La compleja y prolongada licitación para la recolección, traslado y disposición de residuos, el servicio más oneroso que debe afrontar la Municipalidad y que se concede por nada menos que siete años, tuvo ayer otra vuelta de tuerca: el bloque del Partido del Progreso Social le reclamó por carta a la intendenta Mónica Fein precisiones sobre el monto “real” que se les abonará a los consorcios a los que se les adjudicaron las tareas, bajo el argumento de que los valores anunciados en la conferencia de prensa del 26 de diciembre pasado están desactualizados. Desde el Ejecutivo local respondieron que efectivamente ello es así, pero que el contrato se firma por los precios refrendados por el Concejo y que, dado el tiempo transcurrido, el mismo pliego, una ley provincial y una ordenanza fijan los criterios de actualización en función de los aumentos registrados en cada uno de los ítems que intervienen en la prestación –desde salarios o combustible hasta mantenimiento o inversión en parque móvil, entre muchos otros–. Un proceso –destacaron desde el oficialismo– que se sigue en cualquier concesión y más aún en épocas de inflación significativa. Lo cierto, es que habrá que pagar más que lo enunciado por la jefa del Estado municipal hace unos días.
La misiva con rúbricas de los concejales Héctor Cavallero y Fernanda Gigliani recuerda que el decreto de adjudicación del servicio indica que al consorcio que se hará cargo de la zona norte (la brasileña Vega junto a la porteña Caputo) se le pagará 1.062.821.356,83 pesos por los 84 meses de la prestación, y a la adjudicataria de la zona sur (Impsa-Lime, de Pescarmona) 956.712.411,93. Y agrega: “Nos extraña sobremanera que estos datos coinciden con lo presentado por ambas empresas en la propuesta oficial del 15 de abril de 2011, es decir que se está anunciando como base de pago algo que se presentó aproximadamente un año y ocho meses atrás”.
En respuesta ante la consulta de este medio, el subsecretario de Servicios Públicos, Diego Leone, sin los números finos a la vista, resaltó lo prolongado del proceso licitatorio y la consecuente próxima etapa de readecuación de montos que –enfatizó– está debidamente reglada. De hecho, las concesiones anteriores habían caducado en enero de 2007, las antiguas prestadoras –una, Lime, sigue bajo el nuevo contrato– continuaron hasta ahora con sucesivas prórrogas y en diciembre de 2010 el Concejo aprobó los nuevos pliegos, a partir de lo cual siguió otra complicada fase de adjudicación.
Leone insistió en que no es un dato desconocido que se deberá realizar una readecuación de los valores que el municipio abonará a las concesionarias. Primero, desde los montos que figuran en el decreto de adjudicación, –algo superiores en total a los 2.000 millones de pesos al cabo de los siete años– hasta la fecha de efectiva toma del servicio, que será dentro de aproximadamente cuatro meses. Y luego, periódicamente de acuerdo a una ordenanza que permite hacerlo si los costos de operación se incrementan en más de un cinco por ciento.
Otro de los requerimientos de los concejales Cavallero y Gigliani versa sobre la frecuencia de la recolección, que hoy es de seis días a la semana. Al respecto, Leone indicó que seguirá así, aunque con un “pero”: se trata de un sistema “alternado” entre la recolección clásica domiciliaria y la de las islas de separación –tres contenedores–, cuyo número el municipio prometió aumentar desde las 140 actuales a 750 (ver aparte).
Los concejales, en su “carta” a Fein, puntualizaron sus reclamos en una copia de “todo lo actuado en el proceso licitatorio”, el “precio real a abonar a la fecha de la adjudicación y el aproximadamente presupuestado a la fecha de la efectiva entrega” del servicio y una “copia completa del contrato con todos sus anexos”.
Por último, solicitan precisiones sobre “qué medidas se tomarán respecto a la deuda actual con las empresas prestatarias”. Sobre esto último, el secretario Leone recordó que cuando Fein presentó el decreto de adjudicación se explicitó que, tanto a Lime, que continúa, como a Cliba, de Benito Roggio, que quedó fuera de la nueva etapa, se le abonará lo pendiente de acuerdo al programa de diferimiento de pagos por 180 días que lleva adelante el municipio, hasta saldar ese pasivo.
