Por Héctor Galiano / zonacriticaonline
Este lunes serán juzgadas dos personas por la desaparición de Maximiliano Javier Sosa, el niño ceresino que tenía tres años cuando “se lo comió la tierra”, en diciembre de 2015. Su abuela y la ex pareja de ella se sentarán en el banquillo de los acusados por haber hecho una falsa denuncia (en el caso de la mujer) y por haber sustraído a un menor, en ambos casos. El caso fue investigado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe y la policía local, primero, y luego por la Justicia federal en colaboración con la Procuraduría contra la Trata y la Explotación Sexual (Protex).
Breve reseña de una desaparición
Maximiliano Javier Sosa nació en Rafaela el 1° de julio de 2012, hijo de Daniela Sosa y Adolfo Zamora. Tenía 3 años y 5 meses cuando su abuela, Patricia Sayago, hizo una falsa denuncia en Ceres, previa sustracción del niño a su madre entre el 18 y el 21 de diciembre de 2015, ocultándolo, primero en su casa de Ceres, y luego en un chalet de la localidad de Colonia Montefiore (propiedad de Ariel Malagueño, pareja de Sayago en ese momento).
Ambos fueron imputados por la Justicia provincial en un primer momento por sustracción de persona menor de edad. El 26 de junio de 2016 los imputados hablaron por teléfono en donde se reveló que el niño podría estar en el chalet de Montefiore con Malagueño. Se ordenó de inmediato un allanamiento en el lugar, pero los pesquisas llegaron tarde por el estado paupérrimo de los caminos rurales.
En esa oportunidad se encontró en el Chalecito de la pareja de la abuela ropa de niño, calzoncillos, medias pequeñas, un short de fútbol y una remera, del talle de un niño de la edad de Maxi.
Posteriormente, el MPA planteó la incompetencia y aconsejó que el trámite siga en la Justicia federal, situación que zanjó la Corte Suprema, resolviendo por la jurisdicción federal.
El 15 de diciembre de 2015 nació el segundo hijo de Sosa y Zamora, antes de fecha, es decir prematuro. Para ello, la mamá de Maxi acudió a su madre para el cuidado del niño, desconociendo el destino que esperaba al pequeño. La idea era que pase un fin de semana con Sayago y otro con Mario Sosa, el otro abuelo, que residía en Colonia Alpina, Santiago del Estero.
Maxi fue visto por última vez, por afuera de su familia, por las vecinas Carla Denis y Johana Torres, vecinas de Sayago, quienes le cortaron el pelo al niño el 18 de diciembre de 2015.
El 13 de julio del año pasado el fiscal federal Gustavo Onel firmó la elevación a juicio, pero antes apostó a una diligencia, que podría haber resultado clave, vital. Pero el resultado fue una gran desilusión.
Tras las huellas de Maxi
El 20 de abril del 2020, Onel apostó una de sus últimas fichas en la pesquisa a una diligencia clave: el rastreo de las huellas del niño a través del Sistema Automático de Identificación de Huellas Dactilares (Afis, por sus siglas en inglés).
Para ello pidió al Registro Nacional de las Personas (Renaper) de Santa Fe que remita la planilla inicial original del menor víctima, o cualquier documento donde consten las huellas dactilares del mismo. Pidió además a la totalidad de las morgues de Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes y Chaco se informe cuántos cuerpos NN —correspondientes a varones, de aproximadamente tres años de edad al año 2015—, hayan recibido a partir del 18 de diciembre de 2015, y copias de las respectivas autopsias y originales de las huellas tomadas del cuerpo.
El paso siguiente fue a la Gendarmería Nacional, con sede en Capital Federal, para que la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional, a través del sistema Afis coteje las huellas del niño. Esas muestras originales iban a ser comparadas a través del mencionado sistema con todas aquellas personas identificadas en el suelo argentino y por la base de datos del Registro de Migraciones.
“Las diligencias indicadas en los puntos precedentes se encuentran orientadas a determinar si eventualmente, con posterioridad al hecho de la causa, Maximiliano Javier Sosa fue inscripto bajo una identidad supuesta, o bien si fue llevado fuera de la jurisdicción nacional o si —lamentablemente— se constató oficialmente su fallecimiento”, destacó Onel en su pedido.
La Afis proviene de la sigla en Inglés Automated Fingerprint Identification System y permite a través del escaneo de una huella, cotejarlas luego con otras. Esta base se alimenta diariamente de la información que brinda el Renaper, cuyo rol es identificar precisamente, a las personas físicas domiciliadas en suelo argentino, cuyos trámites más frecuentes son la obtención del DNI o el trámite de pasaporte.
Lamentablemente, el informe de Gendarmería elevado a la Fiscalía señala que las huellas remitidas del niño Sosa eran de muy baja calidad, encontrándose empastadas, con arrastre y carente de nitidez. Fue sometida a filtrado de brillos y escaneos pero no pudo ser mejorada, a tal punto que no reunía lo mínimo e indispensable para cotejarla con otra muestra. La conclusión de la Alférez Patricia Reinoso, a cargo de operación del Sistema, fue que “las que las huellas digitales recibidas en formato digital “jpg”, carecían de idoneidad y por lo tanto no eran aptas para su estudio en el sistema Afis. Una displicencia, error, falta de idoneidad o precariedad de la burocracia estatal que representará permanentemente un óbice para poder ubicar por esa vía, la de las huellas, al niño que desapareció en Ceres, hace 5 años.
