En diálogo con la prensa, la funcionaria argentina que encabeza la representación argentina ante la Corte Internacional de Justicia explicó que si bien no puede especular con al decisión del tribunal, «la Argentina demostró la violación del Estatuto por parte del Uruguay, y la influencia de la pastera en el ecosistema del río y las zonas adyacentes».
«La Argentina pretende que Uruguay cumpla el tratado binacional, porque si cada país va a tomar decisiones basadas en la soberanía, el Río Uruguay no tiene futuro», aclaró al referirse al punto central del fallo que se conocerá el próximo 20 de abril a las 15 (10 de Argentina).
Cerutti estuvo acompañada por el director del Instituto de Servicio Exterior, Horacio Basabe, quien participó de la creación del Estatuto del Río Uruguay, que data del año 1975, y quien explicó que «Argentina siempre se ha sometido al Tratado», e incluso contó que se desistió de la creación de una represa en los años 80 por el rechazo uruguayo.
Asimismo, la Consejera Legal del ministerio de Relaciones Exteriores manifestó que la Argentina demostró en innumerables oportunidades la voluntad de alcanzar un acuerdo con Uruguay por la instalación de las pasteras Ence y Botnia en las márgenes del río Uruguay.
«Al ver que el objetivo de Uruguay era no respetar el Estatuto y traer al río todas las empresas de celulosa, no quedó otra alternativa que presentar el caso ante la Corte de la Haya», explicó Cerutti al recorrer el conflicto desde la perspectiva argentina.
Sobre la posibilidad que mencionaron fuentes del gobierno oriental, de reformar algunos tratados binacionales, entre los que se encontraría el del Río Uruguay, Cerutti señaló que «no hay necesidad de modificarlo, sino de lograr que se cumpla”.
Entre los argumentos más fuertes que expuso el gobierno nacional ante La Haya, y que no alcanzó para que la Corte Internacional de Justicia dictará una medida de no innovar cuando la pastera era casi un proyecto, la embajadora mencionó el artículo 7 del estatuto binacional.
Allí, ambos países acordaron que «la parte que proyecte la construcción de nuevos canales, la modificación o alteración significativa de los ya existentes o la realización de otras obras de entidad suficiente para afectar la navegación, el régimen del río o la calidad de sus aguas, deberá comunicarlo a la Comisión”.
En el Estauto está especificado que «si el proyecto puede producir perjuicio sensible a la otra parte” tiene obligación de efectuar la consulta a la contraparte por el uso del recurso natural en común, y según los informes presentados al tribunal en julio de 2009, la pastera Botnia emite algunas sustancias contaminantes, lo que ya «modificó el ecosistema».
Desde la apertura de Botnia, la secretaria de Medio Ambiente realizó estudios sistemáticos del agua, las especies y el ecosistema del Rio Uruguay, y este sería otro de los puntos que puede definir el tribunal de la Haya, lo que podría determinar el desmantelamiento o la reubicación de la pastera.
La delegación argentina que viajará en las próximas semanas a La Haya, para la lectura del fallo de la Corte Internacional, estará encabezada por los embajadores Susana Ruíz Cerutti y Horacio Basabe.