Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, San Juan y Corrientes son las provincias que no cuentan con protocolos o guías para garantizar la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE), según un relevamiento de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Córdoba y Mendoza, a su vez, son las jurisdicciones que tienen sus propias guías para garantizar el aborto no punible en el sistema de salud. De acuerdo al criterio adoptado por la Campaña, el resto de las provincias adhieren al protocolo nacional.
Pero la dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación especifica que Córdoba, Mendoza, Chaco, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Catamarca, Chubut, y Río Negro «tienen protocolos o normativas que requieren actualización».
El protocolo nacional se actualizó mediante resolución en diciembre del año pasado y establece un marco de acción normado, pero su ausencia no es impedimento para acceder al aborto no punible en ningún caso, debido a que todas la jurisdicciones del país deben garantizar su acceso.
Desde 1921, de acuerdo con el artículo 86 del Código Penal, ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo «FAL», de 2012, el aborto es legal en los siguientes casos: si representa un riesgo para la vida de la persona gestante, o para el bienestar físico, emocional y social de la persona o si es producto de una violación.
El mismo fallo exhorta a los estados provinciales a proporcionar las condiciones necesarias para llevar adelante las interrupciones legales de embarazos de manera rápida, accesible y segura.
El 28 de septiembre último, Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del aborto en América Latina, la provincia de Buenos Aires informó que se realizaron 5.028 interrupciones legales entre enero y junio de este año 2020. Además, el Ministerio de Salud bonaerense consignó que se invirtieron más de 39 millones de pesos en 16 mil tratamientos seguros.
Así lo reveló el primer informe sobre la Interrupción Legal del Embarazo que elaboró la cartera sanitaria provincial que conduce Daniel Gollan a través de un sistema de registros con datos sobre el acceso a esta práctica médica. Y destacó que por primera vez el gobierno bonaerense compró misoprostol para garantizar la ILE, adquirido a un laboratorio de producción pública. El informe se dio en el marco de la adhesión provincial al protocolo nacional.
