El gobierno santafesino, a través del llamado Comité Interministerial de Salud Ambiental que integran cinco carteras, recibirá hoy al movimiento Pueblos Fumigados, que nuclea a agrupaciones de diferentes localidades preocupadas por los efectos del modelo agropecuario basado en transgénicos y que presentará a las autoridades una plataforma de trabajo integral –destinada a las legislaciones locales y la provincial– sobre la fumigación de cultivos con agroquímicos.
La reunión fue solicitada por las agrupaciones, pero el organismo interministerial ya viene actuando en el tema, aclararon desde la provincia, “como en los casos de relocalización de depósitos de agroquímicos fuera de los ejidos urbanos, la prohibición del uso de fosfina y de la de fumigar las banquinas”. Lo que los vecinos de varias localidades plantearán como uno de sus ejes es la prohibición de fumigar a menos de 800 metros de cualquier centro urbano, a tono con el fallo de la justicia para el caso de un barrio de la ciudad de San Jorge. También propondrán que el gobierno provincial fomente la agroecología en todo el territorio del distrito, profundice los estudios sobre posible contaminación de aire y agua y cree un registro de intoxicación humana.
Tras la reunión con senadores provinciales por la presentación del proyecto del socialista Juan Carlos Zabalza para modificar, en el sentido de mayor precaución, la actual ley de fitosanitarios que regula la aplicación de agroquímicos, ocurrida en septiembre, Pueblos Fumigados –movimiento que integra a 70 delegados en 50 localidades de la provincia– solicitó al comité interministerial el pronunciamiento sobre su campaña “Paren de fumigarnos”. La cita finalmente fue concedida, y será esta tarde a las 16 en la sede capitalina del Ministerio de Salud. Allí los vecinos serán recibidos por los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti; de Salud, Miguel Ángel Cappiello; de Producción, Juan José Bertero; de Aguas y Medio ambiente, Antonio Ciancio, y de Trabajo, Carlos Rodríguez. Esta formación de las carteras en comité fue resultado del decreto 815 del año pasado, que responde a la ley 11.273 de Productos Fitosanitarios y a su modificatoria, la 11.354.
Las expectativas por parte de las organizaciones ambientalistas es alta, a partir del histórico fallo de la Justicia santafesina que a principios de año elevó la distancia mínima de fumigación respecto del ejido urbano en San Jorge, e instaló por primera vez a nivel nacional el principio precautorio sobre la potencialidad de los daños de agroquímicos (no hace falta una comprobación irrefutable, basta con que haya dudas fundadas sobre riesgos). “Queremos consensuar con los distintas autoridades –la problemática tiene numerosas ramificaciones– una plataforma de trabajo transversal para el gobierno santafesino. La intención es que sirva de norma para las legislaciones locales y la provincial”, contó a El Ciudadano Eduardo Rossi, que integra el movimiento.
Entre los bastiones de acción propuestos por Pueblos Fumigados se destacan la prohibición de fumigación a menos de 800 metros del llamado “límite agronómico cero” que debe fijar cada localidad, el fomento a la agroecología (cultivos bajo normas de protección del medio ambiente en las afueras de los poblados), y una intensificación de los controles sobre aire y agua en el territorio santafesino. “Un punto muy importante es la creación del registro de intoxicación –fruto de la resolución 276 del Ministerio de Salud de la nación a la que la provincia debe adherir– por la que se crea un programa en cada localidad para diagnósticos”, agregó Rossi.
Otro de los puntos de la plataforma es el pedido a la provincia para que dé curso a la resolución 147 de la Defensoría del Pueblo nacional del año pasado, sobre el cambio en la forma en que se clasifican los agroquímicos. En rigor, sin embargo, se trata de una potestad de la Nación, a través del Senasa que es el organismo encargado de determinar la peligrosidad de herbicidas, pesticidas y plaguicidas. Hoy esto se realiza mediante el método conocido como Dosis Letal 50 (DL50), que mide sólo los efectos inmediatos y mortales de los productos, pero no indaga sobre las consecuencias de las exposiciones crónicas –las que sufren los habitantes cercanos a los campos o los trabajadores que manipulan los tóxicos– ni los daños subletales, como malformaciones o enfermedades respiratorias y oncológicas. Tampoco, insisten quienes exigen el cambio, la metodología tiene en cuenta el uso real de los químicos, que no se da en forma aislada como se estudian, sino en mezclas cuyos efectos se desconocen.
Consultado sobre el proyecto de Zabalza, que en la actualidad está en estudio en la comisión de Agricultura de la Legislatura santafesina, desde Pueblos Fumigados reconocieron que “es un avance”, aunque destacaron que sus esperanzas en cuanto a restricciones estatales a fumigación son mayores. “Ese proyecto es superador pero aún falta avanzar mucho en materia de salud”, opinó Rossi.
