Luego del fallecimiento de una niña y la internación de otros seis menores de edad por intoxicación con plomo a comienzos del año, el Juzgado Federal de Rafaela, provincia de Santa Fe, ordenó hoy la relocalización de tres familias que habitaban un asentamiento de la localidad de Ceres ubicado en donde antes funcionaba una fábrica de baterías para vehículos y regeneradora de ese elemento químico.
La decisión se produjo en consonancia con lo requerido ayer por la fiscalía federal de esa jurisdicción, a cargo de Jorge Gustavo Onel, que había solicitado tanto la evacuación como la clausura del predio al formalizar una investigación preliminar (IP) iniciada para determinar la presunta comisión de delitos previstos en la Ley de Residuos Peligrosos.
La IP del Ministerio Público Fiscal fue iniciada el 26 de enero, luego de tomar conocimiento, a través de medios de comunicación, del fallecimiento de una niña de 2 años de edad, y la internación de otros seis en diversos centros hospitalarios santafecinos.
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La hipótesis barajada es que el producto químico habría llegado al organismo de los pequeños debido a que sus familias habitaban un predio en donde funcionaba una fábrica conocida como Cerplac, que habría pertenecido a la firma Nesaglo S.A, dedicada a la producción de baterías para vehículos.
Esta tarde el director del Hospital Alassia de Santa Fe se presentó en la sede de la fiscalía y acompañó la historia clínica de la niña fallecida, de la cual surge que, independientemente de los estudios que aun se encuentran pendientes relacionados con las causales de la muerte, existe un informe de laboratorio correspondiente a una muestra de sangre extraída el 4/1/2021, que arroja 1.98 mg/l de plomo en sangre, la más elevada de todos los casos constatados. Ese informe fue inmediatamente remitido a la causa.
En este marco, la fiscalía inició una investigación penal para determinar “quienes con su acción o bien su omisión, llevaron a cabo o permitieron la afectación de tan preciado bien jurídico como la salud individual, y la posible afectación de la salud pública en general” que llevaron a la muerte de la niña y la internación de los otros menores de edad, mediante la intoxicación del producto químico.
En este sentido, la fiscalía enfatizó sobre quienes vivían en la fábrica abandonada la “situación de vulnerabilidad y victimización frente a un delito medio ambiental»; y reparó en que «la salud pública en general es un bien jurídico de jerarquía suficiente para proceder» a la clausura resuelta hoy por el juzgado.
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El Ministerio Público Fiscal señaló que, según las publicaciones periodísticas, la Municipalidad de Ceres habría iniciado un proceso de relocalización de las personas que vivían allí. En ese marco se ordenaron una serie de diligencias probatorias tendientes a constatar esa y otras informaciones. Así, también se incorporó a la pesquisa un decreto que declaraba no apto el establecimiento para ser habitado.
Al formalizar la IP ayer, Onel había señalado que «se ha constatado la intoxicación con plomo en al menos seis menores de edad que habitaban en el predio, y que las constancias probatorias hasta el momento recolectadas, ponen en evidencia, en grado razonable, una clara relación de causalidad entre ambas circunstancias». Asimismo, restan conocerse los resultados de casi una decena de otros estudios.
