Por Alfredo Follonier / Télam
Más de 15 millones de chilenos están habilitados para votar este domingo en un plebiscito que decidirá si se mantiene la Constitución redactada bajo la dictadura de Augusto Pinochet o se aprueba un nuevo texto, elaborado por la derecha en un segundo proceso constitucional tras el fracaso del anterior, que en algunos puntos es más conservador que el que está vigente.
Las encuestadoras, que hace dos semanas no publican estudios por la veda oficial, prevén que se imponga el voto en contra de la nueva Constitución, aunque todas registran altos índices de indecisos.
Al igual que el primer proceso, que fue redactado por la izquierda e independientes luego del estallido social de 2019, éste no ha estado exento de polémicas entre el oficialismo y la oposición, donde los sectores más progresistas aseguran que este nuevo texto significa un retroceso en materia de derechos, mientras que la derecha la ha denominado la «Constitución de la seguridad», aludiendo a uno de los principales problemas que vive el país.
Marcelo Mella Polanco, politólogo de la Universidad de Santiago de Chile, afirmó en conversación con Télam que para entender este proyecto de Constitución hay que prestar atención a dos focos: derechos y sistema político.
El primero se refiere a los artículos correspondientes en materia de derechos, que han generado «aprensiones de los sectores de centro y progresistas del país», porque representarían retrocesos «culturales e ideológicos incluso del texto de 1980 (de la época de Pinochet)».
«En particular, hay discusiones del impacto que produce sobre la propuesta en materia de aborto en tres causales, que es parte de la legislación chilena hoy, y que a juicio de algunos sectores la nueva propuesta puede poner en riesgo», señaló Mella respecto a uno de los temas cuestionados del nuevo texto.
También hubo polémica por las enmiendas que hablan de la «expulsión inmediata de extranjeros» que ingresan de manera irregular al país o la de «reclusión domiciliaria a reos mayores de 75 años que padezcan enfermedades terminales», que favorece a reclusos de Punta Peuco, condenados por violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet (1973-1990).
El segundo foco habla de «algunos elementos novedosos» respecto del sistema político actual, como es la disminución de los diputados de 155 a 138, y el establecimiento de un mínimo del 5% de los votos para que los partidos políticos puedan ingresar al Congreso.
De todos modos, para Mella, el país «no reúne las condiciones para tener una discusión constitucional», acusando una «fatiga», donde «en el primer proceso constituyente no más de un 30% de los chilenos leyeron el texto constitucional y hoy se estima que incluso puede ser peor el nivel de lectura que tiene esta propuesta constitucional».
De cara a la aprobación o rechazo de la propuesta de nueva Constitución, el especialista no ve «un ganador claro» desde el punto de vista político, ya que «los márgenes van a ser estrechos».
Por lo tanto, «no va a cumplir, en ninguna de sus dos posibles salidas, con el objetivo de restablecer las convivencias en nuestro país», consideró.
El politólogo aseguró además que la aprobación de la propuesta representaría «el escenario menos conveniente» para el Gobierno, que vendría de dos derrotas, tras el fracaso del primer proceso constitucional, «en un tema que la propia coalición oficialista convirtió en la madre de todas las batallas».
De rechazarse la propuesta, Mella no cree que el Gobierno pueda salir fortalecido, y los partidos políticos chilenos «van a sufrir un fuerte impacto», debido a que han estado «por cuatro años enfrascados en una discusión constitucional que no daría resultados, postergando la discusión de temas relevantes» para el país.
El proceso, además, fue considerado por algunos sectores como una evaluación del gobierno del presidente Gabriel Boric, lo que fue rechazado esta semana por la ministra vocera, Camila Vallejo.
«El hecho es que toda la ciudadanía tiene que tener muy claro que el 17 evalúan si están a favor o en contra de una propuesta de texto constitucional, no de una ley en particular, no de un sector político en particular, no de una persona en particular, sino de un texto constitucional, para que no nos engañemos y no engañemos a la ciudadanía», puntualizó Vallejo.
Hasta el momento, entre los partidos que van por el voto a favor del nuevo texto se encuentran el pinochetista Partido Republicano y la coalición de derecha Chile Vamos, sumándose también los partidos de centro Amarillos por Chile y Demócratas.
En tanto, en contra se han manifestado el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, Frente Amplio y el Partido Comunista.
Por su parte, entre los ex presidentes, Sebastián Piñera manifestó su inclinación por el respaldo al nuevo texto junto a Eduardo Frei Ruiz-Tagle, mientras que Ricardo Lagos y Michelle Bachelet se pronunciaron por en contra.
«No me parece que sea muy relevante las declaraciones de expresidentes, porque todos tienen un domicilio político bastante reconocible, por lo que es muy poco sorpresivo», apuntó Mella.
«Hay que entender que la crisis política de Chile es una crisis de sistema de partidos y de ciertos liderazgos que son parte del ciclo político de la transición (1989) y que llega a su momento de máxima descomposición con el estallido social de octubre de 2019, entonces más bien los liderazgos que puedan participar en la franja (electoral) son parte de este ciclo declinando de la política y es muy poco lo que puedan contribuir a cambiar tendencias», remarcó el politólogo.
Este nuevo proceso constituyente, que comenzó el pasado 7 de junio, se originó luego del fracaso del intento anterior, que surgió de las protestas ciudadanas y tras un plebiscito en 2020 en el que el 80% apoyó un cambio de la actual Constitución de la época de Pinochet, cuestionada durante años, particularmente por la izquierda, por considerar que perpetúa modelos arcaicos y la injusticia social.
El anterior y fallido proyecto de Constitución, redactado en su mayoría por convencionales constituyentes de izquierda e independientes, fue rechazado por el 61% de los chilenos en un plebiscito el 4 de septiembre de 2022.
El nuevo texto que se votará este domingo fue elaborado en el Consejo Constitucional, donde el ultraderechista Partido Republicano se quedó con 22 de 50 bancas en las elecciones de mayo para elegir su conformación.
Este plebiscito de salida, al igual que las últimas elecciones, es de carácter obligatorio y, según el Servicio Electoral de Chile (Servel), 15.262.012 de personas están habilitadas para sufragar este domingo, a los cuales se les deben sumar 127.546 residentes en el exterior, lo que ha significado un despliegue de 3.118 locales de votación a lo largo del país, con 39.389 mesas habilitadas.
