Dos fiscales y el secretario de un juzgado federal de Rosario durante la última dictadura serán indagados por su presunta participación en secuestros, asesinatos y aplicación de tormentos a perseguidos políticos, luego de transcurrido más de un año del pedido de la agrupación HIJOS, informaron hoy fuentes judiciales.
Tras un planteo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, otro de HIJOS Rosario y una queja por «retardo de justicia» del fiscal del caso, Federico Reynares Solari, el juez federal 4 de esta ciudad, Marcelo Bailaque, hizo lugar hoy a las declaraciones indagatorias de los denunciados.
Se trata de los exfiscales Pedro Tiscornia y José Luis Vázquez y del exsecretario de un juzgado federal rosarino Horacio Claverie, acusados de participar «de más de 60 casos de desapariciones forzadas, asesinatos, privaciones de libertad y tormentos cometidos contra militantes del campo popular», señaló HIJOS en un comunicado.
La causa busca avanzar en las complicidades judiciales con los delitos de lesa humanidad cometidos en el sur de Santa Fe durante el terrorismo de Estado.
Según la resolución de Bailaque, a la que accedió Télam, Tiscornia va a ser indagado el 16 de mayo por 54 casos de privación ilegítima de la libertad agravada en concurso real con aplicación de tormentos, y siete casos de homicidios de presos políticos de la última dictadura.
Vázquez, por su parte, deberá responder el 17 de mayo por la acusación de seis casos de privación ilegítima de la libertad agravada por su carácter de funcionario público, por mediar violencias, amenazas y por haber durado más de un mes.
Bailaque lo indagará por esas figuras «en concurso real con la aplicación de tormentos calificados por aplicarse contra un perseguido político», sostiene la resolución.
Y Claverie fue citado el mismo día y está acusado de cinco casos de secuestro y torturas a víctimas del terrorismo de Estado.
El juez Bailaque desechó el planteo del fiscal y de la querella de HIJOS para indagar a los acusados por el delito de asociación ilícita, al señalar que «no encuentro elementos de sospecha suficientes como para tener por acreditado tal situación».
En la misma causa por delitos de lesa humanidad, originada en una denuncia de la agrupación HIJOS Rosario, fue procesado por los mismos delitos en septiembre de 2020 el exjuez federal durante la última dictadura Guillermo Tschopp, cuya defensa apeló la decisión.
Desde octubre de 2020 la apelación se encuentra a resolución de la Cámara Federal de Rosario, dijeron fuentes del caso.
En su acusación, el fiscal Reynares Solari consideró que los ex funcionarios judiciales tomaron conocimiento a través de su labor profesional de incontable cantidad de violaciones a los derechos humanos, como privaciones ilegales de la libertad, torturas, homicidios y desapariciones forzadas.
A pesar de ello, esos funcionarios habrían omitido en forma sistemática y deliberada actuar para hacer cesar esos delitos, considerado por el fiscal como garantía de impunidad hacia las fuerzas represivas.
«Hecho este análisis, queda claro que los miembros de fuerzas represivas, pese a las presentaciones de habeas corpus y denuncias, encontraban una garantía de impunidad gracias a la actuación del Poder Judicial, debido a esta especial forma de actuación», sostuvo en el escrito.
Para Reynares Solari, «ese aporte no puede ser brindado por cualquier ciudadano sino solo por aquellos que tienen el cometido legal de intervenir activamente, y cuya renuncia dolosa a cumplirlos se transforma en el requisito objetivo e imprescindible que prevé el artículo 45 del Código Penal», sobre la participación en un delito.
