A una semana del siniestro en una torre de Ciudad Ribera, el peritaje de Bomberos determinó que se trató de un hecho accidental. Ayer se conocieron los resultados del estudio, el cual informó que existió una acumulación de gas en los espacios libres (como tabiques, piso flotante, durlock) y que se produjo una combustión del fluido inflamable, lo que terminó con la deflagración y posterior incendio de un departamento del piso 9, el penúltimo del edificio Palco Paraná, ubicado en Luis Cándido Carballo 158. El peritaje no pudo determinar, sin embargo, el origen del foco de la combustión, por lo que el fiscal Carlos Covani solicitó la ampliación del análisis. Sin embargo, sí quitó sustento a la hipótesis de un caso de violencia de género –sospecha que había tenido repercusión mediática horas después del hecho– por lo que el caso fue derivado al Juzgado en lo Penal Correccional Nº2, y el juez Juan José Alarcón continuará con la investigación que inició la jueza Raquel Cosgaya.
La deflagración le provocó la muerte a Mariel Cataldo, de 21 años, a causa de las graves quemaduras que sufrió, y dejó herido a Walter Beltrami, de 35 años, quien estaba con ella al momento del hecho.
El accidente se produjo alrededor de las 0.30 del viernes 19 en el noveno piso del edificio donde se encontraba la pareja. La conclusión preliminar de Bomberos había sido que se trató de una “deflagración” y no de una explosión –en la primera la combustión es considerablemente más lenta– característica que hizo posible que el departamento siguiera en pie y que sus dos ocupantes permanecieran con vida, aunque la joven Mariel Cataldo fue internada en gravísimo estado.
Y, aunque no se tratara de una explosión, de igual modo la combustión del gas acumulado arrancó de cuajo la baranda del balcón del noveno piso y también las ventanas del lujoso departamento.
Lo que permanece en duda es qué provocó la pérdida de gas y qué su combustión. Independientemente del peritaje de Bomberos, el caso tuvo amplia repercusión en el Concejo Municipal, donde el jueves se trataron distintos pedidos de informe: uno, de la concejala del PRO Laura Weskamp, puso en foco las dificultades que tuvieron los Bomberos para ingresar en el predio, que está en obra. Según dijo, la autobomba que llegó al lugar no pudo desplegar la escalera y hasta sufrió roturas al no poder atravesar una pérgola instalada en el espacio de uso público.
Otro proyecto puso en foco la irregularidad en cuanto a la provisión de servicios de la torre Palco Paraná: los departamentos están ocupados pese a no contar con final de obra y a que no cuentan con gas natural de red sino con gas envasado –gas licuado de petróleo– provisto desde un “zeppelin” o “chancha” ubicado en la planta baja. Y la electricidad de obra es lo que abastece de fluido eléctrico, según fueron marcando a su turno los concejales Alberto Cortés, Jorge Boasso, Héctor Cavallero, María Fernanda Gigliani, Diego Giuliano y Manuel Sciutto.
Los ediles aprobaron por unanimidad el pedido de informes, ya que el predio donde ocurrió el siniestro forma parte de un convenio urbanístico cuyos detalles conforman la ordenanza 8.237, aprobada en 2008. Según algunos ediles, el incumplimiento en las obras comprometidas por el desarrollador privado pueden ser claves a la hora de explicar la “deflagración” que dejó una víctima fatal.
Pocas certezas y demasiadas dudas
Al lugar acudieron dos dotaciones de Bomberos Zapadores, que trabajaron por casi cinco horas para apagar el fuego. Según contaron testigos, los móviles encontraron serias dificultades para ingresar al predio, que estaba en obra. Además, los socorristas tuvieron que subir hasta el noveno piso por las escaleras de la torre.
Aún la lista de hipótesis sobre lo ocurrido sigue vigente, pero todo conlleva a la determinación de un accidente, por lo cual el fiscal Covani solicitó la remisión de la causa a la Justicia Correccional y la titular del Juzgado Instrucción Nº 6, Raquel Cosgaya admitió el pedido.
Las dudas que deberá dilucidar ahora el juez Juan José Alarcón es si la pérdida de gas se originó en un problema estructural de la construcción –que al no contar con final de obra no debía haber estado habitada– o en alguna obra doméstica realizada en el interior del departamento y sobre todo qué responsabilidades le competen a la empresa desarrolladora –Ingeconser SA– y al Ejecutivo municipal, que en la sesión del jueves del Concejo Municipal fueron apuntados con severidad.
En el complejo marco aparece como clave la instalación de gas, es decir si había red y se ajustaba a los requerimientos para toda instalación domiciliaria o los artefactos funcionaban a electricidad –como en otros proyectos de departamentos de “alta gama”–; y si los artefactos funcionaban a gas, si estaban preparados para gas natural o GLP y cómo, y qué artefactos había en funcionamiento al momento de la “deflagración”, entre otros detalles no menores.
