Buena parte de la millonaria deuda que agobia las finanzas de Rosario Central tiene origen judicial. Es más, según la auditoría que presentó días atrás la empresa Price Waterhouse, existen reclamos que superan los 40 millones de pesos. Y más allá de de la veracidad o la razón de cada demanda presentada, algo que tendrá que dictaminar en su momento la justicia, la cifra descubre el desorden y el desmanejo al que fue sometido el club durante los últimos gobiernos. Es que si bien la auditoría marca que la deuda auriazul ronda los 86 millones de pesos, si se contempla el total de lo que se reclama por vía judicial, el número se acerca a los 110 millones de la misma moneda. Y aunque por ahora la atención del socio y del hincha canalla está centrada en la cuestión futbolística y la necesidad del regreso del equipo profesional a la primera división, la falta de una política adecuada para resolver este problema puede generar grandes inconvenientes financieros en el corto plazo.
Los distintos reclamos, especialmente los más importantes en cuanto al monto, involucran a personas conocidas por haber desempeñado cargos en el club. Entre las causas laborales, aparecen los nombres de Leonardo Astrada y de Carlos Ischia. Tras ser despedidos unilateralmente, los entrenadores deberían cobrar como indemnización una cifra que supera los dos millones de pesos, unos 500 mil dólares.
El Negro Astrada y su cuerpo técnico de entonces (Hernán Díaz y el profe Gabriel Macaya), demandaron a Central por incumplimiento de contrato en una cifra que ronda los 2.200.000 pesos. Y la previsión de este juicio (NdR. el dinero que se estima habrá que pagar para resolverlo) ronda el millón y medio.
Algo similar ocurrió con Ischia, aunque su demanda no incluye a sus colaboradores (NdR. el resto del cuerpo técnico lo hizo en forma individual). El reclamo de Ischia, también por incumplimiento, fue de 320 mil pesos, y la previsión ronda los 450 mil. A esta cifra habría que sumarle más de 110 mil pesos que exigen sus colaboradores, Ángel Celoria y el profe Diego Rouse.
En este mismo rubro aparece el caso de un ex jugador, Roberto Acuña. El Toro, de efímero paso por el club y casi sin haber sumado minutos en cancha, reclama unos 450 mil pesos, que están previsionados casi en 600 mil de la misma moneda.
Y también sobresale, por el monto, la demanda del doctor Carlos Lancelotti. El reconocido facultativo de la ciudad, que fue médico del plantel profesional auriazul durante un par de temporadas en uno de los gobiernos de Pablo Scarabino, reclama el pago de unos 560 mil pesos por trabajo en negro, según consta en el expediente al que accedió este diario. Y La previsión de este litigio ronda los 780 mil pesos.
Dentro de las causas civiles y comerciales se destacan, también por el monto, dos reclamos de Juan Carlos Silvetti. El representante futbolístico, que en su momento manejó los destinos de varios jugadores auriazules de la primera división, solicita el pago de unos 4 millones de pesos por reconocimiento de gestiones en distintas operaciones o transferencias de futbolistas, que está previsionado según la auditoría de Price en poco más de 3.300.000 de la misma moneda. Pero Silvetti también demandó a Central por daños y prejuicios en casi 20 millones de pesos. El reclamo del empresario, que está previsionado en casi 7 millones de pesos, tiene que ver con la pérdida de la representación de varios jugadores del plantel profesional (NdR. Milton Caraglio, Lucas Moya, Damián Díaz, Hernán Galíndez, Franco Valori, Emanuel Herrera y Emanuel Serra). Este hecho derivó en causas penales, en las que estuvo involucrado el actual presidente, Norberto Speciale. En su momento, a mediados de 2008, Horacio Usandizaga obligó a estos jugadores a cambiar de representante para seguir en el club, y uno de los interlocutores del Vasco fue Speciale. Esta medida, que fue acatada por los futbolistas, generó la millonaria demanda de Silvetti, que aparece como la más abultada dentro del área judicial.
También dentro de lo civil y comercial aparece el reclamo del abogado Sergio Martyniuk, quien es actualmente es abogado del ex presidente Pablo Scarabino y lo fue en su conflictiva vuelta al club tras una licencia. Martyniuk solicitó regulación de honorarios profesionales, por sus servicios brindados al club en casi un millón de pesos, asesorando justamente en la compleja causa Ángel Di María y otras gestiones. Y la previsión de esa demanda está estimada en más de un millón 300 mil pesos.
En esta área también se anotan con reclamos por incumplimientos contractuales los clubes Juan XXIII de Rosario, que pide 400 mil pesos, y Combate de San Lorenzo (NdR. este último por la transferencia de Marco Ruben), que demandó a los auriazules en dos millones 800 mil pesos.
Y también en este rubro aparece Masterdraft , una empresa de marketing que trabajó con el club durante los primeros meses de la gestión de Horacio Usandizaga, cuyo reclamo supera el millón de pesos. Además, por esos días se firma contrato con la empresa Sportifive, justamente esta ligada a la marca Puma (Unisol S.A.), la cual hoy, irrisoriamente, sigue vinculada al club pero no abona canon alguno por el descenso de Central.
Además, existe una deuda con la AFIP y DGI, que está por encima de los dos millones y medio de pesos.
Sin perjuicio de todo ello, es para considerar que para muchos casos civiles y comerciales que corresponderían a los Recursos de Revisión sobre Créditos pretendidos en el Concurso Preventivo. Un ejemplo es el del ex jugador del club Juan Antonio Pizzi, caso por el cual en la auditoría de Price no se estableció contingencia.
Todo este panorama genera mucha incertidumbre respecto del futuro económico y financiero de la institución. Así lo hicieron saber públicamente durante este último tiempo el tesorero Macías y el pro tesorero Miguel San Martín. Tanto es así que esta crítica coyuntura podría obligar a extremar recursos o recurrir a los propios para hace frente a los pasivos. Especialmente si el equipo no consigue el ascenso a primera división, lo que permitiría revalorizar jugadores y recibir un dinero más importante de AFA por los derechos de televisación. Por lo tanto, la toma de decisión oportuna y razonada de cómo afrontar este problema parece tan prioritaria como urgente.
