La posibilidad de una ayuda financiera sólida por parte de China se aleja, y por partida doble. Por un lado, las condiciones que el gobierno de ese país impone para otorgar líneas crediticias que ayuden a evitar la caída de reservas del Banco Central resultarían inaceptables por los requerimientos que desde Pekín se exigen. Pero, además, la liberación de dinero nunca llegaría a las arcas de la entidad que maneja Juan Carlos Fábrega y sólo serviría para que el dinero fluya de una cuenta china a otra del mismo país, casi sin pasar por el sistema financiero argentino.
Los ministros de Economía, Axel Kicillof, y de Planificación, Julio De Vido, escucharon de parte de funcionarios del país oriental las condiciones de eventuales créditos que ese país podría otorgar a la Argentina y que, según las palabras de los mismos chinos, sumarían hasta 20.000 millones de dólares. Incluso el costo de estos préstamos sería barato, ya que se habla de una tasa de no más del 5 por ciento anual en dólares y a un plazo de hasta 20 años. Si se tiene en cuenta que si hoy el gobierno saliera al mercado debería pagar no menos del 9 por ciento anual a 5 años, que pagó el lunes YPF en su salida al mercado (fuentes del sistema financiero hablan de no menos del 15 por ciento real), y que la llave del FMI está políticamente cerrada, el precio de los créditos chinos es inmejorable.
Sin embargo, el problema está, como con los contratos de seguros, en la letra chica.
Las líneas de préstamos que otorga Pekín, según quedó claro en la explicación que recibieron Kicillof y De Vido, es únicamente para obras de infraestructura. Esto es, proyectos mineros, de energía, infraestructura vial, transporte y viviendas. Pero, además, sólo para proyectos donde las compañías que realicen esas obras sean chinas (a lo sumo asociadas con alguna compañía argentina o regional) y que la mayor parte de la mano de obra sea también de esa nacionalidad.
Autocréditos orientales
Además, en el proceso de construcción o desarrollo de los proyectos, la maquinaria e insumos básicos también deben ser chinos; y todo el proceso debe ser fiscalizado por el Banco de Desarrollo Chino (BDC), que tiene una particular manera de manejar los fondos. Esto es, la entidad que administra los créditos libera los fondos cada vez que haya que pagarle al proveedor o constructor de la obra (obviamente, chinos) y lo hace en las cuentas de la empresa, radicadas en el sistema financiero chino.
Esto implica que el dinero nunca pasa por otro país o bancos que no sean los orientales. Si la idea del gobierno argentino es que los dólares que otorga Pekín ayuden a aplacar la caída de reservas, las intenciones chinas eclipsan el intento.
Pero además avanzar en este tipo de créditos implicaría que una obra pública deba ser obligatoriamente otorgada a compañías de ese origen.
En otras palabras, para que China otorgue el dinero, el gobierno debería otorgar directamente y sin licitación una obra a una compañía de ese país; comprometerse a que otras empresas chinas sean las proveedoras y que incluso la mayoría (o al menos una gran parte) de los trabajadores también sean orientales.
Amarillo o verde
Por otro lado, la intención china es que los créditos sean otorgados en yuanes, la moneda local, ya que el Estado oriental quiere cubrirse de eventuales movimientos de devaluaciones contra el dólar norteamericano.
Para la Argentina, el riesgo es que una eventual sobrevaluación del yuan tendría aparejado un incremento importante en el costo de los préstamos, dinero que además el país no podría administrar ya que los pagos son giros directos entre propias compañías chinas.
La otra alternativa de créditos chinos es aún más problemática. En algunos mercados latinoamericanos (especialmente Venezuela), las líneas crediticias para obras públicas están atadas al intercambio petrolero. Esto es, dinero contra petróleo.
Las condiciones para los proyectos son similares a las de los préstamos que se le otorgarían a la Argentina: obligación de que sea una constructora china la que encare el proyecto y que también los proveedores sean chinos; pero, a cambio de dinero, el Estado beneficiario deberá enviar barriles de petróleo; se ve en África, donde China se está convirtiendo en un acreedor tan rápido para otorgar el dinero como odiado en el momento de administrar los pagos y manejos de las licitaciones.
