El juez federal Luis Rodríguez citó hoy a indagatoria al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y a otras 36 personas en la causa por el presunto manejo irregular de fondos públicos para la mina Río Turbio.
Fuentes judiciales informaron a NA que la citación fue dispuesta para el próximo 28 de noviembre, y también fueron convocados como imputados Roberto Baratta y Jorge Mayoral.
El 4 de julio pasado el fiscal Carlos Stornelli había solicitado la indagatoria y la detención de De Vido y otros acusados, y para ello incluso se generó un debate en la Cámara baja para determinar si al ex ministro correspondía quitarle sus fueros como diputado nacional por falta de idoneidad moral.
Luego del fallo del juez Rodríguez, Stornelli apeló a la Cámara y los jueces Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun consideraron «arbitraria» su decisión y ordenaron que se vuelva a pronunciar.
«Se investigan en autos los posibles delitos derivados del Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica entre YCRT (Yacimiento Carbonífero Río Turbio) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), de fecha 14 de enero de 2008, celebrado por el entonces interventor ingeniero Lucio Enrique Mercado, y el rector de esa casa de estudios, ingeniero Héctor Carlos Brotto, cuyo aparente objeto resultó la cooperación entre ambas instituciones en particular la prestación de Cursos de Capacitación, Trabajos de Investigación, Asistencia Técnica y Profesional por parte de UTN a YCRT», expuso el juez.
Además, consideró que hubo un segundo grupo de contrataciones relacionadas con el «Tren Turístico del Yacimiento Carbonífero Río Turbio», también llamado «Tren Histórico Eva Perón».
Para el caso, el tren tuvo un costo de 344 millones de pesos, aunque nunca se puso en funcionamiento.
Según se investiga, las obras y demás cursos era por convenios en los cuales el Estado de librar 26.000 millones de pesos que se canalizó a través del Ministerio de Planificación Federal y por la UTN.
Se calcula que hubo un desvío de unos 265 millones de pesos que no llegaron a su destino original, sumado a sospechas de pago de sobreprecios de las obras planificadas.
Al disponer la prohibición de salida del país de los acusados, el juez decidió librar oficio al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, «a fin de hacerle saber que deberá abstenerse de iniciar cualquier trámite de obtención o renovación del pasaporte de los nombrados a quienes se les impone por el presente la obligación de hacerse presente ante esta sede a los efectos de hacer entrega del documento aludido, cuya custodia estará a cargo del Tribunal».
