“En Estados Unidos un abono de dos mil minutos libres cuesta 75 dólares, es decir, 315 pesos, son 33 horas, 20 minutos, casi una hora por día. Eso a nosotros nos cuesta 3.600 pesos, y allá las empresas no pierden”, resumió el fundador dela ONG ConsumidoresLibres, Héctor Polino, ayer en la audiencia pública realizada en el aula magna dela Facultadde Derecho y que tuvo como anfitriones al diputado Carlos Comi y el senador Rubén Giustiniani, autores del proyecto para que la telefonía celular sea un servicio público.
“La telefonía celular debe ser un servicio público como respuesta a una realidad. Si la telefonía fija, donde hay 8 millones de líneas es servicio público, tiene que serlo también la telefonía móvil que tiene entre 40 y 50 millones de celulares en actividad. Con el correr del tiempo vimos una estrategia de las empresas: en los barrios pobres ya no se colocan teléfonos fijos, porque les dicen que hay problemas de antenas. Hay una estrategia de congelar la telefonía fija y avanzar con los celulares, porque es una actividad desreguladas”, apuntó el senador rosarino.
La idea de los legisladores es llevar la audiencia pública por todo el país; la primera se realizó el pasado 28 de septiembre en el Senado, convocada por las comisiones de Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Derechos y Garantías. De la audiencia de ayer participaron Néstor Trigueros dela Oficina Municipalde Defensa del Consumidor; Ariel Caplan, abogado en derecho administrativo y telecomunicaciones; Pedro Busetti, presidente de Deuco; Carlos Hernández, porla Facultadde Derecho dela UNR, y representantes dela Uniónde Usuarios y Consumidores. También estuvo la especialista en derecho civil Noemí Nicolau y representantes de las ONGLa Comunay Adecua.
Giustiniani es autor de un proyecto de ley para declarar servicio público a la telefonía móvil, actualmente en estudio en el Senado nacional. El proyecto, presentado en diciembre de 2010, “garantiza el acceso de los ciudadanos a servicios de telefonía móvil eficientes, de acuerdo a los estándares aceptables con la tecnología actual, con tarifas justas y razonables, y con estricto cumplimiento de las obligaciones pactadas dentro de los contratos de servicio por parte de las empresas prestadoras del servicio”, explicó el legislador, quien aseguró que “hoy es más rápido un trámite de divorcio que salir de una empresa de celulares…”.
El ex diputado Polino expuso cifras contundentes: “Hay un promedio de 21 teléfonos fijos por cada 100 habitantes, y en lugares más pobres como las provincias del norte hay 9 por cada 100. Las ganancias que tienen las empresas de celulares son infinitamente superiores a la telefonía fija. Telecom tiene a Personal y Telefónica con Movistar; estas empresas, el 70 por ciento de los ingresos que tienen es por el servicio móvil, y ya no es negocio para ellos la telefonía fija. Estas tres empresas que concentran el mercado, Personal, Movistar y Claro, terminan siendo un oligopolio privado prácticamente sin competencia. Se ponen de acuerdo con los aumentos y suben las tarifas como quieren. Cuando a fin de año uno mira sus aumentos, no tienen nada que ver con la inflación anual”.
Para Giustiniani uno de los puntos salientes es imponer ganancias razonables: “La rentabilidad de estas empresas es excesiva, y es dinero que sale del bolsillo del usuario, que no puede elegir por la falta de competencia. Hay un mecanismo perverso, que cuando uno esta en una empresa prácticamente es imposible salir de ella. Es más fácil divorciarse que cambiar de empresa telefónica”.
