El 21 de junio pasado la científica argentina Virginia Aparicio tenía que publicar los resultados de su última investigación, que iban a revelar datos preocupantes: el hallazgo de agrotóxicos en sangre, orina y materia fecal de habitantes de pueblos fumigados en el sur de Buenos Aires. No pudo. Seis días antes recibió una carta de su superior, el director del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), quien le instruyó suspender la presentación del informe y le advirtió que analizaban su desempeño dentro del organismo porque el “mapeo biológico humano” no estaba dentro de su incumbencia institucional.
Para la comunidad científica se trató de “un acto artero de censura y persecución”, según denunciaron en un comunicado con cientos de adhesiones de organizaciones socioambientales, asambleas ciudadanas, movimientos campesinos, sindicales y los mismos vecinos que formaron parte de la investigación.
Además del comunicado presentaron un reclamo administrativo ante el Inta en el que solicitan que su director nacional, Carlos Alberto Parera, deje sin efecto la “decisión abusiva” que tomó al suspender la reunión informativa en la que Virginia Aparicio debía presentar los resultados biológicos de muestras tomadas a los habitantes de pueblos fumigados.
El argumento de la denuncia firmada por decenas de colectivos socioambientales es que el proyecto estaba aprobado y que las autoridades del Inta tenían bien en claro que el objetivo de la investigación era “evaluar el impacto de los agrotóxicos en la salud humana y los efectos adversos en plantas, animales y ecosistemas”.
Al respecto recordaron que el relevamiento biológico humano –realizado durante la segunda mitad de 2021– comprendió la búsqueda de agrotóxicos en orina, sangre y materia fecal de personas, además de la medición de la calidad del aire.
También señalaron que el trabajo censurado es parte del proyecto Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global (SPRINT) que fue financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea. Y que del proyecto SPRINT participan institutos de investigación de diez países europeos y Argentina con la participación del INTA.
El documento agrega que el procedimiento del muestreo cuestionado contó con la aprobación del Comité Bioética de Ética de la Investigación, del Programa Temático Interdisciplinario en Bioética (PTIB) dependiente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Mar del Plata” y que también fue revisado por pares y publicado en una revista científica.
“No hay nada que objetar. Lo objetable y repudiable es la censura y persecución del director nacional del Inta”, sostiene el comunicado.
En ese sentido advierten que se trata de una decisión “inaceptable” y de un “artero acto de censura y persecución”, cuyo único fin es ocultar la información que aporta el SPRINT “sobre los graves impactos de los agrotóxicos en las matrices ambientales y los cuerpos humanos en Argentina”.
Virginia Aparicio es ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del Conicet. Los resultados de su estudio son preocupantes porque detectaron en sangre, orina y materia fecal 20 agrotóxicos (entre principios activos y metabolitos) por un total de concentraciones de 149,13 microgramos por litro–kilo, medida publicada en la última edición de Postpandemia, la revista de Naturaleza de Derechos.
Los análisis de la investigación fueron realizados en personas que viven en localidades fumigadas del sur de Buenos Aires con algún tipo de actividad agraria. Además de tomar muestras de material biológico humano, a esas personas se les aplicó una pulsera durante una semana para captar las sustancias existentes en el aire que respiran en el entorno cotidiano. Luego, esas muestras se analizaron en universidades europeas.
La censura de esos resultados impide que se difunda “la fotografía tóxica de los cuerpos humanos evaluados en el SPRINT” que, según denuncian los colectivos socioambientales de todo el país, podría ser una réplica de cualquier persona que viva en un pueblo fumigado de la Argentina.
Ante ello, la presentación administrativa a las autoridades del Inta no sólo menciona censura y persecución. También advierte que en su accionar, el organismo nacional viola el Acuerdo de Escazú, por el cual la Argentina asumió la obligación de garantizar la divulgación de forma inmediata y por los medios más efectivos de toda la información relevante que se encuentre en su poder y que permita a la comunidad tomar medidas para prevenir o limitar eventuales daños.
Se trata de sustancias peligrosas que se alojan en el organismo de forma silenciosa pero tienen capacidad de generar daño genético, cáncer, disfunciones en el sistema nervioso, poseen efectos neurotóxicos y pueden funcionar como alteradores hormonales.
¿Coincidencia?
La nota del director nacional del Inta para suspender la presentación del informe sobre la presencia de agrotóxicos en cuerpos humanos fue enviada el 15 de junio y difundida un día después. Es decir, se conoció el 16 de junio en coincidencia con el día de la Ciencia Digna que se conmemora en homenaje al médico argentino e investigador del Conicet Andrés Carrasco, quien fue ferozmente perseguido a partir de 2009 cuando quiso dar a conocer un trabajo que revelaba los efectos devastadores de los agrotóxicos y las fumigaciones con glifosato sobre la salud.
