Durante una conferencia de prensa en la sede del sindicato de los mecánicos Smata, la CGT junto a dirigentes de organizaciones sociales, sindicatos, organismos de derechos humanos y su hermana CTA confirmó una movilización –que los organizadores adelantan multitudinaria– hacia el Congreso Nacional para el próximo miércoles. Será para expresar un contundente rechazo a la llamada ley Bases, en su segunda versión, que ese día tratará el Senado tras la media sanción en Diputados.
“Es una necesidad y una obligación estar el día miércoles rechazando esta ley Bases que destruye a las industrias. Va a destruir a los transportes y los trabajadores vuelven nuevamente a pagar Ganancias”, sostuvo uno de los titulares de la central Obrera, Pablo Moyano.
De la conferencia de prensa participó el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, los secretarios generales de Smata, Ricardo Pignanelli, y de La Bancaria, Sergio Palazzo, la referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Taty Almeida y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, entre otros.
Yasky afirmó que «habrá un acto que contará con presencia de todos los sindicatos”. Y centró críticas en el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (Rigi, contenido en las Bases): “Ata a nuestro país a condiciones que le van a significar un perjuicio a futuro por casi 30 años”. Siguió con el capítulo, que aunque lavado respecto del original igualmente preocupante para los trabajadores, de la reforma laboral: “es absolutamente regresiva, un retraso, un regreso a las políticas de los 90», señaló.
Taty Almeyda, quien habló como representante de la mesa de organismos de derechos humanos, declaró en sintonía: “Si esa ley se aprueba, sabemos la consecuencia que va a tener. Tenemos que ser miles y demostrar con hechos, no con las intenciones, que estamos unidos y que no vamos a bajar los brazos”.
En este contexto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió que se aplicará su caballito de batalla, el protocolo antipiquetes, que en ocasiones como la marcha en defensa de la educación pública del 23 de abril pasado brilló por su ausencia ante la masividad de esa convocatoria.
“Hay una decisión política muy fuerte: las calles están para circular y las plazas para movilizar. Como siempre, va a haber protocolo y no van a poder cortar calles”, repitió la ministra en declaraciones periodísticas.
El que le respondió fue Moyano. La concentración del miércoles, dijo, “es la continuidad del plan de lucha que en su momento la CGT lanzó allá en diciembre cuando se movilizó a Tribunales”. Luego, calificó a Bullrich como una “provocadora serial” que “está incitando a la violencia”. Y agregó: «Cuando tiene miles de trabajadores en la calle no sabe que hacer».
«Va a ser una marcha masiva y pacífica. En todas las marchas que hemos hecho no hubo un incidente. Nosotros vamos a salir a defender nuestros derechos, eso no quiere decir que vamos a romper nada ni a provocar nada», recalcó el líder de la CGT. Y chicaneó a la ministra: «Que se quede tranquila la terrorista que metía bombas en los jardines de infantes, como le decía el presidente (Javier Milei)».
Antes, el secretario general de la Asociación Bancaria y diputado nacional Sergio Palazzo estimó que la del miércoles será una concentración “multitudinaria” y consideró que “así como levantaron una ley Bases del Congreso porque empezaron a perder la votación (en la primera versión), ojalá el calor del pueblo trabajador en la calle los haga retroceder a aquellos que están prestando los votos”.
El dirigente bancario adelantó al respecto: “Lo vamos a lograr una vez más aunque esto parezca un infierno”, en referencia a un posible rechazo que genere el regreso del proyecto de ley de Javier Milei a la Cámara de Diputados. Y llamó a “dar la lucha para dar vuelta la triste historia que hoy nos toca vivir”.
El miércoles, final abierto: rechazo o regreso a Diputados
La vicepresidenta y presidenta provisional del Senado, Victoria Villarruel, convocó a la sesión en el Senado para tratar la Ley Bases y el paquete fiscal el pasado jueves. De aprobarse en la Cámara alta ambas normas, serán con modificaciones, y tendrán que volver a Diputados.
Después de negociaciones con la oposición dialoguista, el Gobierno logró llevar al recinto los dos megaproyectos de ley que considera centrales para la gobernabilidad. Sin los consensos necesarios y con la férrea oposición de Unión por la Patria, se vieron obligados a ceder pretensiones y aceptar cambios para lograr dictamen en el Senado. En eso intervinieron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la propia Villarruel.
El oficialismo tuvo que aceptar retoques, entre otros, en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi) y en la Ley de Contrato de Trabajo. Otro de los cambios tuvieron que ver con el retorno de la cuarta categoría de Ganancias en el apartado fiscal que engrosaría la masa coparticipable: en el texto que llegará al recinto habrá un piso más alto para las provincias patagónicas que el que aprobó Diputados.
