Por Luciana Mignoli, Laura Guarinoni, María Florencia Alcaraz, Sandra Míguez y Laura Salomé Canteros
Una noticia puede ser sinónimo de olvido. Susana Álvarez murió el martes pasado tras padecer décadas de violencias, dolores y exclusiones. No era una mujer anónima ni una víctima más. Ninguna lo es. Su hija Giuliana (foto superior), de 13 años, fue asesinada por un policía en un hotel céntrico del Chaco en 2017, hecho que salió en la primera plana de todos los diarios y portales provinciales vociferando la primera versión: la policial. Susana, tras padecer las agresiones machistas de parte de su ex, un día decidió rescatar a sus hijes y huir con menos que lo puesto. Sin embargo, en las crónicas urgentes, allí donde el periodismo macho hegemónico se confunde con la naturalización de las injusticias, cabe recuperar las historias de vida y señalar las complicidades que perpetuán la impunidad en un femicidio que causó más que una muerte.
El femicidio de Giuliana fue el 14 de julio de 2017 y se trató de un suceso noticioso provincial que ningún medio ignoró. La mayoría de las coberturas lo contaron de esta manera: una niña de 13 que «murió» de «un balazo» en un «hotel» con «su pareja», un «policía de la ciudad de Buenos Aires». Meses después, el Encuentro Nacional de Mujeres (ENM), Lesbianas, Travestis y Trans en esa provincia fue, una vez más, el evento de organización feminista históricamente más invisibilizado en las coberturas. Para Susana, madre de Giuli -y para algunas pocas activistas feministas que la acompañaron- fue una oportunidad para gritar ante la sociedad chaqueña que el nombre de su niña no debía ser olvidado.
Un femicidio se clava en la vida familiar como una estaca. Un mes antes del ENM, Nicolás, hermano de Giuli, se suicidó porque no pudo superar el duelo. Tenía 17 años. Sin embargo, ante la muerte de Susana, hace días, lo que falta en los medios es la denuncia. Susana tenía 53 años y tras su muerte, dos de sus hijos de 10 y 14 años están a cargo de Agustín, el mayor, de 21 años. Agustín es hijo de su primera pareja, con quien tuvo tres hijos. Luego se separó y formó pareja con Cristian Solís, un agresor con quien tuvo cuatro hijes y de quien debió huir junto a sus niñes. Pero el círculo de violencias la persiguió, sumándose la pobreza, la exclusión, el trabajo esclavizante, la falta de políticas públicas y las consecuencias de este sistema de crueldad sobre su cuerpo, subjetividad y salud.
El femicidio de Giuliana quedó a cargo de la fiscalía de Investigación Penal N° 3, cuya titular era Carmen Scarpín (actualmente a cargo de Rosana Soto) quien cerró la causa que se caratuló como “femicidio seguido de suicidio”. No hay ninguna causa abierta en un Juzgado de Faltas para inhabilitar el hotel. La causa de la muerte de Nicolás -que estuvo a cargo de Ingrid Wenner de la Fiscalía N° 1- fue resuelta como suicidio. Por eso hoy, lo más importante es el resguardo de los niños de Susana. La escucha y el respeto por sus elecciones se deberían activar, al menos como reparación de tanta injusticia. Sobre todo cuando para muchas familias quebradas por la violencia machista corre, de parte de operadores/as del poder judicial, la revinculación con los agresores. Una vivienda propia podría ser una respuesta estatal después de tanta ausencia.
«¿Cuántas niñas ingresan al hotel Alfil en un año?»
Esta frase pudo leerse en pegatinas para recordar el femicidio de «Giuli» en manos del policía Sánchez. Interpeló directo a la naturalización de que una niña de 13 años ingrese, sin más, a un hotel acompañada de una persona adulta, integrante de una fuerza represiva, que la contactó engañándola a través de un perfil falso en Facebook. Para las organizaciones de mujeres y disidencias, las historias de Elizabeth, Nicolás y Susana no son invisibles sino sintomáticas y le ponen nombre al odio social. Durante el Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en octubre de 2017 en la provincia, apenas tres meses después del asesinato de la niña, se realizó una intervención al hotel. «Guili» estuvo presente, una acción de visibilización que en ese momento le sacó una sonrisa a su madre, Susana.
Tati Cabral es escultora y trabaja en el Museo por la Memoria. Junto a otras artistas se organizaron, armaron un colectivo y comenzaron a realizar intervenciones, pegatinas y a ponerle nombre a las niñas y mujeres asesinadas por el odio machista. Ella recibió el llamado -ayer por la tarde tras la muerte de Susana- de parte de la gobernación en el que le preguntaron «cómo pueden ayudar» y pensó en responderles: «ya es demasiado tarde». Tati formó parte de la Comisión Organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres y acompañó a Susana, desde la amistad, participando en acciones de visibilización del femicidio de «Giuli». La conoció buscando hacer «algo real», y lo hizo junto a otras desde el área de Cultura del ENM, espacio que utilizaron para acercarse como pares. Le preguntaron qué necesitaba y le consiguieron algunos apoyos, sobre todo económicos. Sabían que Susana venía de padecer múltiples violencias de parte de su ex esposo y que sus hijes eran su mayor tesoro. «La apoyamos desde la amistad, yo la veía todo el tiempo», contó Tati. «Ella decía que nadie la entendía mucho, pero nosotras nos entendimos enseguida porque yo también perdí una hija».
Susana, como la mayoría de las mujeres al frente de los hogares, si no trabajaba no cobraba. Entonces, aún si enfermaba, seguía trabajando. «Hace un mes cayó por una neumonía en la guardia del hospital», contó Tati, «no había camas y la mandaron a su casa por la falta de recursos, con los estudios y los antibióticos», recordó, «y ahora falleció. No podía respirar y le dio un paro. Tendrían que haberla dejado internada, pero a la vez, ella no se hubiera quedado porque vivía al día».
«En el Chaco no existe el sistema de justicia para las mujeres», afirmó Charo Alcire, activista popular, «las mujeres reclamamos derechos laborales, propios de nuestra existencia y vida y son desoídos por los distintos gobiernos» y por este «sistema patriarcal», agregó. «Por eso, la lucha feminista vino a decir que el gobierno se nos llevó a tantas mujeres», «son quienes soportan la existencia de las redes de trata», porque «se sabe, en el Chaco profundo las pibas se fueron y nunca más volvieron». Para la militante, la historia del femicidio de Giuliana es un ejemplo del entramado de violencias y complicidades: «en el hotel Alfil a la Giuli se la llevaron y la mataron. El femicida vino desde Buenos Aires, atravesando miles de kilómetros para cometer ese hecho horrible de pegarle un tiro y dejarla tirada. A las horas limpiaron la habitación y la alquilaron a otro pasajero». Para ella, los gobiernos provinciales y municipales son responsables, «tienen que cargar sobre sus hombros que a nuestro juicio, son patriarcales; y que de la mano con la justicia, esconden las realidades que vivimos las mujeres».
«Hasta hoy no se puede saber, con certeza, quienes son los dueños del Hotel Alfil», agrega Alcire. El encubrimiento señalaría que son personajes vinculados al poder político, aunque figure como titular un tal «Armando Alvarenga». «Susana, la mamá de Giuli se nos fue en medio de una profunda tristeza y enfermedad. Ella no tuvo las respuestas que tenía que tener de parte de la justicia ni el castigo hacia quienes hicieron posible que una niña sea asesinada dentro de un hotel», declaró la activista. «Las mujeres en Chaco tenemos garantizada la muerte. Es lo único que tenemos. Lo vemos con los femicidios y con las pibas que no regresan. Pero solo con la lucha feminista vamos a avanzar y exponer estas realidades, porque estamos viviendo en una tierra que no es segura. Para los poderosos hay garantía de impunidad y para nosotras sigue reinando la injusticia».
En el femicidio de Giuli cabía una investigación a fondo en la búsqueda de los responsables. La respuesta de la justicia tradicional es insuficiente: ¿cuándo el femicida se suicida las responsabilidades penales se terminan? «Estando ahí el agresor muerto, principal sospechoso de la causa no se siguió con la causa penal», afirmó Sofía Benítez de la Línea 137, línea de emergencia y seguimiento, «a la municipalidad y a un Juzgado de Faltas le correspondía inhabilitar el lugar, pero el hotel sigue abierto pese al femicidio. La parte de investigación de cómo entró la niña al hotel con un mayor nunca se hizo. Además, tampoco hubo una investigación dentro de la policía», agregó. Al igual que todas las que conocieron las múltiples vulneraciones de derechos, Sofía habla en voz colectiva: «en el momento del femicidio se acercó un abogado que nunca pudimos hacer que deje el patrocinio», contó, «nunca movió la causa. Creemos que nunca se investigó al hotel ni a la policía. Lo poco que le dijo a Susana es que el policía estaba todo golpeado. Se sabe públicamente que murieron por un disparo, pero no se sabe el estado de los cuerpos».
Luego del femicidio de Guiliana, se instaló en el debate público la regulación de la presencia de menores de edad en hoteles y moteles y dos concejalas de Resistencia, presentaron un proyecto de ordenanza para crear un registro de niños y niñas en hoteles de la ciudad, quienes sólo podrán ingresar con quienes tengan parentesco o vínculo comprobado. En la audiencia pública que se desarrolló este año, asistieron representantes de hoteles y moteles, quienes no presentaron ninguna posición y pidieron para presentar modificaciones que aún no fueron debatidas. En junio, se aprobó en la Legislatura provincial la Ley 3025-G que declara la Emergencia Social por Violencia de Género por dos años. Establece la creación de una “mesa institucional”. El gobernador Domingo Peppo dijo: “vamos a cumplir a rajatabla todos los puntos de la reglamentación para que verdaderamente sea una herramienta efectiva y que sirva para la erradicación de la violencia de género, que es una problemática demandante”. Sin embargo, la Ley se aprobó sin partida presupuestaria y hasta el momento no se convocó a la mesa con representantes de distintos sectores.
Uno de cada cuatro femicidios, con armas de fuego
Sánchez asesinó a Giuliana en el Hotel Alfil, ubicado en Santa María de Oro y Moreno, en pleno centro de Resistencia. En las crónicas urgentes es mencionado como integrante de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Era formoseño. Utilizó como arma femicida la 9 mm reglamentaria, que fue encontrada en la escena y que también usó para quitarse la vida. Las primeras personas en llegar al lugar tras la alarma de las y los empleados fueron el jefe de la Policía local, Ariel Acuña, quien rápidamente brindó a la prensa una versión de los hechos, y la fiscal Carmen Scarpin, quien ordenó las autopsias y las pericias para determinar si Giuliana fue violentada sexualmente.
Las investigaciones fiscales también abarcaron el rastro de las conversaciones -privadas- que mantuvieron vía Facebook, Sánchez y Giuliana. Es que el femicida habría incurrido además en el delito de grooming, actividad realizada por comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones u otra tecnología de transmisión de datos, para contactar a niñes o adolescentes con intenciones de cometer delitos de índole sexual. Acción que tiene la pena de seis meses a cuatro años, según el Artículo 131 del Código Penal. La palabra en inglés se podría traducir como «hacerse el novio». En el caso de Sánchez, habría utilizado una foto de perfil falsa para provocar el engaño primero y el encuentro con Giuliana después.
En Argentina, como en la mayoría de los países del mundo, las mujeres no son las usuarias ni compradoras de las armas de fuego: el 97 por ciento de los pedidos ante el Registro Nacional de Armas (RENAR) para convertirse en legítimos usuarios son varones. Los femicidios cometidos por policías fuera de servicio son producto del denominado “Estado policial”. Casi la totalidad de los policías, tras la jornada laboral vuelven a sus casas con el arma reglamentaria. La portación de armas durante las 24 horas y los 365 días del año se convierte en un peligro real para sus parejas o ex parejas. En la historia de Giuliana además debemos agregar el contexto de engaño a una niña.
De acuerdo a un informe del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), que fue presentado en el «Encuentro Regional Feminismos y Política criminal: una agenda feminista para la Justicia», el año pasado, la presencia de armas de fuego en una casa aumenta cinco veces la posibilidad de que una mujer sea asesinada por su pareja. El mismo estudio revela que uno de cada cuatro femicidios se produce con armas de fuego: es el medio elegido por los agresores. Le siguen los golpes, el apuñalamiento, quemarlas, estrangularlas. Un estudio realizado por la Policía Montada de Canadá demostró que la política de limitar el porte de las armas de dotación a los hogares había reducido el riesgo de que episodios de violencia doméstica terminaran de manera trágica y había reducido el número de mujeres asesinadas.
Pedir ayuda entre el desmantelamiento de las políticas públicas
Silvana Pérez es psicóloga e integra el Centro de Asistencia de víctimas de violencia de género de Chaco. Contó que, junto a «la Línea 137, línea de emergencia y seguimiento, son instituciones que están en una situación de desmantelamiento» y agregó: «dependemos de salud pública y del Ministerio de Gobierno pero no tenemos presupuesto ni para comprar papel. Son lugares muy sobrepasados de casos con un Estado que no está presente». Susana y sus hijes pidieron ayuda luego del femicidio de Giuli. Era una mujer que padeció 20 años de violencias con un físico muy deteriorado y una depresión crónica. Trabajaba muchas horas por día. Tenía 53 años.
«Tomamos contacto con Susana como equipo el 18 de agosto de 2017», relató Silvana, «llegó con crisis traumáticas reiteradas. Con mucha angustia, con muchas violencias naturalizadas»… «el femicidio (de su hija) es el punto de llegada de una historia de violencias». La profesional relató el círculo que padecieron Susana y sus hijes: «fue quemada, marcada el cuerpo con una espumadera caliente y desmayada a ladrillazos en su cabeza. En 2013 logró escaparse con los chicos. Sin tener ningún manejo económico logró llegar a Resistencia». Sin embargo, en diciembre de ese año el violento volvió a aparecer en la vida de Susana «ella había logrado alquilar en un asentamiento en un barrio», contó la psicóloga, «estaba trabajando», recordó, «los golpea y les roba el dinero. Ella hace una primera primera denuncia en la Comisaría porque él se había atrincherado adentro de la casa durante 3 días. El iba y venía de la casa con la excusa de los hijos. A fines de 2014 vuelve a aparecer con un episodio muy terrible de violencia en que ella quedó tirada inconsciente en la vereda. Ahí la asistente social del barrio la lleva a la Comisaría de la Mujer. Le hacen una prohibición de acercamiento que no la cumple en reiteradas ocasiones con amenazas de muerte».
«Atendemos 4 mil casos en la provincia, porque es el único equipo especializado», caracterizó Pérez, «la violencia genera como efecto un problema de salud integral en las víctimas. La única forma de que el caso pueda lograr una transformación es que nos planteemos que produce un efecto de salud tanto en las mujeres como en los hijos. En el equipo de sintomatología y psicológica vemos que el estrés, lo traumático y que la mujer cuando puede generar una sobrevivencia, la genera en relación a los hijos pero sufriendo un montón de costos que tienen que ver con el no cuidado de su cuerpo. Si a eso le sumas la marginación, la pobreza, la violencia económica, los problemas físicos que producen los golpes (materiales) y psíquicos; muchas mujeres tienen trastornos alimentarios, infartos, hipertiroidismo, problemas respiratorios o de huesos».
De locas y militontas: el periodismo feminista
“Encontraron a una pareja que se suicidó en un hotel”. “Parece que fue un pacto de amor”. Las versiones corrían a toda velocidad aquella mañana del 14 de julio de 2017. Minutos después, fotógrafos, movileros y cronistas de policiales esperaban en la puerta del Hotel Afil una noticia que prometía impacto.
“Yo esperé en la vereda”, recuerda Claudia Araujo, periodista del Diario Norte, que fue al lugar de manera fortuita porque el caso sería cubierto por sus compañeros de Policiales. “Me acuerdo que los movileros hacían cualquier tipo de especulación. Siempre en base a que era una pareja, pares, dos personas adultas. Las que veníamos con una mirada distinta teníamos dudas. Y cuando se conoció que se trataba de una niña de 13 años, más de un compañero se paralizó. Fue un golpe. Una sorpresa muy grande. Pero sin embargo, las noticias siguieron usando la palabra pareja”.
Para la periodista, que también integra del Frente de Trabajadoras de Comunicación de Chaco, lo preocupante fue que en el discurso público quedó flotando la siguiente secuencia: “Era una pareja. Un hdp que llevó con engaño a una `menor´. Pero `Muerto el perro, muerta la sarna´. Y acá todo sigue igual”. Entonces, cuando comenzaron las movilizaciones para denunciar que dejaban entrar a una nena a un hotel, más de un periodista sin formación en género salió a descalificar esos cuestionamientos. Locas, militontas, sacadas. Esas y otras adjetivaciones debieron soportar las trabajadoras de prensa comprometidas con estas luchas.
“Es muy difícil. Las compañeras tenemos compromisos con los derechos humanos, género y infancias la pasamos muy mal. Y a eso se le suma la precarización”. Así, Araujo superpone las capas de vulnerabilidad de las periodistas feministas. El Diario Norte es el periódico más importante de toda la provincia de Chaco. Cuando en 2015 modernizaron el mobiliario, las 14 computadoras se usaban en ambos turnos y no daban abasto. “Hay días -cuenta- que en la redacción somos cuatro. Alguien se enfermó, alguien de franco. Yo no tenía que escribir esa noticia de la muerte de Susana. Pero me enteré y me explotó la cabeza”.
Claudia no conocía a Susana, una mujer que sufrió múltiples violencias y que por eso mismo tuvo tan afectada su confianza, que no aceptaba que nadie entrara en su vida, en su intimidad. Pero su muerte la atravesó: “Algo tengo que hacer, me dije. Porque nadie cuenta estas historias. Y me llena de tristeza. Me afecta. Y yo lo puedo hacer, puedo elegir quedarme después de hora y hacerlo. Hay compañerxs que no tienen margen porque tienen que cuidar a sus hijes o tienen que ingresar a su segundo laburo”.
Susana vivía en un barrio muy humilde en la zona de Villa Río Negro, a cinco cuadras del Club Regatas de Resistencia. Era empleada de casas particulares. Su hijo Agustín quería un lindo cajón para su mamá. Pero no tenían ningún recurso para pagar un servicio de sepelio. Entonces ardían los grupos de WhatsApp de organizaciones y militantes de Resistencia pensando estrategias para gestionarlo. Historias que atraviesan los cuerpos. “Hay compañeras que se ponen contentas porque logramos publicar esta nota en el diario impreso. Y yo no puedo más de tristeza. Sé que nos tenemos que abrazar entre nosotras. Que estamos haciendo caminito. Y cada paso que damos, sostenernos fuerte, para no seguir retrocediendo. Pero cuesta. Hay que seguir en la batalla”.
Foto: Cecilia Herrera
Podemos hacer mucho para prevenir
Una reflexión urgente sobre los femicidios cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad
Mientras miles de mujeres, lesbianas, travestis y trans, e integrantes de los distintos colectivos de género nos movilizamos en reclamo de políticas públicas que den respuestas concretas a los problemas que venimos denunciando, las muertes se suceden, agravadas por la vulneración de derechos de niñas, niños, adolescentes, que quedan huérfanas no solo de madre, sino de la protección del Estado, al igual que otras personas del entorno familiar que asumen el cuidado y la responsabilidad de resguardar esa vidas, sin la asistencia pública de políticas de género, como la Ley Brisa entre otros recursos que debieran estar disponibles en forma inmediata. Esa celeridad que se le reclama al Estado, también es la que se exige cuando se pide que de manera inmediata se aparte a hombres violentos cuando son integrantes de alguno de los poderes, entre ellos a miembros de las fuerzas de seguridad.
A fines de 2016, Miriam Romina Ibarra y Lidia Milessi fueron asesinadas en la ciudad de Paraná, por Orlando Aníbal Ojeda, un prefecto de 46 años sobre el cual se había asentado denuncias por violencia y se le había impuesto una orden de restricción perimetral. Ojeda, de 46 años, ex pareja de Miriam y Lidia, terminó con la vida de ambas mujeres con su arma reglamentaria calibre 9 mm de la Prefectura Naval Argentina, delegación Paraná, para lo cual atravesó toda la ciudad para dirigirse al domicilio de cada una de las mujeres. Lidia Milessi tenía 45 años, era profesora de inglés y madre de tres hijos, de quien Ojeda era el progenitor, falleció cuando era trasladada al Hospital San Martín de la ciudad de Paraná. Miriam Romina Ibarra tenía 35 años, y era suboficial de la Policía de Entre Ríos. Madre de dos hijos, también era una de las ex parejas del prefecto. Fue asesinada de un tiro delante de uno de sus dos hijos y falleció en el acto. Tras asesinarla, Ojeda también le disparó por la espalda a un vecino de la víctima, Guillermo Suárez, de 27 años, que tuvo que ser internado de urgencia. Aun cuando Ojeda había sido denunciado por violencia de género, la Prefectura Naval no le había retirado el arma reglamentaria con que asesinó a ambas mujeres.
Según un informe de Chequeado.com, al menos 6% de los femicidios fueron cometidos por efectivos de seguridad y defensa. El sitio da cuenta del caso del policía bonaerense Danilo Acevedo, acusado de haber matado a su ex pareja, Laura Gutiérrez, para señalar que no se tratan de situaciones excepcionales. Y añade que de acuerdo a los datos estadísticos de la Corte Suprema en 2018 hubo 278 femicidios ese año, por los cuales hay 276 acusados, y al menos 18 de ellos pertenecían a una fuerza de seguridad o de defensa, es decir un 6,5%. No obstante, podría tratarse de un subregistro, y la cantidad de casos que involucran a representantes de las fuerzas de seguridad y defensa, pueden ser más, ya que en muchas ocasiones no se registra la ocupación que tienen los victimarios, lo que implicaría que el porcentaje de femicidas vinculados a una fuerza de seguridad es seguramente superior.
Julián Alfie, coordinador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), indicó a este medio, que una parte importante de los femicidios de este registro son cometidos con armas de fuego, y en este sentido los datos que brinda la Corte de Justicia, indica que de los 61 femicidios realizados con armas de fuego, en 11 casos estas eran reglamentarias, es decir de las fuerzas de seguridad. Esto indica entonces que un 18% de los casos de femicidios fueron cometidos con armas de fuego (el arma más utilizada es el arma blanca, en el 28% de los casos, seguidos por la fuerza física, el 27% de las veces y luego las armas de fuego, que representan el 23% de los casos). También existe un registro llevado adelante por la CORREPI, que indica que desde el advenimiento de la democracia, ha habido 349 víctimas mujeres, travestis y mujeres trans a manos de las fuerzas estatales. El archivo de casos de la organización antirepresiva registra 312 casos de muertes «intrafuerza o intrafamilia», entre ellos, el 95 por ciento se tratan de femicidios.
La situación ha motivado que la senadora Sigrid Kunath impulsara el proyecto de «desarme de agentes violentos», que fue aprobada por unanimidad y cuenta con media sanción en esa Cámara. La norma dispone que los jueces deberán ordenar el retiro del arma reglamentaria cuando se trate de causas de violencia de género en los que estén denunciados efectivos de las fuerzas de seguridad federales, además de suspender el permiso de tenencia durante el proceso. Resta ahora que la Cámara de Diputados dé sanción definitiva a dicho proyecto para que sea Ley.
