Un aluvión de manifestaciones críticas, que incluye desde el rechazo a la construcción de seis represas en la Patagonia y los reiterados reclamos de estudiantes por el sistema educativo, monopolizaron la agenda los últimos seis meses del gobierno del chileno Sebastián Piñera.
La raíz del creciente descontento reside en persistentes deudas en materia social, en su mayoría heredadas del ciclo de 20 años de la Concertación de centroizquierda que gobernó hasta marzo de 2010, lo que redunda en quejas generalizadas contra la elite política, coincidieron analistas. La última encuesta de la firma Adimark, conocida a principios de junio, fue lapidaria: el apoyo al mandatario bajó del 41 por ciento al 36 por ciento, y el rechazo subió del 49 por ciento al 56 por ciento, lo que supera considerablemente a la desaprobación que su antecesora Michelle Bachelet tuvo en sus peores momentos con el caótico lanzamiento del TranSantiago (2005), que reformó por completo el sistema de transporte público de la capital.
Estos datos fueron conocidos cuando las estimaciones financieras marcan un impulso decidido de la economía local: el desempleo retrocedió hasta el 7,3 por ciento y, de acuerdo con las estimaciones del Banco Central, se espera para este año un crecimiento del 6,3 por ciento.
A simple vista, los datos macroeconómicos deberían actuar como contrapeso del reclamo por las deudas sociales, pero el gobierno no consigue capitalizar las cifras positivas a su favor.
Crecimiento
“Estos números con certeza no llegan a la población”, afirmó el doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile Juan Carlos Guzmán a este diario. “Aquí se escucha todos los días el crecimiento espectacular que ha registrado el país, pero se incrementa el costo de vida. Los ingresos no aumentaron y sí lo hicieron la gasolina y otros productos básicos”, agregó.
“Es similar a lo que ocurrió con Alan García en Perú: en medio de un milagro económico, es uno de los presidentes con la tasa de popularidad más baja del la región. El problema de Chile es la distribución del ingreso”, explicó Guzmán.
La población adversa al megaproyecto HydroAysén en la Patagonia –que inundaría más de 6.000 hectáreas y desplazará pueblos, lo que originó un litigio judicial no resuelto– no sólo critica el impacto ambiental que supondría sino que, además, cuestiona los beneficios reales en términos energéticos. “Aquí el chileno siente que está empeñando gran parte de su territorio para financiar a las grandes empresas”, indicó a su turno el politólogo Patricio Soto.
Según la lista de la revista Forbes, Chile cuenta con cuatro multimillonarios en el top 100 de las personas más ricas del mundo, entre los que se encuentra el propio Piñera, con una fortuna personal de 2.400 millones de dólares. Los billetes de este selecto grupo suman 42.500 millones de dólares, equivalentes al ingreso anual del 80 por ciento de la población del país, o al 21 por ciento del PBI nacional.
De acuerdo con un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Chile lidera junto a Brasil, Haití, Bolivia y Guatemala los países con mayor desigualdad de ingresos en América Latina, la región más inequitativa del mundo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) arrojó resultados similares.
“Pero desde el regreso de la democracia esto no ha sido un problema, y se ha establecido que formamos parte de un verdadero modelo chileno que fomenta el crecimiento, pero nada más lejos”, afirmó Soto. “En principio deben ser varias las medidas básicas a tomar por el gobierno para intentar terminar con la desigualdad: fortalecer los sindicatos, crear un sistema laboral que les otorgue más derechos a los trabajadores, políticas fiscales que limiten la extrema acumulación de la riqueza y garantizar la educación de nivel para toda la población”, subrayó el analista.
Por lo pronto, son cada vez más multitudinarias las marchas que reprochan los sistemas educativos secundario y superior. La más numerosa, la semana pasada, llegó a convocar entre 50.000 y 70.000 personas, una cantidad inusitada para la democracia chilena, entre alumnado y docentes, nucleados en la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech).
Aunque Chile cuenta con universidades estatales, el sector privado tiene una participación mayoritaria en el sistema. Para acceder a la educación superior, los estudiantes concursan primero por las escasas becas que ofrece el Estado. En caso de no salir beneficiado, quien quiera capacitarse podrá optar por un préstamo que financie la carrera y que deberá devolver una vez recibido.
“Estos problemas ya eran moneda corriente durante los años de la Concertación (1990-2010), incluso en algunos aspectos resultaron ser más conservadores que Piñera. El electorado votó por un cambio, y eso es lo que espera. Hasta el momento sólo se profundizó el modelo actual”, destacó Guzmán. “Piñera no debe cometer más errores”, subrayó.
Acorralado entonces por las críticas, Piñera lanzó una serie de iniciativas para recuperar el respaldo del electorado. Entre las medidas figura la construcción de 30 estadios y la reducción de los aportes a la salud que deben pagar los jubilados más pobres, mientras negocia cambios en el sistema educativo.
La oposición –también cuestionada por la opinión pública, con índices de desaprobación de más de un 60 por ciento– aguarda por su lado por las elecciones municipales de 2012, antesala de las presidenciales del año siguiente.
