El fiscal federal Agustín Chit, quien subroga la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, solicitó la indagatoria de doce gendarmes y nueve civiles detenidos por su presunta participación en una red de corrupción que cobraba sobornos para dejar pasar con mercadería contrabandeada a tours de compras por los puestos de control, y que fue desbaratada tras una serie de operativos en los que se incautaron más de 40 millones de pesos.
Con la asistencia de la auxiliar fiscal Julia Vitar, el representante del Ministerio Público Fiscal había solicitado la realización de una serie de allanamientos y detenciones en el marco de una investigación centrada en la participación en diversos delitos de integrantes del Escuadrón 55 de la Gendarmería Nacional, con base en Tucumán.
Los gendarmes involucrados fueron imputados por el delito de asociación ilícita agravada, cohecho e incumplimiento de deberes de funcionarios. También se ha solicitado la detención de otros integrantes de Gendarmería y civiles -la mayoría, coordinadores de tours de compras de mercadería contrabandeada– para ser indagados por su presunta participación en la red de corrupción.
En el marco de esta pesquisa, la fiscalía federal tucumana acordó conformar un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) para compartir información con la Procuraduría contra la Narcocriminalidad (PROCUNAR) NOA, a cargo del fiscal general Eduardo Villalba, que realizaba una investigación de similares características en la provincia de Salta.
En total, se allanaron 21 domicilios, puestos de control de gendarmes y escuadrones en la provincia de Tucumán, Catamarca y Salta, con resultados exitosos para la investigación.
Se requirió la asistencia de 27 unidades especiales, casi 300 gendarmes y 45 vehículos para realizar los operativos y los resultados incluyen el secuestro de altas sumas de dinero en pesos -más de $40 millones-, y dólares en puestos de control.
También se halló mercadería de contrabando como cigarrillos, ropa, neumáticos y celulares de alta gama, en domicilios del personal de Gendarmería y de los coordinadores de tours imputados y se secuestraron dos colectivos con más mercadería de contrabando y vehículos que funcionaban de punteros para monitoreo y paso de estos colectivos.
En la investigación, se utilizaron diversas técnicas especiales, como interceptación de comunicaciones, prórrogas de jurisdicción, agentes reveladores digitales, seguimiento de vehículos con rastreadores, análisis financieros y relevamiento de causas de contrabando con intervención del personal de Gendarmería en la jurisdicción, entre otras.
El caso
La investigación se inició en el mes de febrero de 2024, a partir de denuncias que daban cuenta del cobro de sobornos por parte de miembros de Gendarmería que tenían a su cargo las patrullas que realizan controles de ruta en los corredores viales norte-sur.
Según esas denunciar, los pagos eran realizados por quienes coordinan los tours de compras que viajan a Bolivia y luego transportan mercadería de contrabando a diferentes destinos del país.
Las denuncias fueron presentadas por “bagayeros” que referían al cobro excesivo de “coimas”, pero también por parte de miembros de Gendarmería que no querían participar en estos hechos de corrupción.
La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Federal N°2 que dirige Chit, y contó con la colaboración de un equipo de la propia Gendarmería conformado por personal de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales (UNIPROJUD) Tucumán, al mando del 2° comandante Esteban Cayo; la Unidad de Inteligencia Criminal Tucumán (UNICRITUC), a cargo del comandante Gabriel Andruseszen; y la Oficina de Coordinación de las Unidades Técnicas del Comando Región IV de Gendarmería, a cargo del comandante mayor Rafael Sanabria.
Las dos maniobras de la organización
Las tareas realizadas permitieron determinar dos modalidades de funcionamiento de la organización criminal. Por un lado, mediante el cobro de sobornos en los puestos de control por parte de algunos funcionarios de Gendarmería que interceptaban vehículos sospechosos de transportar mercadería ilegal y luego les exigían el pago de sumas de dinero en efectivo para permitirles continuar su recorrido sin ser detenidos ni requisados. Por el otro, se detectó la existencia de una coordinación previa entre gendarmes y los coordinadores de los viajes de compras.
En este caso, existían comunicaciones previas entre ambas partes para alertar sobre la ubicación de controles y el momento oportuno para pasar sin ser inspeccionados, a cambio del pago de sobornos. También se pudo establecer que, además del traslado de mercaderías de contrabando, esos “arreglos” también habrían facilitado el transporte de sustancias estupefacientes.
