos se ha tornado un elemento imprescindible– y los incrementos que en el último año superan ampliamente el 40 por ciento, ameritan cambios”.
Según indicó Néstor Trigueros, titular de la Oficina de Defensa del Consumidor, el problema está centrado en la normativa vigente, la resolución Nº 490/97 emitida por la Secretaría de Comunicaciones, que no le da al Estado “la potestad de efectuar los controles tarifarios ni el llamado a audiencia pública para autorizar las subas”.
“Sólo existe, en forma complementaria, la iniciativa de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) que ha girado a distintas asociaciones un borrador de consulta porque pretende mejorar la calidad, la precisión informativa y la atención a los clientes para finalmente desde la Secretaría de Comunicaciones dictar una resolución oficial”, detalló Trigueros. Y continuó: “Entre las medidas que se han sugerido se encuentra la obligación de que los centros de atención telefónica sean personalizados las 24 horas, todos los días y de manera gratuita, como también implementar un sistema de medidas del nivel de calidad y la elaboración de un mapa de clientes, zonificado y actualizado y un detalle de la cantidad de líneas en servicio”.
La Oficina de Defensa del Consumidor elaboró un informe con el que “se pretende mostrar la notoria debilidad como usuarios frente al poder de las prestadoras en torno a su fortaleza económica”.
En tal sentido, un cuadro comparativo muestra la cantidad de líneas en servicio que poseen las empresas, muchas de las cuales están en desuso pero los usuarios las mantienen como respaldo y no les dan de baja. “En su inmensa mayoría estas líneas activas sin uso no generan costos por tratarse de prepagas”, aclara el informe.
Así, según el relevamiento efectuado al 30 de junio del año pasado, Claro cuenta con 18.200.000 líneas; Movistar, 16.400.000; Personal, 15.300.000 y Nextel, 1.250.000. La suma da un total de 51.150.000 equipos móviles en poder de los usuarios, de los cuales se estima que 34 millones están en uso activo. Además, se calcula que más del 12 por ciento de las personas tienen dos o más líneas en uso.
“Sumados los servicios de las empresas Movistar, Personal, Claro y Nextel, a través de la telefonía móvil se producen por mes 6.000 millones de mensajes de texto y 4.700 millones de llamadas”, añadió Trigueros.
El informe hace hincapié también en los planes que ofrecen las empresas. En tal sentido, destaca que “contrariando las reglas de la economía, el 90 por ciento de los clientes elige sistemas prepagos (tarjeta) y el 10 por ciento restante opta por sistemas pospago (abono combinado o libre)”. Y va más allá al realizar un comparativo de costos entre el sistema prepago (tarjeta) y pospago (abono): una llamada mediante la primera modalidad cuesta 0,60 centavos en promedio contra 1,60 peso para quienes recargan tarjetas. La diferencia también se marca con los mensajes de texto: 0,25 centavos contra 0,48 centavos.
La Oficina Municipal de Defensa del Consumidor elaboró una lista con los principales reclamos que recibe de parte de los usuarios de telefonía celular. Entre los más comunes figuran: baja calidad y cobertura de señal en determinadas zonas y cláusulas abusivas e inequidad contractual (reserva de cambios a las condiciones pactadas en forma unilateral a favor del proveedor). También aparecen obstáculos injustificados para la baja: lo más común es esgrimir existencia de deudas (las prestadoras cuentan con medios legales para perseguir el cobro, por lo que negar el derecho a la baja hasta que no se abone la totalidad de lo adeudado es apartarse de la norma) y una actitud de resistencia por parte de los telemarketers con variadas y estudiadas justificaciones y largas esperas en cola de llamados.
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